La Justicia avanza con la causa judicial que más preocupa al presidente Javier Milei. Este lunes, el juez federal Sebastián Casanello ordenó bloquear las cajas de seguridad de los exfuncionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, y de los tres empresarios de la droguería Suizo Argentina S.A, Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivke. Se trata de los cinco involucrados en el caso en que se investiga un esquema de cobro de coimas relacionadas con la compra de medicamentos cuya destinataria sería Karina Milei, la hermana de jefe de Estado y secretaria general de la Presidencia. Casanello determinó el bloqueo a instancias del fiscal Franco Picardi para procurar que ninguno de los involucrados se lleve elementos que puedan ser evidencias en el proceso. Es una medida más en pos de preservar la prueba que nutre el expediente como fue el secuestro de los celulares de los investigados, documentación relevante y miles de dólares. En ese sentido, este lunes, a la par de que se filtraran nuevos audios de Spagnuolo, aportó su aparato telefónico en sede judicial Jonathan Kovalivke, quien había logrado esquivar un allanamiento en su domicilio el viernes pasado.
La causa que incomoda –y mucho- a la Casa Rosada se inició el miércoles pasado tras una presentación del abogado Gregorio Dalbón quien basó su escrito en una filtración de audios que involucra a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, a quien se lo escucha describir cómo funciona un supuesto sistema de recaudación ilegal que llega hasta Eduardo “Lule” Menem y la secretaria General de la Presidencia Karina Milei. De acuerdo a la denuncia que abrió esta pesquisa –y que difundió Data Clave-, la droguería Suizo Argentina, a la que se vincula con la familia Menem, es la “que articulaba los cobros indebidos y garantizaba el flujo de dinero hacia la Secretaría General y sus operadores políticos”.
En ese marco, Casanello –quien delegó la investigación en la fiscalía- ordenó una serie de allanamientos que se llevaron adelante el viernes en la sede de la ANDIS, en la de la droguería Suizo Argentina y en domicilios de algunos de los denunciados, entre ellos, los de la familia Kovalivker. Uno de los procedimientos ocurrió en un barrio privado de Nordelta donde viven Emmanuel y Jonathan Kovalivker, directivos de Suizo Argentina S.A. Los agentes lograron ubicar a Emmanuel, a quien le secuestraron 266 mil dólares distribuidos en diferentes sobres. Jonathan logró evadir el operativo, que estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad. Según la Justicia, el jefe de seguridad del barrio cerrado, Ariel De Vincentis, colaboró en el accionar evasivo de Jonathan. Por eso este lunes De Vincentis fue indagado por el juez Casanello, quien abrió una causa paralela para investigarlo por “obstrucción de Justicia”. El magistrado considera que el jefe de seguridad del barrio entorpeció la labor policial y que colaboró para que el empresario escapara en pleno procedimiento. El acusado negó los hechos que se le achacan.
¿En qué se basa la Justicia para sostener que hubo un aviso a Jonathan Kovalivker de lo que estaba por suceder? En que el empresario abandonó el barrio cerrado con su auto cuando los agentes estaban por ingresar. La hipótesis es que alguien lo advirtió. En el domicilio del directivo de Suizo Argentina S.A había rastros de que había abandonado la vivienda a las apuradas. Si bien la caja de seguridad que había en su casa no estaba abierta sí estaba toda revuelta en su interior. Y había banditas elásticas de las que usan para atar fajos de dinero tiradas en el piso. Desde el entorno de la familia Kovalivker niegan que Jonathan se haya escapado. “Se había ido antes de que llegara la policía”, afirman. Aseguran que “nadie le dio aviso de nada” y que estaba con un estudio médico. La Justicia no compartió su criterio.
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Tuvieron que pasar tres días para que Jonathan Kovalivker se presentara en tribunales y aportara su celular. Lo hizo este lunes acompañado por el abogado Martín Magram, quien representará jurídicamente a toda la familia. Según pudo reconstruir El Destape, Jonathan entregó el celular apagado y sin su clave de acceso, lo que dificultará el acceso a quienes tendrán a su cargo la tarea de analizar su aparato. Desde el entorno de la familia empresaria afirman que el hecho de no aportar la clave no debiera traerle problemas en el expediente “porque nadie está obligado a autoincriminarse”. Sostienen que nadie está obligado a entregar la clave de acceso. Por eso casi todos los investigados en este caso no la aportaron. El interrogante ineludibles es qué hizo el directivo de Suizo Argentina S.A con su aparato entre los operativos del viernes y su presentación espontánea en sede judicial y por qué no allana el trabajo judicial con el fácil acceso a su teléfono. ¿Tiene algo que ocultar? Su celular junto al de los otros involucrados será analizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), del Ministerio Público Fiscal.
