La motosierra de Javier Milei en el Poder Ejecutivo ahora llegó a otros poderes del Estado. La Corte Suprema estableció su presupuesto para el ejercicio 2026, con un aumento de fondos de solo el 1% respecto a 2025.
Concretamente, el máximo tribunal fijó su presupuesto en unos 378.000 millones de pesos, conforme lo dispuesto en la Acordada 26/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial y firmada por los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y por su secretario general de Administración, Gerardo Prataviera.
La decisión responde a la necesidad de garantizar el funcionamiento integral del máximo tribunal y de sus distintas áreas, incluyendo infraestructura, equipamiento y personal, así como la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, justificó la acordada del tribunal.
Se trata, de todos modos, de una suba muy baja respecto al presupuesto que la Corte Suprema había aprobado para 2025, que fue de 374.618 millones de pesos. Es decir, el aumento es aproximadamente el 1%, frente a una inflación interanual que en julio trepó al 36,6%.
Cómo se distribuirá el gasto de la Corte Suprema en 2026
El presupuesto se distribuye según las fuentes de financiamiento de la siguiente manera: $337.324.608.374 provenientes de recursos con afectación específica de la CSJN y $40.762.997.891 del Tesoro Nacional (DAJUDECO). Por tipo de gasto, el detalle es el siguiente: gastos en personal $309.185.397.871, bienes de consumo $6.412.887.722, servicios no personales $24.860.259.541 y bienes de uso $37.629.061.131.
Asimismo, se fijó en 4.732 el total de cargos de la planta de personal de la Corte Suprema, con la intención de mantener la capacidad operativa del tribunal y asegurar la continuidad de sus funciones, señaló la Corte.
La acordada también aprobó el Plan de Obras del tribunal supremo, contemplando inversiones en infraestructura, reacondicionamiento, mantenimiento y preservación del Palacio de Justicia, declarado monumento histórico nacional. Se estableció además la incorporación de remanentes de recursos de ejercicios anteriores y de los aportes correspondientes según la Ley 23.853, reforzando la autarquía financiera del tribunal.
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