El Consejo de la Magistratura recibió dos denuncias contra el juez en lo civil y comercial federal Patricio Maraniello por su escandaloso fallo a favor de Karina Milei, la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia. Maraniello, que ya tenía en el Consejo ocho denuncias en su contra por acoso sexual y cuestiones administrativas, entre este martes y miércoles sumó una por prevaricato y otra por mal desempeño en la que se pidió directamente su remoción del cargo. El 1º de septiembre pasado el magistrado incurrió en un acto de censura previa al prohibirle a los medios de comunicación la difusión de audios de Karina en el marco del escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que impacta de lleno en el gobierno.
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Las presentaciones en el órgano de selección y sanción de jueces, que preside el juez Horacio Rosatti, presidente de la Corte, la realizaron, por un lado, el economista y dirigente político Claudio Lozano y el abogado Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, quienes solicitaron este miércoles la remoción de Maraniello por considerar que incurrió en mal desempeño; y por otro, Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien el martes acusó al juez de abuso de poder y prevaricato. Por el momento, las denuncias se encuentran en el comité de asignación del Consejo, donde los consejeros Luis Juez y Cesar Grau deben resolver si se giran a la comisión de Acusación –donde tramitan los casos de remoción- o a la de Disciplina –donde tramitan casos de sanciones menores-. Juez preside la primera y Grau la segunda. Como se esperan más presentaciones en contra del fundador de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), la definición del giro se tomará la semana próxima, según indicaron fuentes del consejo a El Destape. La suerte de Maraniello se comenzará a sellar a partir de que se determine en qué comisión tramitarán las nuevas denuncias. Es decir, si se considerará que las denuncias pueden ameritar una remoción o solamente una sanción menor.
Denuncia por “mal desempeño”
La presentación que rubricaron Lozano y Baldiviezo, entre otros, solicitó el “inicio del procedimiento de remoción del juez federal Dr. Alejandro patricio Marianello por mal desempeño en sus funciones”.
En el escrito, que ingresó este miércoles al Consejo de la Magistratura, se planteó que la resolución de Maraniello del 1º de septiembre, en la que se ordenó el "cese inmediato de la difusión" de audios de Karina Milei, “constituye un acto de censura previa, manifiestamente inconstitucional e inconvencional, que vulnera de forma flagrante y directa el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica”.
En la denuncia de 66 páginas a la que accedió este medio se resaltó que el fallo del juez es “una desviación grave de los deberes de un magistrado de la Nación, cuyo principal mandate es la salvaguarda de la Constitución y los derechos fundamentales en ella consagrados. La decisión del Juez Marianello no solo atenta contra la labor de los periodistas directamente afectados, Mauro Federico, Jorge Rial (quienes difundieron los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo y de Karina Milei) y otros, sino que socava uno de los pilares del sistema democrático: la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a ser informada sobre asuntos de interés público”.
Por tal motivo, los denunciantes (entre los que también se cuentan Marcos Zelaya y María Eva Koutsovitis) pidieron al Consejo de la Magistratura que “de curso a la presente denuncia, inicie el procedimiento disciplinarlo correspondiente y, una vez acreditados los hechos y la responsabilidad del magistrado, formule la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento a los fines de su remoción”.
Los denunciantes contextualizaron su presentación y recordaron los audios adjudicados al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien describe un esquema de coimas en el organismo que presidía y termina diciendo que el 3% terminaba en Karina Milei. Quién grabó a Spagnuolo por ahora se desconoce. Pero el amigo íntimo y abogado del presidente Javier Milei nunca desmintió los audios. Lozano y Baldivieza explicaron que “la reacción del Poder Ejecutivo ante las revelaciones periodísticas no fue la de ofrecer explicaciones o iniciar investigaciones internas para esclarecer los hechos denunciados. Por el contrario, se desplegó una estrategia de doble vía, judicial y extrajudicial, destinada a silenciar a los periodistas, desacreditar su trabajo y, en última instancia, impedir la difusión de la información”
Para los denunciantes “la secuencia de eventos demuestra una estrategia deliberada y escalonada por parte del Poder Ejecutivo: primero, la construcción de una narrativa pública que tilda a los periodistas de conspiradores; segundo, la utilización del aparato estatal para iniciar acciones legales agresivas que buscan no solo la censura, sino también la criminalización de la prensa”. Y la resolución de Maraniello se inserta en esa lógica. Por eso resaltaron que “no puede analizarse como un acto aislado” sino que es una “pieza judicial que consumó la estrategia del Gobierno para suprimir información crítica”.
“Esta instrumentalización del Poder Judicial como herramienta para acallar a la prensa evidencia una peligrosa erosión de la división de poderes”, resaltaron Lozano y Baldiviezo, quienes sostuvieron que el gobierno de Milei pasó de la descalificación retórica de la prensa a la persecución judicial. Y Maraniello actuó como una especie de cómplice en todo este proceso.
