Coimagate: se cayó la censura previa y se pueden difundir los audios del escándalo

El juez en lo civil y comercial federal Patricio Maraniello levantó la medida cautelar que había dispuesto sobre la difusión de audios de Karina Milei, en lo que fue una clara acción de censura previa en pos de contener el “Coimagate”. Maraniello tomó la decisión luego de que la hermana del Presidente desistiera de su acción en el marco de un pleito con Jorge Fontevecchia en el que tenía que responder un planteo sobre la revocatoria de la cautelar. La marcha atrás de la secretaria general de la Presidencia se dio a pocas horas de que venciera el plazo para que presentara la demanda de fondo, que nunca presentó. Su escrito hizo hincapié en que el Estado nacional promovió por los mismos hechos una denuncia penal. La resolución firmada por Maraniello este martes allana el camino para la difusión de los audios del escándalo y tiene consecuencias hasta en el Consejo de la Magistratura donde se realizaron diversas denuncias contra el juez que había cercenado la libertad de expresión.

“Se cayó la cautelar y quien tenga los audios puede difundirlos sin problema”, explicó a El Destape el abogado Ricardo Gil Lavedra, quien representa a Jorge Fontevecchia, que se presentó en el caso como presidente del Directorio de NetTV S.A. “En la práctica evitaron que se pronunciara la Cámara. Han calibrado la reacción. Vieron que el tema no iba a ser sostenible. Es un triunfo de la libertad de expresión, que es una garantía fundante de la democracia”, aseguró.

En diálogo con este medio, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que también promovió una acción contra la escandalosa cautelar, se manifestó en un sentido similar: “Ahora no existe ningún impedimento para que cualquier persona que tenga los audios los pueda difundir”. “Quien pretendía que esto no se difundiese desistió de su pretensión de censura previa, que está prohibida por la Constitución Nacional y por tratados de Derechos Humanos. Quien tenga los audios los puede difundir sin ningún tipo de obstáculos ni inconvenientes”, agregó Gil Domínguez que accionó junto al abogado Damián Loreti.

El argumento central del escrito de Karina Milei para desistir de la acción civil fue que “tomó conocimiento que, con posterioridad a la cautelar solicitada y debidamente dictada por V.S., el Estado Nacional ha presentado una denuncia penal con fuertes argumentos a fin de que se investiguen posibles delitos que podrían haber sido la fuente de los audios mencionados en la presentación. Al respecto, esta parte entiende que la continuidad de la tramitación de la presente podría afectar, de alguna manera, la investigación antes mencionada por lo que entendemos que la medida debe ser desistida”. La referencia es a la insólita denuncia por espionaje ilegal que hizo el gobierno de Javier Milei a través del ministerio de Seguridad de la Nación.

Gil Domínguez indicó que “lo de la denuncia penal es un argumento falaz” para explicar el desistimiento. “En la causa penal se investiga si los audios se obtuvieron de forma ilegal. Ahí no se pone en juego que no se puedan difundir. Es un argumento inconducente”, indicó a El Destape.

Un dato que no debe pasarse por alto es que Karina Milei nunca presentó la demanda de fondo, cuyo plazo vencía hoy. La cautelar sobre audios de Karina presuntamente tomados en Casa de Gobierno estaba vigente hasta que se abordase la cuestión de fondo. Por eso este martes, Gil Domínguez y Loreti presentaron una solicitud de caducidad de la medida cautelar entendiendo que se había vencido el plazo estipulado por la ley. En la demanda de fondo el demandante, es decir, Karina, debía explicar a quién demandó, qué derechos se violaron con la difusión de los audios, por qué su pedido no era un acto de censura previa, etc. Horas después de esa presentación se conoció el fallo de Maraniello.

La forma en que actuó la hermana del Presidente y su abogado Santiago Viola –quien estuvo involucrado en una operación contra el juez Sebastián Casanello en el marco del caso Ruta del Dinero durante el macrismo- invita a pensar que no tenían un argumento sólido para mantener la demanda que derivó en una censura previa.

En el primer traslado que le corrieron a la secretaria general de la Presidencia en el marco de la causa civil –la revocatoria pedida por Fontevecchia-, Karina Milei se amparó en la causa penal y desistió de su acción. El escrito lo presentó este lunes, a las 8 de la mañana. Estaban pendientes otras acciones en el mismo juzgado impulsadas por Gil Domínguez y Loreti; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el sindicato de prensa Sipreba; el periodista de El Destape Fernando Alonso; y el periodista Mauro Federico, que fue quien difundió los audios.

El levantamiento de la cautelar y el fin de la censura

En su resolución judicial, el juez Marnaiello –quien fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por atentar contra la libertad de expresión- se hizo eco del desistimiento de la hermana del Presidente y ordenó “sin más trámite, el levantamiento de la medida cautelar dictada el 01/09/2025”. Acto seguido declaró “inoficioso el tratamiento de los recursos de revocatoria y apelación interpuesto por las partes”.

El magistrado esgrimió que “al haberse modificado las circunstancias que dieron lugar a la medida cautelar dictada, siendo la propia parte actora la que exhibe un desinterés de seguir con la acción, aduciendo que ‘…el Estado Nacional ha presentado una denuncia penal con fuertes argumentos a fin de que se investiguen posibles delitos…’, que ‘…la tramitación de la presente podría afectar, de alguna manera, la investigación antes mencionada...’, y que ‘…oportunamente fueron reproducidos audios atribuidos a quien suscribe en medios extranjeros…’, corresponde su levantamiento”.

