El reclamo del gobierno de Córdoba a Nación por la deuda de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con la Caja de Jubilaciones se mantiene firme. En ese marco, este miércoles se realizó una nueva audiencia conciliatoria entre las partes, que fue convocada por la Corte Suprema de Justicia, y el gobernador Martín Llaryora advirtió que la administración de Javier Milei “está enviando cero pesos” a la Provincia.
Antes de entrar a la Corte, el gobernador cordobés reiteró su reclamo contra el Gobierno libertario: “No se puede actuar sin respetar la ley, sin respetar los acuerdos que nos llevaron a la conformación de la República. Porque si no, cualquier gobernador o intendente hace lo que quiere unilateralmente y eso no funciona de esa manera”, apuntó Llaryora directamente contra el Presidente.
Y agregó: “Esto es un hecho histórico, como gobernador vengo a defender los derechos de los cordobeses, y principalmente de nuestros abogados. Estamos en una situación límite y única”.
La denuncia fue realizada por el exgobernador Juan Schiaretti por la falta de actualización de los recursos que la Nación le envío a la Provincia durante la administración de Alberto Fernández. Sin embargo, lo peor llegó con el plan motosierra impuesto por el presidente Javier Milei, que incluyó el recorte de transferencias a los territorios regionales: Córdoba considera que Anses retiene de manera indebida los recursos que son de las provincias.
En el Centro Cívico estiman que la deuda nominal supera los $300 mil millones y se va cerca del billón con los intereses. Sin embargo, el déficit estructural del sistema previsional cordobés es aún mayor a los números descriptos, ya que en la provincia “rigen alícuotas de aportes y contribuciones mayores a los existentes en el sistema previsional nacional, el que maneja la Anses”, dijeron fuentes del Gobierno al medio LV16.
Para Llaryora, la decisión de Nación “atenta contra los derechos de los cordobeses que hacen un tremendo esfuerzo para cumplir las obligaciones con los jubilados”. “El Estado nacional, de manera unilateral, está incumpliendo con su obligación en el envío de los fondos a las cajas previsionales. La Corte está diciendo que volvamos a los cánones tradicionales, esto es defender la República. Espero que el Gobierno nacional reflexione”, afirmó el mandatario.
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Como representantes de la Provincia, asistieron a la audiencia además del gobernador Llaryora, el ministro de Justicia, Julián López; el fiscal de Estado, Jorge Córdoba; y el ministro de Economía, Guillermo Acosta. Por parte de Nación, concurrieron José María García Hamilton, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Valeria Sánchez, subsecretaria de Coordinación Fiscal provincial; y Andrés Gutiérrez, el representante legal de la Anses.
Deuda de Nación con Córdoba: Llaryora busca hacer valer el Régimen de Obligaciones Recíprocas
De acuerdo a lo que señalaron medios locales, la apuesta de Llaryora es incluir la deuda por la Caja dentro de los acuerdos que deriven del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, al que Córdoba adhirió el año pasado. En la “bolsa” que podría destrabar el conflicto entran deudas y acreencias de ambas jurisdicciones y otras formas posibles de pago por parte de la Rosada: básicamente, bienes nacionales.
Además, sostienen que el gobierno de Córdoba busca recibir a modo de canje de deuda bienes nacionales como tierras, la Central Nuclear de Embalse, Fadea, más de 11 mil hectáreas de la Reserva Natural de Defensa La Calera y una Cárcel Federal a construir.
La normativa establecida a través del Decreto Nº 969/2024 “faculta al gobernador para que, en el marco de dicho régimen, lleve a cabo las acciones necesarias y convenientes en beneficio de los intereses de la Provincia, respecto de las acreencias y/o deudas cuya titularidad ostente y que disponga incluir en la negociación que conlleva participar del Régimen”.
Este convenio permite que “el Estado nacional ceda tierras, empresas, rutas y otros bienes para cancelar deudas con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Así, quienes adhieran podrán “acordar compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimientos, remisiones y toda otra operación que tienda a la determinación y cancelación de las deudas recíprocas y/o créditos entre las partes”.