En la denuncia, se analizó el fallo del juez en lo civil y comercial federal y se recordó que se trató de una "cautelar sin plazo y sin sujeto pasivo". Lo referido a la imprecisión temporal convierte a “la prohibición en una medida potencialmente perpetua”. Mientras que “la indefinición de los sujetos pasivos implica que la orden no se limita a los periodistas denunciados, sino que se extiende de manera genérica a cualquier persona o medio que pudiera acceder y difundir la información. Esta vaguedad transforma una medida cautelar en una prohibición general y abstracta sobre un tema de interés público, un ‘bozal legal’ de alcance masivo que genera un profundo efecto amedrentador sobre toda la prensa y la ciudadanía”.
En conclusión, “la sentencia dictada por el Juez Marianello constituye un acto de censura previa, una de las violaciones más graves al sistema de derechos y garantías en una sociedad democrática”, que choca contra la Constitución Nacional y los tratados internacionales de jerarquía constitucional. También, destacaron los denunciantes, “se aparta de forma grosera” de la jurisprudencia “pacífica y consolidada” de la Corte Suprema en materia de libertad de expresión, “constituyendo un retroceso a épocas que se creían superadas en la histona judicial argentina”.
“El accionar del magistrado no puede ser visto como un error aislado. Se trata de una convergencia de faltas graves que se potencian mutuamente. El desconocimiento inexcusable del derecho constitucional más básico le permitió emitir una resolución arbitraria, carente de todo sustento factico”, sentenciaron Lozano y Baldiviezo, quienes pidieron se cite como testigos a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico y a los constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Daniel Sabsay.
Acusación por prevaricato
El presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Miguez –asiduo denunciante en tribunales- presentó una denuncia penal contra Maraniello por abuso de poder y prevaricato por atentar contra la libertad de prensa. Acto seguido dio cuenta de ello en el Consejo de la Magistratura para que también se inicie un expediente contra el juez que llevó a cabo un claro acto de censura previa.
Según Miguez “lo que aquí está en juego no es solo un audio. Es el precedente que se quiere sentar: que el Gobierno, con la complicidad de un juez que ni siquiera se excusó por lo ridículo de la solicitud, puede bloquear preventivamente la circulación de información de interés público, con el argumento de la ‘ilegalidad de la fuente’”. “Aceptar esto sería retroceder décadas en materia de libertades civiles y abrir la puerta a un modelo de justicia funcional al poder político. Sin embargo el Dr. ALEJANDRO PATRICIO MARANIELLO hace gala de su rol de Juez amigo y resuelve según le solicitaron desde el gobierno”, añadió el periodista para quien la cautelar se dictó con el único objetivo de proteger a Karina Milei.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido categórica al respecto: la censura previa está prohibida, salvo en casos muy específicos — discursos de odio, apología del delito, protección de menores, entre otros— y nunca puede utilizarse para blindar a un funcionario de la crítica pública”, concluyó.
Las 10 denuncias contra Maraniello
Con las dos nuevas denuncias, ya son 10 las presentaciones que tiene Maraniello en su contra en el Consejo de la Magistratura. Las que ingresaron entre este martes y miércoles son por su escandaloso fallo a favor de Karina Milei, que funcionó en plena campaña electoral para obstaculizar la difusión de nuevos audios relativos al “escándalo de las coimas” en ANDIS, que llegaban, según Spagnuolo, a la hermana del presidente.
Según pudo reconstruir El Destape, las 8 denuncias que ya tenía Maraniello en el Consejo de la Magistratura tramitan en la comisión de Disciplina, que preside el abogado César Grau –es decir, no pueden derivar en una remoción del juez mientras tramitan allí-. De esas 8, 5 denuncias fueron por acoso sexual. Una de estas últimas se encuentra en plenario porque fue desestimada en comisión y el cuerpo en su conjunto es el que ahora debe ratificar esa decisión o modificarla. En el marco de estos procesos, el consejero por los jueces Alberto Lugones fue recusado de intervenir porque está vinculado a Maraniello –era secretario de la AAJC- pero en el Consejo se rechazó esa recusación.
Una de las mentadas denuncias la presentó la Asociación de empleados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación en agosto del año pasado y le achacó a Maraniello haber incurrido en “acoso sexual, violencia de género, acoso laboral, maltrato, abuso de poder, comportamiento inapropiado en redes sociales, manejo inadecuado de recursos públicos e incumplimiento del Reglamento para la Justicia Nacional”.
Ahora el comité de asignación deberá resolver qué hace con las dos nuevas denuncias contra Maraniello (y las que puedan sumarse por proteger a Karina Milei). Si llegase a definir que el tratamiento debe hacerse en la comisión de Acusación –donde se determina si el caso amerita o no un procedimiento de remoción- podría abrirse un debate respecto a qué hacer con las otras 8 denuncias. Según indicaron desde el Consejo, un expediente puede cambiar de comisión si surgen pruebas que así lo promuevan. Es decir, si un caso tramita en Disciplina y surgen pruebas que comprometen al acusado y hay acuerdo entre los consejeros en que debe analizarse un jury puede enviarse –por votación- a Acusación. A la inversa, un expediente puede pasar de Acusación a Disciplina. Ante este escenario, será clave para el futuro de Maraniello saber hacia qué comisión se giran las denuncias que ingresaron en el Consejo por su censura previa que sirvió para blindar a la hermana del Presidente.
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