En la investigación ya se ordenó el análisis de los aparatos telefónicos de Emmanuel y Jonathan Kovalivker y los de los exfuncionarios de la ANDIS, Spagnuolo y Garbellini –este últimos es señalado en los audios filtrados como “el recaudador”-. A estos dos exfuncionarios, que fueron removidos por el gobierno a partir de este escándalo, la Justicia los logró interceptar el viernes para secuestrarles sus celulares y así evitar que destruyan prueba (a Spagnuolo también se le secuestró, entre otras cosas, una máquina de contar billetes).
El contenido de los celulares será determinante para el devenir del proceso. En lo que hace a Eduardo Kovalivker –padre de Emanuel y de Jonathan- también pesa una orden para que entregue su celular. Desde su entorno aseguran que en los próximos días se presentará en la Justicia y entregará su aparto. Aducen que tiene 80 años, presión alta y que está alejado del día a día de la droguería que quedó envuelta en esta trama de presunta corrupción.
Si bien la Justicia no pidió la detención de ninguno de los cinco investigados sobre todos ellos pesa una prohibición de salida del país. Desde el inicio del proceso, la estrategia de los investigadores fue preservar las pruebas del caso. Por eso priorizaron los secuestros de los aparatos telefónicos y de la documentación que consideran clave.
En pos de intentar hacer caer esta causa que tanto preocupa a la Casa Rosada, la mano derecha de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, intentó esbozar una posible estrategia para favorecer al Presidente y su hermana. Este lunes sostuvo en la red social X que “el audio atribuido a Diego Spagnuolo está claramente armado y compaginado y -de ser real- ha sido obtenido ilícitamente. Por lo tanto, es una prueba inválida. Toda actuación judicial construida sobre una prueba inválida es, insalvablemente, nula”. Pero Soto parte de la premisa falsa de que la prueba con que se sostiene la investigación judicial son los audios filtrados. Y eso es falso. La prueba, lamentablemente para el gobierno, es la documentación secuestrada y lo que pueda surgir de los celulares.
La denuncia contra los Milei y los Menem
La investigación que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi se abrió por una denuncia penal realizada por el abogado Gregorio Dalbón, quien apuntó contra el presidente Milei, su hermana Karina, Eduardo “Lule” Menem, Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina. Sostuvo que todos “habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública”.
El disparador de la denuncia son los audios filtrados por Data Clave y el programa Argenzuela que involucran a Spagnuolo, director la ANDIS, quien fuera removido del cargo su cargo oficialmente el jueves pasado. De acuerdo al denunciante, esos audios revelan “la existencia de un mecanismo de corrupción institucionalizado en la compra de medicamentos”. Este lunes se conocieron más audios sobre Karina Milei, Lule Menem y los ministros Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello, entre otros funcionarios.
En esos audios se lo escucha decir a Spagnuolo:
- “La gente de la Suizo llama a los demás proveedores les dicen que no es más el 5 ahora tienes que poner el 8”.
- “A Karina le llega el 3 % y el 1 % se va en la operatoria”.
- “Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los whatsapp de Karina... Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores”.
- “Esta gente está chorando de una manera... A mi me están desfalcando la agencia”.
- “Se llevan medio palo para arriba de medicamentos, por lo menos”.
- “Javier me dice yo voy a hablar con Lule pero no habló un carajo. No solamente no hablaste con lule sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando”.
- “Lule me quiso meter una mina en una direcciona nacional, lo freezé; me quiso meter el de Recursos Humanos, lo freezé; acá solamente me metió al más importante de todos por Karina, para chorear”.
- “Yo hablé con el Presidente, está pasando esto. Javier sabés que están choreando, no te podés hacer el boludo conmigo, no me tiren a mi este fardo, llega a haber algún quilombo y no me cuidan, yo esto se lo dije al presidente, tengo todos los Whatsapp de Karina, olvídate”.
Según precisó Dalbón en su presentación, “la investigación periodística da cuenta de los vínculos de Suizo Argentina con Eduardo ‘Lule’ Menem, quien aparece mencionado como beneficiario y protector del entramado, utilizando su peso político para blindar las maniobras ilícitas”.
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¿Cómo sería el esquema que investiga la Justicia? “Javier y Karina Milei aparecen señalados como beneficiarios directos del retorno de fondos desviados, Eduardo ‘Lule’ Menem y Diego Spagnuolo como intermediarios del esquema corrupto y la droguería Suizo Argentina -perteneciente a Eduardo Kovalivker- funciona como canal indispensable para cobrar y distribuir las coimas, consolidando así un triángulo de poder entre el Ejecutivo, la Secretaría General y el sector privado”, se señaló en la denuncia que provocó el devenir de esta investigación.
En los allanamientos, a uno de los directivos de la droguería le encontraron los miles dólares que ahora están en poder de la Justicia. Otro no entregó su celular a la fiscalía hasta 3 días después de los procedimientos y cuando lo hizo no aportó su clave de acceso. A Spagnuolo le secuestraron una máquina de contar billetes. Ahora resta que la justicia analice la documentación secuestrada y el contenido de los celulares.
El gran interrogante que se abre es: ¿La causa judicial alcanzará a la familia Menem y a los hermanos Milei?
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