El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el lunes a la Corte Suprema que detenga temporalmente la orden de una juez que exige a su administración que devuelva antes del final del día a un salvadoreño que el gobierno ha reconocido que fue deportado erróneamente al país centroamericano.
La jueza de distrito Paula Xinis ordenó el viernes a la administración de Trump que devuelva a Kilmar Ábrego García antes del final del lunes, en respuesta a una demanda presentada por el hombre y su familia. El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos, con sede en Richmond (Virginia) se negó el lunes a paralizar la orden de Xinis.
La magistrada considera que el gobierno estadounidense no tenía autoridad legal para detener y deportar a Ábrego, un inmigrante salvadoreño que vivía legalmente en Maryland con un permiso de trabajo, y ordenó su devolución antes de la medianoche del lunes.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El Departamento de Justicia (DOJ, por su sigla en inglés) afirmó en una presentación ante la Corte Suprema que la orden de la jueza equivalía a una extralimitación judicial.
"Estados Unidos no puede garantizar de antemano el éxito en negociaciones internacionales delicadas, y menos cuando un tribunal impone un plazo obligatorio absurdamente comprimido que complica enormemente el tira y afloja de las negociaciones de relaciones exteriores", escribieron los abogados del DOJ.
Los letrados agregaron que el país norteamericano "no controla la nación soberana de El Salvador, ni puede obligar a El Salvador a seguir las órdenes de una jueza federal".
Xinis dijo en su decisión escrita, emitida el domingo, que "no hay fundamento legal alguno para su arresto, detención o expulsión", calificando la expulsión de Ábrego García como "totalmente ilegal".
La administración Trump ha enfrentado críticas en los tribunales estadounidenses y en otros lugares por su intensificación de la aplicación de la ley de inmigración. Un juez de Washington D.C. está sopesando si el gobierno violó una orden judicial de no deportar a presuntos miembros de pandillas venezolanas.
Estados Unidos ha admitido que la deportación de Ábrego García se hizo por error, pero dijo que no puede obligar a El Salvador a devolverlo.
El gobierno dijo al tribunal de apelaciones que Ábrego García "no tiene ningún derecho o base legal para estar en Estados Unidos" y que "el interés público obviamente desfavorece su regreso, y mucho menos uno chapucero llevado a cabo como resultado de un decreto judicial".
La Casa Blanca y funcionarios de la administración acusan a Ábrego García de ser miembro de una banda criminal, pero no hay cargos pendientes. Sus abogados rechazan la acusación.
Con información de Reuters
Cerrar sesión