Una detención humillante y abusiva que no le imponen ni a los genocidas: tobillera, visitas limitadas y "no perturbar al barrio"

La Justicia continuó con su hostigamiento y persecución de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al otorgarle el arresto domiciliario en el departamento de San José al 1111 e imponerle severas restricciones que ni siquiera establecen para genocidas. El Tribunal Oral en lo Federal N° 2, que la condenó a 6 años de prisión en la causa Vialidad, ordenó que la dos veces presidenta cumpla la prisión en ese domicilio pero con una tobillera electrónica y limitaciones tanto de visitas como de movimientos. En forma ambigua, por ejemplo, condicionó las salidas de CFK al balcón de su departamento y determinó que “deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”. El mismo tribunal le concedió domiciliaria hace 4 días a un represor y no le impuso semejantes condiciones. Lo que se busca, claramente, es restringir la actividad política de Cristina por lo que sus abogados analizaban si apelar la decisión y pedir que se aclare lo respectivo a sus salidas al balcón.

Las restricciones severas

Con la firma de los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu –el que jugaba al fútbol con el fiscal de juicio Diego Luciani en la quinta Los Abrojos de Mauricio Macri-, el TOF 2 impuso una serie de reglas de conducta para CFK en su arresto domiciliario. Si bien estos magistrados no hicieron lugar a los planteos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de enviar a la cárcel a CFK tampoco habilitaron el pedido de los abogados de la expresidenta de no tener tobillera y le impusieron limitaciones desmedidas que no le imponen ni a los genocidas y vulneran sus derechos políticos.

Según decidieron estos tres jueces, Cristina “deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción”. Ese punto es el general para quienes quedan detenidos con domiciliaria. Pero además a quien es presidenta del principal partido opositor también le impusieron “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”. Y presentar una lista “con las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado”. Esto último implica que toda aquella persona que no sea parte de su círculo chico deberá registrarse para poder verla y recibir autorización de la Justicia. Es una restricción política.

La abogada de Derechos Humanos Guadalupe Godoy tuiteó cuando se conocieron las restricciones: “Mirá vos, autorización judicial para ir a verla. A los viejitos genocidas no les hacen esos controles”.

Otro letrado que litiga en causas de lesa humanidad, Rodolfo Yanzón, explicó a El Destape que la disposición del arresto domiciliario de genocidas “se hizo en una inmensa mayoría sin ningún tipo de control. De hecho, hubo varios casos en los cuales se los encontró en distintas actividades. En la calle, pasando al perro, yendo a comprar el pan o visitando familiares, lo que fuera. Y obviamente sin el uso de tobillera electrónica, que es lo que le están imponiendo a Cristina Fernández”.

Para Yanzón, en lo que hace al régimen de visitas “hay dos cosas que me parece que están de más, que ya es de alguna manera, un agravamiento en la situación, que es dar nombres de las personas que ingresan a la casa. El arresto domiciliario no implica ninguna medida restrictiva para los visitantes de un hogar. Yo la verdad que esto no lo he visto en otros casos. Tengo clientes que están bajo arresto domiciliario y en ningún momento impusieron esta modalidad. Y, por otro lado, esto de no generar algo que pueda perturbar a la vecindad, esto va dirigido a la gente que puede concentrarse. Esto será responsabilidad de quienes se concentren y no de Cristina. Pero bueno, esto recién empieza”, agregó.

Ni a los genocidas le impusieron ese régimen. Por ejemplo, este cronista junto al fotógrafo Gustavo Molfino captó en 2015 al represor Gerónimo Capitán, quien cumplía prisión domiciliaria, abusándose del beneficio de dar vueltas a la manzana que la justicia le había autorizado por razones de salud. Tal como se publicó en el diario Tiempo Argentino el 24 de marzo de 2015, Capitán –preso por crímenes de lesa humanidad durante el Operativo Independencia- se iba a kilómetros de distancia de su casa cuando solo tenía autorizado girar en la manzana por un período de tiempo. Es decir, lo habilitaban a salir de su arresto domiciliario. Como publicó la periodista Luciana Bertoia en Página12 , es una modalidad habitual para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad: Daniel Cuomo, condenado por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), consiguió autorización para salir tres días por semana durante dos horas y una hora más durante el fin de semana. Carlos Mario Castellví tiene caminatas diarias junto a su garante. Y Juan Carlos Rolón también puede salir a recorrer el barrio. Y la lista continúa.

Como bien recordó la dirigente del PTS y abogada de DDHH Myriam Bregman en un tuit del pasado: “Desde las mismas oficinas políticas, judiciales y mediáticas desde donde jamás se dijo una palabra en contra de las condiciones de detención que tienen los represores, se discute ahora la llamada ‘detención domiciliaria’ y sus condiciones. Han lanzado una verdadera cruzada reaccionaria”. En esa línea, Bregman recordó el caso del genocida Jorge Antonio Olivera, alias “el Carnicero”, quien fue condenado por los crímenes que cometió durante la última dictadura, se fugó y aún así obtuvo una domiciliaria en la que hizo un fiestón por sus 50 años de casado en el que cantó Palito Ortega. ¿Le revocaron la domiciliaria después de eso? No. Simplemente, le prohibieron “realizar eventos sociales en su lugar de residencia (donde cumple prisión domiciliaria) que por sus características desnaturalicen el alcance y fin de la pena impuesta, como asimismo que signifiquen una extralimitación al afianzamiento de vínculos familiares permitido”.

