Una Corte Suprema en crisis tras el escándalo de las designaciones por decreto

El doble revés que sufrió el gobierno el jueves en su intento por designar a dos jueces en la Corte Suprema de Justicia provocó una nueva crisis en el máximo tribunal del país. No solo el comisionado Manuel García Mansilla quedó deslegitimado y desdibujado para fallar sino que hubo denuncias de senadores de Unión por la Patria contra el supremo Ricardo Lorenzetti por la supuesta amenaza de que impulsaría la detención de Cristina Fernández de Kirchner si no votaban en favor del pliego de Ariel Lijo, el juez de Comodoro Py que, según el oficialismo, fue sugerido como postulante por el jurista oriundo de Rafaela.

Este jueves el Senado rechazó de manera contundente los pliegos de los dos candidatos que propuso el Ejecutivo para la Corte, Manuel García Mansilla y Ariel Lijo. El primero cosechó 51 votos en contra y el segundo 43. De esta forma quedó desechada la designación de ambos por la vía que establece la Constitución Nacional, esto es a propuesta del Poder Ejecutivo con el apoyo de los dos tercios de los votos del Senado. Inmediatamente después de que esto sucediera, el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar en el marco del proceso en que se analiza la inconstitucionalidad del decreto de designación de los postulantes del gobierno en comisión y ordenó que García Mansilla no pueda firmar absolutamente nada en la Corte durante tres meses –se estima que es el tiempo que le llevará al juez expedirse sobre la situación de fondo- y que Lijo no pueda jurar, aún si renunciara a su cargo de juez federal de Comodoro Py.

El 25 de febrero pasado, a tres días de que termine el receso legislativo, el presidente Javier Milei designó en comisión en la Corte tanto a Lijo como a García Mansilla. Apeló a esa “artimaña” porque no lograba reunir los votos necesarios en la Cámara Alta. García Mansilla asumió dos días más tarde de ese nombramiento irregular luego de que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti le tomaran juramento. Desde el Poder Ejecutivo y el propio García Mansilla apelaron a ese gesto de la Corte como una forma de legitimar la designación. El argumento era que si hubiera existido algún vicio de inconstitucionalidad el Alto Tribunal debieron haberlo advertido en aquel momento. Pero esa justificación quedó invalidada en la resolución que firmaron los supremos una semana más tarde cuando rechazaron la jura de Lijo. Entonces remarcaron que no se estaban expidiendo sobre la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad o no del nombramiento por decreto.

Lijo no ingresó por decreto a la Corte porque los ministros Rosatti y Rosenkrantz y el comisionado García Mansilla (Lorenzetti no firmó) sostuvieron que el magistrado debía renunciar a su cargo en los tribunales federales de Retiro para poder ingresar en comisión a la Corte. Lijo rechazó esa posibilidad a sabiendas de que era endeble su llegada al cuarto piso del Palacio de Tribunales y apostó a ser nombrado por el mecanismo constitucional. Este jueves sus expectativas se hicieron añicos contra la realidad. Las de García Mansilla también. El abogado vinculado al Opus Dei quedó con un pie y medio afuera de la Corte.

Con el doble revés –legislativo y judicial- García Mansilla quedó casi sin margen de maniobra en la Corte. Podría apelar la medida cautelar dictada por Ramos Padilla pero fuentes judiciales indicaron a El Destape que no tendría efectos suspensivos. Más allá de que el gobierno sostiene que a pesar del rechazo el abogado podría quedarse en el cargo hasta el final de período legislativo (sería lo que cubriría la designación en comisión) el interrogante pareciera ser más no si el abogado vinculado al Opus Dei va a renunciar sino cuándo lo haría. Como publicó este medio, prestigiosos constitucionalistas coincidieron en afirmar que el letrado debe dejar su cargo en la Corte de inmediato. El catedrático en Derecho Constitucional Roberto Gargarella, por ejemplo, afirmó: “Se encuentra usurpando un lugar, ya debía haberse retirado pero, bien, llegados a esta situación, por supuesto que si el Senado que debía respaldarlo, le quita explícitamente su respaldo, ya no tiene ninguna argucia para alegar a su favor”. Una postura similar tuvo su colega Gustavo Ferreyra: “El acto institucional expreso por el cual el Senado rechaza el pliego del mismo juez que asumió inconstitucionalmente en comisión delegado por el presidente comporta la necesidad de su renuncia inmediata. Ya que no habría ni idoneidad técnica ni moral, requisitos de los requisitos para ser servidor público en la República establecidos por el artículo 16 de la Constitución”. Por su parte, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, precisó: “García Mansilla nunca va a ser un juez ratificado por la Cámara Alta, como establece la Constitución, sino solo un empleado del Poder Ejecutivo en la Corte sin independencia ni imparcialidad” por lo que “debiera renunciar hoy mismo”. Si no deja el cargo podría incurrir en un delito penal. El jurista Roberto Carlés, por ejemplo, señaló en diálogo con FM Re que se lo podría llegar a acusar de “usurpación de cargo”. Incluso no faltan quienes sostienen que los restantes supremos también podrían verse afectados en una denuncia si no actuaran para facilitar la salida de García Mansilla.

