La Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo el viernes el bloqueo a las deportaciones de migrantes venezolanos por parte del presidente Donald Trump bajo una ley de 1798 para tiempos de guerra, después de que abogados sostuvieron que el Gobierno estaba listo para expulsar a los hombres sin revisión judicial en violación de una orden previa de los jueces.
Los jueces, tras ordenar el 19 de abril la suspensión temporal de las expulsiones de decenas de inmigrantes retenidos en un centro de detención de Texas, accedieron a la petición de los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles que representan a los inmigrantes de mantener por ahora la suspensión de las expulsiones.
La Corte Suprema también aclaró que la administración era libre de continuar con las deportaciones en virtud de otras disposiciones de la ley de inmigración de Estados Unidos.
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Las deportaciones de Trump han formado parte de la ofensiva migratoria del presidente republicano desde que volvió al poder en enero.
Los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas disintieron públicamente de la decisión del viernes.
Es la segunda vez que las medidas de Trump relacionadas con los migrantes venezolanos llegan a la Corte Suprema, en una disputa legal que ha planteado dudas sobre la voluntad del Gobierno de cumplir con los límites establecidos por el máximo órgano judicial del país.
Los abogados de la ACLU habían pedido a la Corte Suprema que interviniera tras denunciar que los inmigrantes retenidos en el centro de detención de Bluebonnet corrían un riesgo inminente de expulsión.
Los abogados afirmaron que los funcionarios de la administración no habían proporcionado a los inmigrantes la notificación requerida ni la oportunidad de impugnar los traslados a una prisión de El Salvador antes de que muchos de ellos fueran embarcados en autobuses con destino al aeropuerto.
El 7 de abril, el Corte Suprema puso límites a las expulsiones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, aun cuando se cuestiona la legalidad de su aplicación con este fin.
Los jueces exigieron que los detenidos reciban una notificación "dentro de un plazo razonable y de tal manera" para impugnar la legalidad de su expulsión.
El Gobierno acusa a los migrantes de ser miembros del Tren de Aragua, una banda criminal originaria de cárceles venezolanas que el Departamento de Estado ha designado como organización terrorista extranjera. Trump ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 en un intento de deportarlos rápidamente.
Los familiares de muchos de los cientos de venezolanos deportados y sus abogados han negado que sean miembros del Tren de Aragua y han dicho que nunca se les dio la oportunidad de impugnar las acusaciones de la administración sobre su afiliación a la banda.
Con información de Reuters
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