Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Una fecha que nos interpela, porque lejos de ser una problemática del pasado, sigue golpeando con crudeza a miles de personas en nuestro país.
Hoy, en medio de una crisis social y económica que empuja a miles a la vulnerabilidad extrema, el Estado nacional eligió retirarse de su rol más importante: proteger a las víctimas. Desde diciembre de 2023 se desarmaron los principales mecanismos institucionales para prevenir, perseguir y asistir. Se recortaron programas de asistencia, se redujo el funcionamiento del Comité Ejecutivo creado por ley, se vaciaron refugios y se suspendieron campañas de prevención. Incluso se eliminó el Fondo Fiduciario que destinaba bienes decomisados a la reparación. El resultado es grave: no hay plan nacional vigente, no hay coordinación federal, no hay un horizonte claro de acción.
La trata de personas es una forma moderna de esclavitud que adopta múltiples caras: explotación sexual, trabajo rural esclavo, talleres clandestinos, captación de adolescentes a través de redes sociales. Y en el campo argentino —ese que siempre resulta invisible pero es esencial— el problema se agrava. Mujeres, varones y familias enteras sometidas en condiciones infrahumanas, sin luz, sin agua, sin baños, trabajando jornadas interminables por migajas o directamente sin salario.
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Mientras las redes criminales se sofisticaron y ampliaron su alcance —articulando con el narcotráfico y multiplicando su presencia en el mundo digital—, el Estado retrocedió. Hoy hay miles de denuncias que no encuentran respuesta, y víctimas rescatadas que quedan abandonadas: sin un techo, sin un plato de comida, sin acceso a un empleo digno.
En el sector rural, la invisibilidad es aún más dura. El aislamiento, la falta de controles y la informalidad hacen más difícil detectar y denunciar. Por eso es urgente recomponer la articulación con los organismos territoriales, con las delegaciones laborales, con sindicatos y organizaciones sociales que están presentes en el territorio. Allí, en los campos del interior profundo, también se libra esta batalla.
Desde UATRE, bajo la conducción de José Voytenco, seguimos dando pelea. Con recorridas, fiscalizaciones y acompañamiento directo a cada trabajador, asumimos el compromiso de erradicar el trabajo informal, el trabajo esclavo y toda forma de explotación en el ámbito rural. Porque no hay derechos si no hay control, y no hay justicia sin organización.
La trata no se combate con motosierra. No se combate destruyendo al Estado. Se combate con políticas públicas, con presencia real, con decisión política. Se combate reconociendo que detrás de cada víctima hay una historia, una familia, una vida que merece dignidad y libertad.
Hoy, 23 de septiembre, más que nunca, necesitamos volver a poner en pie al Estado en su rol más noble: proteger a los más vulnerables. Eso incluye a cada trabajadora y trabajador del campo que, en silencio, sigue esperando justicia.
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