Pullaro le soltó la mano a Milei y le exigió una explicación por los audios de las coimas: "Afecta y golpea la credibilidad"

En medio del escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que tiene en vilo a altas esferas de la Casa Rosada, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que la presentación judicial del Gobierno para impedir la difusión de audios adjudicados a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, “afecta y golpea la credibilidad" del presidente Javier Milei, quien "debe dar una respuesta clara". 

Pese a que el gobernador Pullaro mostró su férreo apoyo al modelo de ajuste de Nación, a través de decisiones como brindarle los votos de sus diputados para la aprobación de la Ley Bases y la firma del Pacto de Mayo, ahora su administración apunta por la presunta trama de corrupción. "Hemos acompañado muchas medidas porque entendimos que iban en la dirección correcta, pero esto es distinto. Lo grave es no dar explicaciones”, señaló el mandatario santafesino. 

La administración libertaria está hace semanas a la defensiva, desde la causa de las muertes por fentanilo a los audios de las coimas. El tema escaló a niveles muy altos, por encima incluso en la discusión digital de la condena a la expresidenta Cristina Kirchner o el caso $LIBRA. Para intentar frenar la embestida, los hermanos Milei impulsaron una denuncia penal motorizada desde el Ministerio de Seguridad donde advierten espionaje ilegal y piden allanamientos y entrecruzamiento de llamadas de medios y periodistas que protagonizaron la publicación de los audios del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y que se prohíba cualquier publicación de ese material. 

Pullaro consideró “muy preocupante” que el Ejecutivo busque silenciar posibles filtraciones y no brinde explicaciones sobre lo que calificó como una “escandalosa” escucha. “Es muy duro escuchar a un funcionario de primera línea hablando con desparpajo del cobro de coimas y corrupción”, afirmó en declaraciones a la prensa durante el Santa Fe Business Forum, realizado en la ciudad de Rosario. A su vez, afirmó que "nadie puede poner una mordaza con lo que puede ser una información periodística y mucho menos llevarla al nivel de espionaje o llevar a donde se intenta llevar a este momento".

En esa línea, llamó a aclarar la situación con transparencia: “Nadie puede poner una mordaza a la información periodística ni llevarla al terreno del espionaje. Lo que hay que hacer es explicar lo que dijo Spagnuolo y, si hay audios de la hermana del Presidente, dar las explicaciones correspondientes”.

En la presentación judicial hecha por Fernando Soto, abogado representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, se requirió entre las medidas de prueba los "allanamientos y secuestro forense en las oficinas y estudios de Carnaval Stream", un medio de comunicación vinculado a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Asimismo, piden ordenar allanamientos en los domicilios del propio Toviggino, los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, dueño del portal de noticias Data Clave. 

Denuncian penalmente a Bullrich por querer allanar periodistas: "Abuso"

Denuncian penalmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por "abuso de autoridad" luego de que su cartera pidiera el allanamiento del domicilio de los dos periodistas que hace días revelaron audios con las presuntas coimas en la ANDIS. La demanda se ampara en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y repudia el pedido del Gobierno nacional por tratarse de "un acto concreto de abuso de poder que pone en jaque principios esenciales del sistema democrático"

"De conformidad con lo normado en los arts. 174 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación, vengo a formular denuncia penal contra la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en orden al delito de abuso de autoridad, en virtud de la denuncia penal que promoviera contra periodistas y medios de comunicación con el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa, solicitando medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión", dice el texto presentado por el abogado Gregorio Dalbón.

La denuncia se ampara en el artículo 14 de la Constitución Nacional que "garantiza a todos los habitantes el derecho de publicar sus ideas sin censura previa" y plantea que el pedido de allanamientos "constituye una medida intimidatoria que busca paralizar la actividad periodística, afectando la labor de informar y el derecho de la ciudadanía a ser informada". "En efecto, el Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Seguridad, ha instrumentalizado la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa", se advirtió.

En el texto, Dalbón resalta que la demanda penal formulada por Bullrich contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico representa "una violación flagrante de los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión" y recuerda que "el periodismo no puede ser perseguido por difundir información de interés público, ni obligado a revelar sus fuentes" de información. "Esta práctica configura un grave precedente institucional, pues abre la puerta a que cualquier gobierno intente silenciar medios críticos mediante denuncias por 'inteligencia ilegal'", se alertó.