El Congreso de Perú presentó una moción de censura contra el recién asumido presidente José Jerí y la Mesa Directiva del Poder Legislativo peruano. Fue impulsada por el congresista Pasión Dávila, de la bancada socialista, quien acusó al mandatario y a los miembros de la junta por responsabilidad en la represión policial durante la Marcha Nacional del 15 de octubre, en la que asesinaron al joven manifestante Eduardo Ruiz Sanz.
La iniciativa reunió las 20 firmas necesarias y se espera que sea debatida en el pleno, con la posibilidad de que Jerí renuncie tanto a la presidencia del Congreso como a la jefatura del Estado. En caso de que prospere la moción, se deberá elegir una nueva Mesa Directiva y un nuevo presidente interino de la República.
Mientras tanto, organismos de derechos humanos y diversos sectores políticos exigieron una investigación independiente sobre el asesinato de Ruiz Sanz. El joven, de 32 años, pertenecía al movimiento del hip hop y participaba en la manifestación del 15 de octubre. Su muerte fue interpretada por la prensa internacional como un símbolo del deterioro democrático y de la represión estatal en Perú.
Quién fue Mauricio Ruiz Sanz y por qué su muerte generó indignación
Ruiz Sanz fue baleado durante la marcha nacional que reunió a miles de jóvenes en Lima y otras ciudades del país. Testigos afirmaron que efectivos de la Policía Nacional del Perú dispararon perdigones directamente al cuerpo de los manifestantes, pese a que estos portaban carteles y banderas sin armas ni elementos peligrosos. El abogado de la familia aseguró que hubo intentos de alterar el informe forense y denunció presiones para modificar los resultados de la necropsia, lo que podría constituir un delito de encubrimiento.
La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra los policías involucrados, mientras que el Ministerio del Interior quedó en el centro de las críticas. Su titular, Vicente Tiburcio, minimizó el hecho al afirmar que para él "no hay costo político", declaración que encendió el malestar social. Organizaciones civiles y colectivos juveniles anunciaron nuevas movilizaciones en los próximos días bajo el lema "Mauricio no murió, lo mataron".
El gobierno de Jerí pende sobre un hilo
El primer ministro Ernesto Álvarez tensó aún más el escenario al criminalizar la protesta, calificándola de "intento subversivo" en redes sociales antes de asumir el cargo. Estas declaraciones fueron interpretadas como un intento de justificación de la violencia policial.
Analistas advierten que el gobierno de Jerí pierde legitimidad aceleradamente y que la crisis podría derivar en una renuncia forzada o en una sucesión congresal, en medio de la presión popular.
Cerrar sesión