El fiscal Stornelli avanza con la insólita causa de espionaje ilegal y no quiere que haya abogados defensores

Al menos dos acusados por el Gobierno Nacional en la insólita denuncia por “espionaje ilegal” que se creó para embarrar el caso “audios de las coimas” se presentaron en los tribunales de Comodoro Py para designar abogados defensores pero su pretensión fue rechazada. Este jueves, el juez Julián Ercolini notificó la novedad luego que el fiscal Carlos Stornelli contestara que hasta el momento no hay imputados, que está investigando. Con esa polémica coartada, el fiscal se asegura que por un tiempo no haya partes que puedan tener acceso al expediente y obstaculizarle la investigación. Por ejemplo, uno de los acusados a la par que pidió nombrar un letrado había recusado al fiscal por falta de objetividad para intervenir en este proceso. Al no estar legitimado en la causa, la recusación –es decir, el pedido de apartamiento- quedó en la nada.

El 2 de septiembre se presentaron en el expediente Pablo Jiménez y Damián Valeri para designar como abogado defensor a Agustín Biancardi. Seis días más tarde hizo lo propio Franco Bindi, quien nombró como representante legal al letrado Fernando Sicilia. El último martes, Stornelli “devolvió” las presentaciones al juzgado “señalando expresamente que Jiménez, Valeri y Bindi no se encuentran formalmente imputados en autos”. Este jueves Ercolini notificó las novedades.

En pos de contrarrestar el escándalo “audios de las coimas” que se investiga en los tribunales de Comodoro Py e involucra a la hermana del Presidente, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, el gobierno denunció un “ataque de grupos paraestatales que buscan generar caos”. A través de una presentación que realizó el abogado Fernando Soto, mano derecha de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad, consideró que la difusión de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y de Karina Milei, fue “producto de una operación de inteligencia no institucional ilegal, cuidadosamente planificada para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”. Es decir, que el origen del caso que impactó de lleno en Casa Rosada son tareas de espionaje ilegal.

Soto señaló que los involucrados en la presunta maniobra en contra del Ejecutivo fueron: los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial –pidió se allane sus domicilios-, por haber difundido los audios del escándalo; Pablo Toviggino, el dueño de Carnaval Stream, el medio en que se comunicaron los audios, quien es tesorero de AFA; Pablo Jiménez, empresario de medios y responsable del portal Data Clave, donde también se informó sobre “los audios de las coimas”. Para el gobierno “otro engranaje de esta maniobra golpista sería Franco Bindi, abogado ligado a agentes inorgánicos de inteligencia y pareja de la Diputada Nacional Marcela Pagano, quien desde hace meses conspira para debilitar y boicotear sistemáticamente el espacio político que le permitió acceder a su banca”. Esta denuncia quedó radicada en el juzgado 12 que subroga Ercolini y que está de turno este año con la fiscalía al mando de Stornelli. Por eso Jiménez y Bindi se presentaron en Comodoro Py para designar abogados.

Pero según se desprende de la notificación que este jueves firmó Ercolini por el momento el caso no tiene imputados. Haciéndose eco de lo que le informó el martes Stornelli, quien tiene delegada la investigación, Jiménez y Valeri “fueron convocados a prestar declaración en calidad de testigos, lo cual excluye -por el momento- toda hipótesis de imputación penal en su contra”. Por eso el juez resolvió “desestimar la designación formulada por Jiménez y Valeri en favor del Dr. Biancardi como abogado defensor”.

Cuando le dio impulso penal a la denuncia del Gobierno, Stornelli sugirió "diligencias” que apuntaban justamente a los medios de comunicación que difundieron los audios de las coimas: Carnaval Stream y Data Clave. Es decir, sin motivación alguna más que el pedido del Poder Ejecutivo, Stornelli decidió avanzar contra dos medios periodísticos. En un escueto dictamen, el fiscal pidió citar como testigo al denunciante Fernando Soto, mano derecha de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad, y recabar información sobre Carnaval Stream y Data Clave en la Inspección General de Justicia y el ENACOM. Para cuidar las formas sostuvo que “la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista”. Lo cierto es que a pesar de esa “salvedad” en su dictamen avanzó contra dos empresas periodísticas sin ningún motivo más que el señalamiento de la Casa Rosada. Cuando el dueño de uno de esos medios se presentó en la Justicia el fiscal dijo que no estaba imputado y que fue convocado como testigo.

Algo similar sucedió con el abogado Franco Bindi. “En relación a Bindi, atendiendo a lo expresado por el fiscal respecto de su falta de imputación formal, al estado embrionario de la investigación y a las constancias existentes en la causa, corresponde precisar que no resulta procedente admitir la designación del Dr. Sicilia como su letrado defensor ni habilitarle el acceso al expediente. Todo ello sin perjuicio de que, en caso de producirse una modificación en su situación procesal, la cuestión pueda ser oportunamente reconsiderada, garantizándose de inmediato el pleno ejercicio de su derecho de defensa”, escribieron en el juzgado a cargo de la pesquisa que impulsa el gobierno y que claramente apuntó a Bindi, a quien señalan como el administrador del material que tanto preocupa a Milei.

