La presunta red de coimas que salpica al Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo allanamiento. Fuentes judiciales informaron a El Destape que este miércoles efectivos de seguridad están llevando adelante un operativo en el barrio en el que vive en el que vive Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina.
El martes se había allanado también la Isla de Nordelta para incorporar al expediente registros fílmicos de las entradas y salidas e investigar la posible colaboración del jefe de Seguridad del barrio, Ariel De Vicentis, quien le habría avisado a Kovalivker sobre el operativo que se hizo días atrás: la advertencia lo dejó maniobrar e irse del lugar antes de que pudieran dar con él.
El escenario de las diligencias encomendadas por el juez Sebastián Casanello, a cargo del proceso junto al fiscal federal Franco Picardi, se llevó adelante en el barrio La Isla y en el Golf del barrio cerrado. Se trata de la pesquisa que intenta recabar información respecto a un presunto esquema de coimas a prestadores de discapacidad que salpica a altas esferas del Gobierno nacional. El escándalo salió a la luz luego de unos audios filtrados del reciente ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, donde denunciaba supuestas maniobras irregulares y una recaudación ilegal en la compra y venta de insumos.
Tras la publicación en los medios de las grabaciones, el fiscal ordenó una batería de allanamientos en organismos públicos, domicilios particulares y oficinas privadas con el objetivo de recabar más información. En esos procedimientos se incautaron computadoras, documentación y los mencionados dispositivos electrónicos sometidos a estudio.
Mientras nuevos audios siguen apareciendo, los peritos judiciales lograron acceder al teléfono celular de Spagnuolo y la causa avanza. En este marco, ya realizaron una copia forense del contenido y la información será entregada al fiscal Picardi. Los investigadores consideran que ese dispositivo constituye una pieza central para el expediente. En una primera revisión se detectaron mensajes eliminados, aunque por el momento no se determinó si la supresión estuvo vinculada a un intento de ocultar posibles pruebas.
A pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y a dos meses de las comicios legislativos nacionales, la Casa Rosada salió a intentar instalar la versión de una "operación política" . En una caravana por Lomas de Zamora, el presidente Milei declaró que "todo lo que dice" Spagnuolo "es mentira". "Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió", dijo a C5N. Al lado suyo, estaban la secretaria General de la Presidencia, su hermana Karina Milei, apuntada como parte de la presunta red de pedidos de coimas, y el presidente de La Libertad Avanza bonaerense y candidato a diputado, Sebastián Pareja. El jefe de Estado debió ser evacuado de urgencia del acto después de que le lanzaran piedras.
En tanto, durante la presentación de un nuevo informe de gestión, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este miércoles que "se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad". En esa línea, Francos agregó: "Que quede claro: tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar".
En medio del escándalo de las coimas, el Gobierno confesó que dio de baja más de 100 mil pensiones
En julio del año pasado, la gestión libertaria dejó en claro que avanzaría por las pensiones por discapacidad. El plan de ajuste contra uno de los sectores más vulnerables desembocó en el dato que confirmó hoy Guillermo Francos: se dieron de baja 111.463 pensiones por invalidez. "Es un número que de lo único que habla es de la intención pura y dura de recortar, un indicador de que sólo interesan las cifras y no las personas y el ejercicio de sus derechos", advirtió en diálogo con El Destape Varina Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de las personas por la Discapacidad.
La ANDIS admitió que en estos 13 meses las auditorías que impusieron tuvieron resultados concretos que impidieron el acceso a derechos básicos, mediante el desfinanciamiento, la suspensión de apoyos o limitación de la cobertura a través de criterios restrictivos, al calor de la estigmatización que promovieron sobre este grupo y del bloqueo oficialista a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El jefe de Ministros eligió responsabilizar por las suspensiones a las personas con discapacidad, al alegar que fueron suspendidas "por no asistencia al turno" o porque no pudieron ser notificados "por razones imputables al beneficiario". Para las organizaciones que acompañan a los pacientes con discapacidad las pensiones podían ser perfectibles, pero "representan un pilar fundamental para la inclusión", por eso habían alertado sobre la estrategia burocrática que estaban implementando desde el Gobierno para perpetrar los recortes.
Más de 100 mil personas quedaron fuera del sistema. Está en marcha el análisis de otras 418.374 pensiones, según se indica en el informe de Francos. "Se mandaron cartas documentos a todos los discapacitados para que acrediten su condición y muchos de ellos no contestaron", se limitó a responder el jefe de Gabinete ante la consulta de los diputados.
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