Luego de eliminar la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el gobierno de Javier Milei prorrogó la intervención de Corredores Viales S.A. Se trata de la empresa estatal responsable de gestionar más de 6.000 kilómetros de rutas y que el Ejecutivo decidió establecer como "sujeta a privatización" desde hace un año con la sanción de la Ley Bases. También se extendió la designación de Anastasia María de los Ángeles Adem como su interventora.
A través del Decreto 464/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional argumentó la decisión como parte de las "tareas fundamentales para la transición hacia la privatización y posterior disolución y liquidación" de la compañía. "Prorrogase, a partir del 8 de julio de 2025, la intervención de 'Corredores Viales S.A.', empresa del Sector Público Nacional actuante en la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía dispuesta por el Decreto N° 244 del 1° de abril de 2025, hasta culminar el procedimiento establecido por el Decreto N° 97 del 14 de febrero de 2025", detalla el primer artículo del texto.
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Desde febrero de este año que la empresa encargada de gestionar la infraestructura y el tránsito de rutas, autopistas y autovías concesionadas fue intervenida con el objetivo de ser privatizada bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje.
Con este texto firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno prorroga la decisión tras detectar "falencias estructurales en la organización, deficiencias en el manejo de la administración, finanzas, compras y contrataciones de la sociedad, de la coordinación legal y de capital humano y en el relevamiento de activos fijos".
La privatización de las rutas nacionales
"Que sin perjuicio de los avances realizados, resulta necesario continuar con las medidas trazadas en el plan de acción previsto a fines de instrumentar las restantes acciones para consolidar las mejoras, renegociar contratos y asegurar que la transición sea ordenada y eficiente y no ponga en riesgo la continuidad operativa de los corredores", se indica en el decreto.
Además, el artículo 4°, el DNU faculta al Ministerio de Economía a "dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para la implementación del presente decreto". En dicho decreto también remarcan que durante este período se aprobó "un nuevo organigrama de la sociedad, de normas y procedimientos, reglamentos de compras y contrataciones y pliegos de bases y condiciones generales para una gestión eficaz y transparente del organismo, la constitución de un Comité de Inversiones y la regularización en el área legal".
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