Para saber qué proyecto de Nación tiene un Gobierno hay que poner el foco en cómo asigna los recursos el Estado. La administración de Javier Milei no escatima en gastos en insumos militares y privilegios para las fuerzas de seguridad. Mientras, el desfinanciamiento de la estructura universitaria y de los sueldos corre de las aulas a alumnos, profesores e investigadores.
Hay ciertos sectores del estado a los que se los ajusta y achica en forma permanente. Y otros que, por el contrario, crecen en presupuesto. Se trata de las fuerzas armadas y de seguridad y los servicios de inteligencia.
La impunidad para que Gendarmes, Prefectos y Policía Federal haga lo que quiera en la calle, sobre todo cuando hay movilizaciones populares. La ocupación de casas del Procrear por uniformados a pesar de que estaban sorteadas entre trabajadores. La compra de aviones de combate en desuso que están más para el museo que para atender una hipótesis de conflicto.
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Todos estos son ejemplos de a quien privilegia el Gobierno de Javier Milei. La decisión no es casual. Los programas de ajuste no cierran sin represión. Las fuerzas de seguridad actúan como el primer cordón. Pero las de defensa están detrás, por las dudas.
Botas, sí.
En paralelo, el presupuesto universitario es el más bajo de las últimas dos décadas al punto que, de mantenerse el rumbo hasta fin de año, pasaría de representar el 0,72% del PBI (2023) a caer al 0,43%. La inversión por estudiante es la menor desde 2005 y los haberes docentes y nodocentes se encuentran por debajo del nivel de 2002 (-39 puntos del pico de 2011).
Es una situación insólita que nuestro país, que busca crecer y desarrollarse, baje la inversión en educación superior. La historia marca que la Argentina fue uno de los países latinoamericanos que más invertía en educación en general y en superior en particular.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se llegó a destinar a este fin el 1% del Producto Bruto. En 2023 hubo un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Educación que lo llevaba de forma progresiva al 1,5%.
Si se hubiese puesto en práctica, Argentina tendría el presupuesto destinado a la educación superior más alto de toda Latinoamérica. Pero esto no ocurrió. Por el contrario. Se congeló y luego se redujo a valores históricos que son realmente muy preocupantes.
El correlato es que docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes universitarios pierden poder adquisitivo, condiciones laborales y posibilidad de acceso y permanencia. Esto trae aparejado el aumento de la deserción estudiantil y el deterioro de las condiciones de enseñanza, investigación y vida universitaria.
El escenario es gravísimo. Por eso tenemos que intensificar la lucha, dar la pelea en todos los frentes. Esto abarca tanto la información y difusión del conflicto, como las movilizaciones en la calle y la puja en el Congreso. Los diputados y senadores deberían votar a favor de la ley de financiamiento universitario. Esta sería la única posibilidad de salida a la encerrona que propone el Gobierno y que podría sintetizarse en:
Libros, no.
Esta política no busca solo el equilibrio fiscal y achicar los gastos del Estado. El control de déficit está relacionado con ingresos y egresos. Las entradas al Tesoro nacional se achican por el congelamiento de la economía. Eso provoca una merma en los recursos. Pero por otro lado esa baja se profundiza con la reducción de los impuestos que los sectores más poderosos deberían pagar y hoy no lo hacen.
Estamos entrando en un modelo de país en donde la educación superior no entra en las prioridades. Se está moldeando Argentina para pocos, en la que un puñado vive en la abundancia y la mayoría sobrevive en la miseria.
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