El juez también dio la derecha a Gil Domínguez y Loreti respecto al vencimiento de los plazos para la presentación de la demanda de fondo: “Asistiéndole razón al Dr. Gil Domínguez en la presentación del día de fecha, cabe señalar, que no se ha iniciado acción principal alguna dentro de los términos dispuestos por el artículo 207 del CPCCN, hecho que llevaría a establecer también la caducidad de pleno derecho de la medida cautelar decretada en autos, si no se hubiera desistido con anterioridad –tal como aconteció en autos-”.

Por todo esto Maraniello sostuvo que “se ha tornado abstracto e inoficioso el tratamiento del recurso de reposición y las apelaciones interpuestas por las partes” y levantó la cautelar del escándalo.

Karina y su marcha atrás

La llave para que se cayera la cautelar fue la presentación que realizó Karina Milei este lunes, en el que desistió de la acción civil. En su respuesta al pedido de revocatoria de Fontevecchia –es decir, que el juez Maraniello revise la cautelar y la revoque-, la hermana del Presidente y su abogado Viola consideraron que la solicitud “debe ser declarado inadmisible”. También dedicaron un apartado a atacar al empresario y periodista: “Mediante su presentación el Sr. Fontevecchia menciona ser presidente de un supuesto ‘...medio de prensa...’, lo cierto es que tanto el nombrado como la sociedad NetTV S.A. resultan ser operadores de medios y no un medio de prensa o un periodista propiamente dicho. En este caso concreto, el nombrado intenta presentarse como un defensor del derecho de prensa y/o como una víctima de una supuesta censura (que no es tal) pero en realidad no explica que se ha dedicado únicamente a atacarme a mi y a mi familia través de noticias falsas (tanto personalmente como a través de sus medios), intentando torcer el rumbo elegido democráticamente por los argentinos”.

Tras cuestionar el planteo de Fontevecchia y también al propio empresario de medios, Karina y Viola señalaron que desisten de la acción civil y se centran en la denuncia penal que realizó el gobierno a través de Fernando Soto, mano derecha de Patricia Bullrich. “Vengo por medio del presente a hacer saber a V.S. que esta parte desiste de la acción planteada y de la cautelar oportunamente dictada, solicitando sea levantada y, oportunamente, se archiven las actuaciones”, explicaron. Respaldaron su decisión en que el Estado “ha presentado una denuncia penal con fuertes argumentos a fin de que se investiguen posibles delitos que podrían haber sido la fuente de los audios”.

Luego mencionaron que los audios se reprodujeron “en medios extranjeros y el contenido no afectaría mi seguridad, ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información con la (que se) cuenta actualmente. Considero que dicho derecho se encuentra debidamente resguardado en la investigación penal iniciada y que, en caso de ser necesario, es en el marco de dicha actuación judicial que se dictarán las medidas necesarias para la protección personal y nacional”.

La referencia es a la insólita denuncia por “espionaje ilegal” que creó el gobierno para embarrar el caso “audios de las coimas”. La causa es investigada por el fiscal Carlos Stornelli y tramita ante el juzgado a cargo del juez Julián Ercolini.

En pos de contrarrestar el escándalo “audios de las coimas” que se investiga en los tribunales de Comodoro Py e involucra a Karina Milei y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, el gobierno denunció un “ataque de grupos paraestatales que buscan generar caos”. A través de una presentación que realizó el abogado Fernando Soto se consideró que la difusión de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y de Karina Milei, fue “producto de una operación de inteligencia no institucional ilegal, cuidadosamente planificada para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”. Es decir, que el origen del caso que impactó de lleno en Casa Rosada son tareas de espionaje ilegal.

Soto señaló que los involucrados en la presunta maniobra en contra del Ejecutivo fueron: los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial –pidió se allane sus domicilios-, por haber difundido los audios del escándalo; Pablo Toviggino, el dueño de Carnaval Stream, el medio en que se comunicaron los audios, quien es tesorero de AFA; Pablo Jiménez, empresario de medios y responsable del portal Data Clave, donde también se informó sobre “los audios de las coimas”. Para el gobierno “otro engranaje de esta maniobra golpista sería Franco Bindi, abogado ligado a agentes inorgánicos de inteligencia y pareja de la Diputada Nacional Marcela Pagano, quien desde hace meses conspira para debilitar y boicotear sistemáticamente el espacio político que le permitió acceder a su banca”.

El fiscal Stornelli hasta el momento avanza con esa denuncia. Lo hace a su manera. Por un lado, citó a Rial y Federico pero como testigos. Por otro, sugirió "diligencias” que apuntan a los medios de comunicación que difundieron los audios de las coimas: Carnaval Stream y Data Clave; y no acepta abogados en el caso porque sostiene que aún no hay imputados.

El impacto en el Consejo de la Magistratura

Por su decisión del pasado 1 de septiembre de prohibir los audios de Karina Milei, Maraniello recibió al menos cinco denuncias en el Consejo de la Magistratura. Entre los denunciantes se destacan la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió, el dirigente de Unidad Popular Claudio Lozano, la abogada y exdiputada Victoria Donda y el diputado nacional Esteban Paulón. En ellas se lo acusa de mal desempeño y se pide su remoción del cargo. Se suman a 8 denuncias previas que ya tenía por distintas razones (por acoso sexual y cuestiones administrativas).

La decisión de este martes del juez, que llevó al caso del escándalo a quedar abstracto, puede influir en qué comisión terminen las denuncias en su contra. No es lo mismo la comisión de Disciplina –donde tramitan casos para sanciones menores- que Acusación –donde se abordan casos que pueden terminar en un jury-.

Por el momento, las denuncias se encuentran en el comité de asignación del Consejo, donde los consejeros Luis Juez y Cesar Grau deben resolver a qué comisión las giran. Este miércoles podría haber una resolución al respecto. De recaer en Acusación seguirá en pie la solicitud de remoción.