El panorama para los trabajadores de Vicentin es cada vez más crítico. Tras una audiencia entre los gremios y autoridades de la Secretaría de Trabajo de Nación realizada este martes, los trabajadores aceiteros iniciaron una medida de fuerza conjunta de la Federación Nacional y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo a partir de las 6 de este miércoles en todas las plantas y puertos aceiteros del país.
El Secretario Gremial de SOEA de San Lorenzo, Martín Morales, confirmó a El Destape que, horas después del anuncio, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) pidió la conciliación obligatoria por 15 días y el Ministerio de Capital Humano se la otorgó de "una manera bochornosa". De esta manera, la medida de fuerza quedó sin efecto en todo el país, con excepción de las plantas de la cerealera ubicadas en San Lorenzo y Ricardone y en la planta de Renopack, una envasadora de aceite del mismo grupo.
Si bien el conflicto viene desde hace meses, se profundizó en las últimas horas tras la confirmación de la empresa del pago de solamente el 30 por ciento del sueldo de febrero a casi un millar de empleados. Las autoridades de la empresa comunicaron a los gremios que “debido a la critica situación financiera por la que atraviesa actualmente, se ve imposibilitada de afrontar el pago de la totalidad de los haberes”. Morales confirmó que las medidas continúan en estas empresas porque los trabajadores cobraron solo una parte del salario y "no les quedó un peso", por lo que "no tienen para darle de comer a los hijos".
Los gremios denuncian que, tras el vencimiento del último acuerdo paritario el 31 de diciembre de 2024, las negociaciones fueron demoradas intencionalmente. Además, se señala a Vicentin por no haber abonado los salarios de forma correspondiente y a Explora SA por el despido de dos trabajadores, acciones que consideran una "revancha patronal".
La reunión convocada por la Secretaria de Trabajo de Nación en la tarde de este martes no arrojó ningún resultado positivo y los empleados aceiteros cobraron un tercio de su salario, sin que la empresa ni siquiera se comprometiera a fijar una fecha para la liquidación del resto adeudado. Desde la empresa explicaron que la posibilidad de completar los haberes dependerá de la llegada de nuevos fondos, los cuales podrían provenir de la renovación de contratos de fasón con otras agroexportadoras, aunque por ahora esa alternativa también enfrenta dificultades.
MÁS INFO
Frente a este panorama preocupante, las entidades gremiales aseguraron que "esta medida es exclusiva responsabilidad de las cámaras y las empresas del sector que llevan adelante un grave e ilegal avasallamiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras aceiteras".
Por otra parte, el gremio recordó que "hace más de dos meses que están demorando el diálogo con propuestas irrisorias o que son, directamente, una falta de respeto hacia los trabajadores que día a día producimos en las plantas de todo el país, rompiendo con la negociación que venimos realizando hace largos años".
En tanto, CIARA emitió un comunicado al caer la tarde, en el que "expresa su profundo rechazo a la decisión sindical de paralizar todas las actividades de la industria aceitera y exportadora del país por un conflicto sindical del que resulta absolutamente ajeno".
"Son Vicentin y los sindicatos quienes deben resolver el asunto; establecer una mesa de trabajo y alcanzar los entendimientos necesarios y posibles, pero sin alterar el normal funcionamiento de toda la agroexportación", afirman, colocándose al margen del problema.
Escala el conflicto en Vicentin: intervención judicial por un plazo de 120 días
La empresa enfrenta quizás su peor crisis desde que entró en default en diciembre de 2019. Según informaron fuentes del sector a medios locales, la semana pasada estuvo a punto de quedarse sin energía por una deuda impaga, pero un aporte de Bunge y Viterra evitó el corte del suministro en el último momento y permitió que la producción continuara.
Vicentin entró en cese de pagos a fines de 2019 y el 10 de febrero de 2020 solicitó el concurso preventivo de acreedores por el "estrés financiero que le dificultaba cumplir regularmente con sus obligaciones contraídas". Luego, el gobierno de Alberto Fernández intervino la empresa e intentó expropiarla, finalmente sin éxito. De esta manera, la compañía enfrenta un dilema crítico: si deja de pagar salarios, contraerá deudas post-concursales prohibidas por la Ley 24.522, lo que derivaría en su liquidación.
Este martes, el juez Fabián Lorenzini dispuso el regreso de la intervención judicial por un plazo inicial de 120 días. Los veedores designados, Guillermo Nudenmberg y Andrés Schocron, ya habían ocupado ese rol hasta agosto pasado, cuando el control de la empresa volvió a sus directivos. La decisión responde a los reclamos de los sindicatos, que denunciaron problemas en la administración y una creciente falta de liquidez que afectó el pago de sueldos.
A la hora de argumentar la intervención, Lorenzini mostró un informe de la Sindicatura que mostró que pese a que Vicentín recibió adelantos por 3 millones es de dólares por fazones, acumuló una deuda post concursal de 5 mil millones de pesos.
En rigor, los gremios y los acreedores coincidieron ante Lorenzini que la situación crítica financiera de la empresa no se debe tanto a la indefinición de su concurso, como dice la empresa, sino a un manejo poco eficiente y poco transparente en el manejo de los fondos.
Cerrar sesión