Bregman recordó que Olivera es “un militar condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y padre del cura Javier Olivera Ravasi, sacerdote del ala más conservadora y reaccionaria de la Iglesia Católica, conocido por sus fuertes vínculos con la vicepresidenta Villarruel y que tuvo el beneficio de poder organizar una importante comitiva de diputados y diputadas de La Libertad Avanza al penal federal de Ezeiza. Los legisladores ingresaron sin controles y la brava Patricia Bullrich se olvidó de su bravura. El hecho continúa impune en la justicia y en el Congreso”. “Olivera padre fue condenado por numerosos crímenes cometidos en la provincia de San Juan. Se lo conocía como el ‘Carnicero de San Juan’ por su afición a poner ‘carne a la parrilla’, es decir, personas sobre las mesas de tortura. Fue encontrado culpable, entre otros hechos, del secuestro y desaparición de la modelo y militante de Montoneros Marie Anne Erize, en 1976. Sobrevivientes de la dictadura relataron que también se jactaba de haberla violado. Este personaje, desde hace varios años está en arresto domiciliario por ‘cuestiones humanitarias’. Sin embargo, goza de muy buena salud a la hora de festejar sus 50 años de matrimonio: organizó una mega fiesta con banda de música y Palito Ortega como animador. La militante negacionista Cecilia Pando estuvo entre el centenar de invitados”, añadió Bregman. La dirigente del PTS resaltó: “Aclaro que se le concedió la detención domiciliaria a pesar que se fugó varias veces, la última del Hospital Militar, y ahora vive de joda en su casa”.

En otro tuit Bregman recordó el caso del genocida Orlando González, alias “Hormiga”, condenado a prisión perpetua en la causa ESMA quien “solicita salidas para hacer las compras el día que tiene promoción bancaria, en el Coto de Munro, en el Carrefour de Rolón y Amancio Alcorta o para la verdulería 'El boliviano' de Villa Adelina”.

Sin ir más lejos, los mismos Gorini y Giménez Uriburu que impusieron estas restricciones no tuvieron el mismo criterio para el represor Héctor Marc, a quien le concedieron la domiciliaria sin mayores limitaciones. El segundo consideró que debía colocársele un dispositivo electrónico de vigilancia porque “el domicilio donde Marc cumple actualmente su arresto se encuentra en extraña y lejana jurisdicción respecto de este tribunal”. Marc se encuentra en San Carlos de Bariloche. Claramente no es el caso de CFK pero el integrante del equipo de judiciales Liverpool votó por la pulsera electrónica. Gorini adhirió. Lo mismo hizo otro integrante del tribunal Néstor Costabel (no Basso). Solo le impusieron la tobillera por estar lejos y una supervisión semanal por parte del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados de San Carlos de Bariloche para hacer un control. No se impuso ninguna restricción de visitas.

Otro ejemplo que da cuenta del hostigamiento hacia la expresidenta lo dio este martes Javier Timerman, hijo del periodista Jacobo Timerman y hermano del excanciller Héctor Timerman: “Mi padre estuvo preso en arresto domiciliario durante la dictadura genocida . Mi padre según la propia dictadura era el principal enemigo de la Argentina . Estuvo preso 18 meses y siempre pudo recibir visitas de todo tipo . Incluso de la famosa comisión de derechos humanos de la OEA en su histórica visita al país . No tuvo restricciones”. Con su tuit expuso la saña de la Justicia argentina para con Cristina. La misma que sufrió su hermano Héctor quien no pudo tratarse una enfermedad en los Estados Unidos porque el juez Claudio Bonadio se lo impidió en el marco de la causa Memorándum con Irán, otro proceso emblemático de la persecución judicial contra los integrantes de los gobiernos kirchneristas que se reabrió para avanzar con un nuevo juicio contra CFK.

La tobillera como agravio

Gorini, Giménez Uriburu y Basso también ordenaron que CFK cumpla el arresto domiciliario con tobillera. Fue una forma de humillarla porque está más que claro que no había necesidad de eso. No obstante, esos tres jueces dispusieron “a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico” a CFK. Dejan sujeta la decisión de quitársela a una serie de informes que se harán más adelante. Con esto le dieron la noticia que querían los medios hegemónicos de comunicación y sus operadores.

Myriam Bregman contextualizó esta decisión en un tuit de este martes: “De los 498 genocidas que están bajo el régimen de detención domiciliaria, aproximadamente, un 16% tendría colocada una tobillera. Es decir, incorporar un control extra mediante un dispositivo electrónico en el caso de Cristina Kirchner, es un claro agravio político por parte del Tribunal”. Esto queda ratificado en el caso del represor Marc mencionado más arriba y que resolvió el mismo TOF 2 el 13 de junio.

Todas las condiciones de detención serán revisadas por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal cada 3 meses, según dispuso el tribunal, “período de tiempo al cabo del cual se evaluará el grado de acatamiento de las reglas impuestas”.

Los distintos casos que se citan en esta nota evidencian que la decisión de la Justicia en torno a CFK fue claramente política y no tuvo criterio judicial. Tan política como la condena de la expresidenta a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en una causa que estuvo repleta de irregularidades y en la que no hubo pruebas que la comprometieran. Lo que sí está claro que tuvo este proceso –Vialidad- fue jueces vinculados a los sectores de poder que quieren a la expresidenta detenida. Los casos de Giménez Uriburu, Luciani y los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos –que visitaban a Macri en secreto cuando era presidente y son los que revisan las condenas y apelaciones en esta causa- así lo exponen.