Como si todo esto fuera poco, este viernes 50 profesores, docentes e integrantes del ámbito académico jurídico de todo el país solicitaron “el cese inmediato del Dr. Manuel García Mansilla en las funciones que desempeña en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. “Resulta insostenible su continuidad en el máximo tribunal, en directa violación del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional. Esta grave situación vulnera las garantías de los justiciables y compromete el valor de las decisiones de la Corte Suprema, afecta la confianza social en el tribunal, y su legitimidad como máximo intérprete de la Constitución. No estamos dispuestos a aceptar que la enseñanza del derecho se convierta en nuestro país en un relato de ficción. Por respeto a la Constitución Nacional y al derecho que juró respetar, el Dr. García Mansilla debe apartarse del cargo para el que finalmente no ha sido designado”. Entre los firmantes se encuentran además de los constitucionalistas mencionados en esta nota, desde el juez de la Casación Federal Alejandro Slokar a Daniel Sabsay.

Para que se designe a un juez cortesano se requieren dos tercios de los votos del Senado y García Mansilla recibió más de esa cantidad en contra.

En este contexto, el interrogante que se abre es qué sucederá con los fallos firmados por García Mansilla desde el 27 de febrero al 3 de abril. El mismo día que el Senado sesionó, el abogado conservador anti-derechos firmó decenas de casos.

¿Vuelve la Corte de tres integrantes?

El escándalo alrededor de la designación por decreto de García Mansilla y Lijo afectó la institucionalidad del máximo tribunal, que tras lo sucedido este jueves pareciera encaminarse a volver a funcionar con tres integrantes. Al menos hasta que se vuelvan a cubrir las vacantes que tiene. En el caso de García Mansilla asoma difícil que tras el rechazo abrumador de su pliego en el Senado, el repudio generalizado de académicos y la medida cautelar dictada por Ramos Padilla, pudiera continuar firmando fallos en la Corte. Sin ir más lejos, está vigente para los próximos tres meses la prohibición que le dictó de forma cautelar el juez federal de La Plata. ¿Qué le ordenó Ramos Padilla? Que “se abstenga del conocimiento y decisión de todas aquellas causas jurisdiccionales, así como la suscripción de resoluciones administrativas mientras actúe como juez ‘en comisión’ de dicho tribunal, bajo apercibimiento de las sanciones penales y/o pecuniarias que pudieren corresponder a quienes no cumplieran con este mandato judicial; todo ello por el plazo de tres meses y previa caución juratoria”. Esto “congela” el accionar del abogado en el Tribunal Superior por tres meses.

Ante una consulta de El Destape desde la Corte informaron que si García Mansilla no abandona su cargo recién el próximo jueves, en la habitual reunión de acuerdo, se sabrá si se rebela ante la orden de Ramos Padilla.

Tras lo sucedido el jueves el futuro del abogado conservador es incierto. Si se concretase su salida, la Corte volvería a funcionar con tres integrantes: Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. El último está enfrentado a los primeros dos, llegados durante el macrismo y quienes lo corrieron de la presidencia suprema.

En la designación de García Mansilla y Lijo ya subyacía el enfrentamiento entre estos tres supremos. Se especulaba que, con los potenciales ingresos de dos nuevos miembros, Lorenzetti podía llegar a modificar la relación de fuerzas internas. Esa posibilidad se desdibujó. Al menos hasta que el gobierno postule a un nuevo candidato en lugar de Lijo y se resuelva el caso García Mansilla.

