Luego de la restitución de las retenciones por decisión del gobierno de Javier Milei, los diputados cordobeses Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, del bloque Encuentro Federal, impulsan una modificación a la ley que regula los derechos de exportación (DEX) con el fin de que cualquier cambio a futuro no impacte en los productores.
Lo que empezó como un alivio transitorio para los productores agropecuarios terminó en una profunda decepción y en un incipiente enojo, particularmente de las bases, que lejos está de disiparse. El Decreto 682/2025, que estableció la eliminación de las retenciones hasta alcanzar los 7 mil millones de dólares en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), concluyó en apenas tres días, dejando a gran parte del sector con la sensación de haber sido excluido del beneficio.
La medida se había presentado como vigente hasta el 31 de octubre, aunque en los hechos solo duró 72 horas. De esta manera, las únicas beneficiadas fueron las cerealeras, ya que liquidaron este cupo con su stock remanente, por lo que no necesitaron comprarle a los productores los granos al mayor precio dado por las retenciones cero. Sin embargo, productores medianos y pequeños que no pudieron acceder al beneficio se hicieron escuchar al expresar su descontento con la decisión del presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Frente a esto, Torres y Gutiérrez decidieron avanzar con una iniciativa que proteja a los productores. El proyecto presentado en la Cámara de Diputados modifica el artículo 1 de la Ley 26.351 con la intención de actualizarlo y dotarlo de una mayor capacidad de control. Córdoba tiene más de ocho millones de hectáreas en producción agropecuaria, una de las mayores productoras de granos per cápita, y es líder en producción láctea y cárnica.
Gutiérrez responde políticamente al exgobernador cordobés Juan Schiaretti, quien es el principal referente de los candidatos de Provincias Unidas y trazó como eje de campaña la eliminación de las retenciones. “Las retenciones fueron un robo al interior productivo y siguen siendo el impuesto más distorsivo de la Argentina”, afirmó Schiaretti hace algunas semanas durante un acto.
Proyecto de ley para modificar las retenciones: puntos clave de la iniciativa de los cordobeses
1 - Ampliación del Supuesto de Acreditación
La normativa actual solo obliga a los exportadores a demostrar la tenencia o compra previa de la mercadería cuando hay un “incremento” en las alícuotas de exportación entre el registro de la DJVE y la oficialización de la exportación.
2 - Eliminación de la Ambigüedad Legal
La redacción actual generó debates e interpretaciones dispares sobre si la obligación de acreditar la tenencia se aplica en casos de baja de retenciones. El proyecto busca eliminar esta “zona gris legal” para asegurar que la obligación sea clara y exigible sin importar la dirección del cambio en la alícuota.
3 - Prevención de Maniobras Especulativas
Al exigir la acreditación ante cualquier variación, se busca garantizar que el registro de las operaciones de exportación corresponda a transacciones reales y no se utilice como un mecanismo especulativo frente a posibles cambios en los derechos de exportación. El fin es evitar maniobras que puedan erosionar la recaudación fiscal o distorsionar el mercado.
4 - Establecimiento de un Plazo Concreto
El proyecto introduce un plazo máximo explícito de cinco (5) días hábiles para presentar la documentación que acredite la tenencia o adquisición de los productos. Este plazo se cuenta desde la fecha en que entra en vigencia la nueva alícuota.
5 - Consecuencias del incumplimiento
En caso de que un exportador no acredite la tenencia o adquisición en el tiempo y forma establecidos, la operación quedará sujeta a la alícuota vigente al momento de la oficialización de la exportación. Esto se complementa con las sanciones que pudieran corresponder según la normativa aplicable.
Los impulsores del proyecto sostienen que esta reforma no implica un aumento de la presión fiscal ni introduce nuevas cargas para el sector exportador. Por el contrario, argumentan que aporta seguridad jurídica, previsibilidad y equidad, asegurando que todos los operadores compitan en igualdad de condiciones.
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