La decisión de Stornelli de no tener imputados apunta a que no haya abogados con acceso al expediente y acusados que puedan estropearle sus planes. Por ejemplo, Bindi además de designar a Sicilia había recusado al fiscal por haber sido querellante en contra suyo en otro expediente, el de Operación Puf, que había creado la AFI macrista para entorpecer el caso D’Alessio, que fue la primera causa que reveló el espionaje ilegal que se hacía durante el gobierno de Mauricio Macri. Ese rol de Stornelli, que aquí actúa como fiscal, es decir, acusador público, “pone de manifiesto mi grave preocupación en torno a su objetividad en el marco de esta infundada pesquisa”, sostuvo Bindi. También recordó que una causal de excusación/recusación es “si antes de comenzar el proceso (el juez o fiscal) hubiere sido acusador o denunciante de alguno de los interesados, o acusado o denunciado por ellos…”. Lo que evidentemente podría ser una causal para que Stornelli se deba correr del caso.

Pero este jueves Ercolini rechazó in limine la recusación porque Bindi no está imputado en el proceso: “Bindi también ha deducido un planteo de recusación contra el señor fiscal, careciendo -tal como surge de lo señalado en el punto precedente- legitimación para ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 del Código Procesal Penal de la Nación” por lo que “resulta manifiesto que el presentante no integra el elenco de sujetos habilitados por la norma, careciendo por ende de legitimación activa para promover un planteo de recusación”.   

Mientras no haya abogados defensores, Stornelli podrá ir acomodando a piacere la causa que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Conflictos diplomáticos: nuevas críticas

Como informó El Destape, tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional internacionalizó su crisis política y se involucró en un conflicto diplomático por querer contrarrestar el escándalo de los audios de las coimas con la insólita denuncia de espionaje ilegal.

En la denuncia, Soto se refirió a que una red de espías rusos pudo haber estado detrás de la captación de audios de Karina Milei en oficinas del gobierno. La ministra Bullrich repitió esa tesis absurda. Este lunes el embajador argentino en Rusia, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, fue citado por la cancillería de Moscú para brindar explicaciones sobre la acusación de la ministra de Seguridad.

A la par, Soto hizo una ampliación de denuncia por espionaje ilegal y cargó contra el canal de streaming uruguayo Dopamina por difundir audios de la hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia que en la Argentina fueron censurados por el juez en lo civil y comercial federal Patricio Maraniello. La mano derecha de Bullrich repitió que se basan en un espionaje ilegal. La acusación no pasó desapercibida en Uruguay. La dirigencia política uruguaya en su conjunto reaccionó ante la acusación –otra vez insólita- del gobierno libertario. Diputados y senadores del Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional criticaron el accionar de la administración mileísta, se solidarizaron con los periodistas atacados y respaldaron la libertad de expresión. Según pudo reconstruir El Destape, incluso la embajada uruguaya en la Argentina brindó apoyo al fundador y co-director de Dopamina, el periodista Marcos Casas.

Lejos de aplacarse, en el país vecino se multiplican los repudios contra el gobierno argentino. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se manifestó en redes sobre el tema: "La censura nunca es una alternativa”, escribió. “El gobierno argentino denunció al programa ‘Dopamina’, conducido por Marcos Casas y Fernanda Kosak, por realizar su labor periodística. En primer lugar expreso mi solidaridad con los conductores Marcos Casas y Fernanda Kosak frente a este despropósito. Los políticos debemos garantizar el libre ejercicio del periodismo, porque su labor es fundamental en un sistema democrático. En lugar de denunciarlos, debemos alentarlos en la búsqueda de la verdad y la transparencia. Nuestro deber es rendir cuentas, no perseguir voces disonantes. Uruguay es una democracia plena, no hay lugar para la censura. La libertad de expresión y de prensa son un pilar fundamental de la democracia que se debe cuidar día a día”, agregó.

Hasta la Asociación de Prensa Uruguaya (APU) repudió el ataquer del gobierno de Milei en el país vecino. “Rechazamos las acusaciones que buscan criminalizar la labor periodística basadas en hipótesis y suposiciones. Este tipo de planteos vulnera la libertad de expresión y atenta contra el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada”, expresó la APU en un comunicado.

El gobierno de Milei hace oídos sordos a las críticas y profundiza su contrataque judicial. Por su parte, Stornelli rechaza el ingreso de abogados a la causa para poder continuar con su temporada de pesca jurídica a ver si encuentra algún elemento del que tomarse para avanzar con la insólita denuncia que hizo el Ejecutivo. Está claro que detrás de todas esas maniobras hay un solo objetivo: intentar neutralizar el caso “audio de las coimas”.