El juez Sebastián Casanello denunció penalmente este viernes al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina, Daniel Díaz, por obstruir un operativo judicial realizado el 29 de agosto pasado en el marco del caso “audios de las coimas”. Según pudo reconstruir El Destape, la presentación, que recayó en el juzgado federal N° 10, fue por “resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio”. Se trata de un nuevo acto de entorpecimiento de la labor de la Justicia por parte del entorno de la familia Kovalivker. La denuncia de Casanello ocurrió a la par que se realizan nuevos procedimientos en el marco del proceso que preocupa, y mucho, al presidente Javier Milei.
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El juez Casanello y el fiscal Franco Picardi están a cargo de la causa que investiga un esquema de cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que se inició tras la difusión de audios del exdirector de la agencia, Diego Spagnuolo. En una secuencia de audios filtrados en los últimos días por Carnaval Stream y Data Clave se escucha a Spagnuolo describir el funcionamiento de un sistema de corrupción que terminaba en la hermana del Presidente, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem. El vehículo para la operatoria, según Spagnuolo, era la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker.
En el marco de la pesquisa están siendo investigados Spagnuolo, el exdirector de la dirección “Incluir Salud” de la ANDIS, Daniel Garbellin, y los tres dueños Suizo Argentina: Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel. Desde que se inició la causa, la Justicia realizó allanamientos en los domicilios de los acusados, en las tres sedes que tiene la ANDIS y en la firma Suizo Argentina. Uno de los operativos en la empresa propiedad de los Kovalivker se realizó el 29 de agosto. Entonces, Díaz obstruyó la labor judicial. ¿De qué forma? Se negó a habilitar el acceso a los correos corporativos. Díaz estaba obligado a facilitar ese acceso ya que él no está imputado en el expediente. No tenía potestad para bloquear la medida ordenada por la Justicia, explicaron fuentes del caso. De acuerdo a los investigadores, “se negó por presión de la empresa y sus abogados”. Esto implica que podría ampliarse la investigación a los presuntos instigadores. La negativa de Díaz llevó a que la Justicia no pudiera acceder aquel día a los correos electrónicos corporativos. Por eso Casanello realizó la denuncia por encubrimiento. Sostiene que Díaz ayudó a ocultar prueba.
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Casanello ya dictó el procesamiento del jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, por obstruir el accionar de la Justicia el 22 de agosto pasado cuando se realizó un procedimiento en el barrio privado “La Isla”, donde viven los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker. Por la actitud que tuvo De Vincentis, la Justicia no logró interceptar a Jonathan Kovalivker, quien logró irse del barrio cerrado antes de que los agentes de la policía de la Ciudad llegaran a su domicilio. Allí, los uniformados se encontraron con que se habían llevado dólares de una caja fuerte a las apuradas, dejando hasta banditas elásticas tiradas. A quien sí se pudo ubicar en ese operativo fue a Emmanuel Kovalivker, quien no logró partir a tiempo. Tenía en su poder 266 mil dólares distribuidos en distintos sobres.
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Según la Justicia, el jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, colaboró en el accionar evasivo de Jonathan Kovalivker. Por eso De Vincentis fue indagado y luego procesado por Casanello por desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento. El juez consideró que dio instrucciones a los guardias del complejo de que no colaborasen con la policía. Todo indica que De Vincentis le avisó a Kovalivker, que no solo dejó su caja de seguridad revuelta sino que salió justo en ese momento con su auto.
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“La celeridad y el factor sorpresa eran claves para la efectividad de las medidas de coerción procesal de naturaleza probatoria ordenadas por el tribunal. Esas condiciones fueron alteradas como resultado de la conducta del imputado, contraria a su obligación de acatar la orden judicial ejecutada por las fuerzas de seguridad estatales. En este punto, resultan esclarecedoras las imágenes captadas al momento de efectuar el allanamiento del domicilio de J. Kovalivker, oportunidad en que se encontró una de las cajas de seguridad con dinero revuelto y muchas bandas elásticas sueltas”, detalló Casanello en el procesamiento, que fue apelado por De Vincentis. Como el magistrado se declaró incompetente tras el procesamiento, la causa pasó a los tribunales federales de San Isidro donde se espera que la Cámara Federal de San Martín revise la apelación.
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Tuvieron que pasar tres días para que Jonathan Kovalivker se presentara en tribunales y aportara su celular tras evadir el operativo judicial. Según pudo reconstruir El Destape, Jonathan entregó el aparato telefónico apagado y sin su clave de acceso. Página12 publicó este viernes que el celular incluso fue reseteado a su modo de fábrica. ¿Por qué? ¿Tenía algo que ocultar? El de De Vincentis adquiere otro valor con ese cuadro de situación.
A juzgar por la denuncia de Casanello, el accionar de Díaz se orientó en un sentido similar: dificultar todo lo posible la investigación en torno a los Kovalivker y su droguería.