Mientras recrudecen las consecuencias por los audios con supuestas coimas que salpican a altos cargos de la Casa Rosada, decenas de personas se congregaron frente a una sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) para reclamar por la pensión que dejaron de recibir desde que el Gobierno incrementó los controles. Desde muy temprano, largas filas de personas que se presentaron para exigir la vigencia de un beneficio que no supera los $300 mil.
"Vine a presentar los papeles. Este mes no cobré, me suspendieron la pensión, no me llegó en ningún momento la notificación. Me dijeron que tenía que venir acá con los papeles a ver si me sirven. Ya estoy pensionada hace 2 años", dijo a C5N una mujer que hacía la fila en la sede que la Andis tiene en Hipólito Yrigoyen 1447, en el barrio de Congreso.
La mujer, que dijo estar diagnosticada de trombofilia tras dos trombosis en una de sus piernas, aseguró haber llegado "a las 4 de la mañana" para formarse en fila junto a otras decenas de personas. "Las personas que estamos acá es porque no podemos ir a trabajar, nos gustaría laburar como cualquiera", señaló, y agregó estar "anticoagulada" y que no puede "estar mucho tiempo parada".
Además, se mostró molesta por los nuevos procesos de auditorías que desde hace unos meses implementó la Andis, motivo por el que debe presentar nuevamente estudios que ya se realizó previamente y que tienen un alto costo que no puede afrontar. "Si me piden los estudios nuevos para la auditoría, solo los de sangre, nos salen $400 mil y $150 mil el ecodoppler de la pierna. No sé cómo los voy a hacer", se lamentó.
Cómo afecta el caso Spagnuolo
Al ser consultada por los audios de Diego Spagnuolo, extitular de Andis, que revelan un supuesto entramado de corrupción con pedidos de coimas a farmacéuticas, la mujer lanzó: "Es un horror que se hayan metido con gente que necesitamos, si no no estaríamos acá desde las 4", se quejó, y luego calificó como "una vergüenza" lo que hace el presidente Javier Milei con "los discapacitados y los jubilados".
En busca de justificar el ajuste en estas pensiones, el Gobierno volvió a la carga con el discurso basado en el supuesto descontrol de otorgamiento de partidas en los últimos 20 años, lo cual significaría una suba superior al 1.000%. Para graficar lo que simbolizaba este beneficio, la mujer señaló: "El mes pasado cobré $270 mil, pero tampoco nos dan los remedios, los anticoagulantes ya no los dan. La obra social no me cubre nada. Voy todos los meses a hacerme el control hematológico. Yo alquilo, hay muchos días que tengo que fijarme si como o pago el alquiler. Es muy triste lo que nos esta pasando", planteó.
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