La interna suprema no es anecdótica porque se necesitan tres votos para emitir un fallo en la Corte. Es decir, se requerirá unanimidad si se retira el abogado conservador vinculado a las hidrocarburíferas. En este hipotético escenario de una Corte de tres miembros, si en un caso puntual no hay consenso se deberá convocar a conjueces, es decir, se deberá realizar un sorteo entre los presidentes de las cámaras federales para definir quién integrará el máximo tribunal en esa situación particular. Se trata de un escenario delicado ya que en la Corte hay causas de mucho peso político y económico. Sin ir más lejos, el caso Vialidad donde está en juego ni más ni menos que la libertad de la expresidenta.

Denuncian amenazas por pliego de Lijo

Además de García Mansilla otro de los grandes perdedores por lo sucedido el jueves fue el supremo Lorenzetti, quien según el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, fue el que sugirió a Lijo como candidato para la Corte. También Comodoro Py, como sector que respaldó la candidatura de Lijo. Por ejemplo, la Cámara Federal porteña llegó a hacer fuerte apoyo del juez de primera instancia cuando lo autorizó a tomarse una licencia para ingresar en comisión a la Corte. Rosatti y Rosenkrantz junton al comisionado García Mansilla cuando decidieron no tomarle juramento le reprocharon a los camaristas porteños su osadía: no eran ellos los que debían aprobar o denegar la licencia extraordinaria que había pedido el magistrado. Eso les correspondía a los cortesanos, quienes interpretaron en esa maniobra de Comodoro Py un gesto de apoyo incondicional hacia su “delfín”.

Durante la sesión de este jueves tanto Lorenzetti como Comodoro Py fueron acusados por senadores de Unión por la Patria de amenazarlos para votar a favor de Lijo. La senadora Anabel Fernández Sagasti afirmó: “El ministro de la Corte Lorenzetti (está) amenazando a la expresidenta de la Nación de que si nosotros votamos en contra de Lijo van a sacar rapidito el (artículo) 280 para condenarla”. La referencia es a lo que se conoce como “la plancha”, una forma de rechazar recursos que tiene la Corte sin adentrarse en el análisis de los casos. Es una de las posibilidades que, si lo considerara apropiado, tiene el Tribunal Supremo para no hacer lugar a la reciente queja que presentó Cristina Kirchner en el caso Vialidad donde la expresidenta fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. De aplicarse el artículo 280, la sentencia quedaría firme y se haría efectiva. Es decir, CFK iría presa. El jefe del bloque del peronismo en el Senado, José Mayans, denunció algo similar. No dio precisiones pero dijo que le advirtieron que “no se meta con Comodoro Py” porque, dio a entender, podía tener problemas judiciales si no acompañaba el pliego de Lijo. Cristina Kirchner tiene una fuerte ascendencia en el bloque de senadores del PJ. De allí la relevancia de las supuestas amenazas ventiladas.

Al día siguiente de las acusaciones, Lorenzetti dio una entrevista a Eduardo Feinmann en la que dijo que el Senado “tomó una decisión respetable” al rechazar los pliegos de los candidatos del gobierno para la Corte. El expresidente cortesano buscó desligarse de las denuncias en su contra aunque sin meterse de lleno en ellas y aseguró sobre la situación judicial de CFK: "La ley es igual para todos y los procedimientos son iguales para todos. No se puede resolver de acuerdo a los momentos, o de acuerdo a las personas. Yo creo que en eso hay que dar una imagen institucional muy fuerte para la población, para que todo el mundo esté tranquilo. En eso tenemos que ser muy cuidadosos". También le dejó un mensaje a García Mansilla al remarcar: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”. ¿Una invitación a que dé un paso al costado? Cuando le preguntaron si creía que el comisionado tenía que renunciar respondió que era una decisión personal del abogado. La frase Lorenzetti además no es ingenua porque es extensiva a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz quienes durante el macrismo aceptaron entrar a la Corte por esa vía pero luego, por el escándalo que se produjo, terminaron siendo nombrados por la vía constitucional. Lo que evidencia que si vuelve la Corte de tres miembros no estará exenta de feroces internas.