Los docentes públicos nucleados en la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) realizaron una movilización este miércoles en la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de rechazar a la reforma previsional que logró aprobar el gobernador Maximiliano Pullaro el año pasado y contra las modificaciones que plantean algunos frentes que integran la Convención Constituyente, en relación con el capítulo de Seguridad Social.
Como parte del plan de visibilización de la crítica situación económica que atraviesa el sector docente, los maestros se concentraron en la esquina de San Jerónimo y Primera Junta, donde está ubicada la Caja de Jubilaciones. Allí reafirmaron su postura: los regímenes jubilatorios deben ser "públicos, solidarios, estatales y de reparto". Además, deben mantenerse bajo la administración exclusiva de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, sin posibilidad de transferencia a otras jurisdicciones.
Representantes de uno de los sectores atacados por las políticas de Pullaro marcharon contra la reforma jubilatoria establecida por la Ley N.º 14.283, sancionada de manera polémica en septiembre de 2024, luego de una sesión que incluyó incidentes dentro y fuera del recinto. La reforma vulnera los derechos de los trabajadores y jubilados con la justificación del Ejecutivo provincial de sanear "el déficit" de la Caja. El gremio sostuvo que cualquier modificación que afecte a los trabajadores activos o jubilados "debe ser discutida en el ámbito paritario correspondiente"
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Asimismo exigieron que los haberes jubilatorios sean, como mínimo, el 82% móvil de los salarios de los trabajadores activos, ya que consideran que este porcentaje es necesario para "garantizar salarios dignos", luego del cierre de paritaria por decreto dispuesto por la administración de Pullaro. El recorte de haberes establecido por el mandatario radical desde que llegó al poder sólo marca la réplica del modelo económico del presidente Javier Milei. En esa línea, el mandatario radical estableció una suba del 7% para el segundo semestre del año, distribuido de la siguiente manera: 1,5% en julio, 1,5% en agosto y 1% desde septiembre hasta diciembre.
El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, explicó que la movilización fue votada por unanimidad por los afiliados. “Hoy concentramos frente a la Caja de Jubilaciones porque queremos reiterar y ratificar nuestro posicionamiento de que esta reforma previsional perjudica tanto a los jubilados como a los activos”, expresó en diálogo con la prensa.
A su vez, el dirigente gremial criticó los principales puntos de la reforma: los aumentos salariales que se pagan con retraso, la modificación de la edad jubilatoria y la obligatoriedad de un aporte “que no es solidario”. A su vez, hizo hincapié en que los docentes activos y las jubiladas sufrieron un deterioro significativo en su poder adquisitivo, estimando que entre diciembre de 2023 y julio de 2025 se perdió más del 30% del salario.
La reforma constitucional y el debate por la Caja de Jubilaciones: "Políticas de ajuste"
El órgano de la Convención del 25 que preside Germana Figueroa Casas, la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, no incluyó la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones a otras jurisdicciones, nacionales o privadas. En cambio, el dictamen de mayoría que será sometido a votación dice que la Provincia "organiza un sistema de seguridad social con carácter integral e irrenunciable, basado en los principios de solidaridad, equidad distributiva, accesibilidad, sostenibilidad y transparencia", conceptos que Amsafé valoró en su comunicado, pero que consideró insuficiente y que "habilita la posibilidad de avanzar en políticas de ajuste".
Según Amsafé, las modificaciones propuestas representan una amenaza para el sistema previsional público y solidario de la provincia. Alonso reclamó que la nueva Constitución provincial consagre que la Caja de Jubilaciones permanezca en Santa Fe y no pueda ser transferida. “La nueva Constitución tiene que garantizar que la Caja sea intransferible”, sostuvo.
Al iniciarse la Convención que reformará la Carta Magna provincial luego de 62 años, las diferencias internas quedaron nuevamente expuestas. En la propuesta del socialismo, se planteaba que el sistema previsional debe ser “estatal” financiado mediante “un mecanismo de reparto asistido y solidario a cargo de un organismo estatal intransferible”.
En cambio, la iniciativa de la UCR sugería una redacción más laxa: “La provincia realizará todas las acciones tendientes a la preservación de la institución pública de administración del sistema de Jubilaciones y pensiones”, señalaron. La propuesta del PRO, más cercana a la del radicalismo, directamente no mencionaba el carácter estatal de la Caja: “La provincia garantizará un sistema que procure prestaciones adecuadas y proporcionadas a los aportes realizado”.
Después de tres cuartos intermedios y un día entero de tironeos, el oficialismo de Unidos llegó a un consenso interno: "El sistema previsional de los agentes públicos del Estado provincial se financia con un mecanismo de reparto solidario, de carácter público e indelegable. La administración está a cargo de un órgano específico. Se tenderá a la sustentabilidad del sistema a través de acciones progresivas, equitativas y razonables. Los recursos que integran el patrimonio de las cajas previsionales son intangibles y no pueden destinarse a otros fines”, quedó referido en el texto. De esta manera, en el dictamen de Unidos quedó afuera la palabra “estatal” de la propuesta del socialismo, pero se estableció que la Caja de Jubilaciones tendrá un esquema de “reparto solidario, de carácter público e indelegable”.
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