A cinco meses de que se comience a evaluar con exámenes de "idoneidad" a todos los empleados estatales, el Gobierno de Javier Milei anunció que no renovará los contratos de aquellos que lo reprobaron. Se trata del 2% de los 41.532 trabajadores, cerca de unos 800, que no aprobaron la Evaluación General de Conocimientos y Competencia, con la que el Ejecutivo pretende "optimizar y fortalecer" la Administración Pública Nacional. Desde ATE lo califican un "disparate" y adelantan que tomarán "medidas judiciales".
A través de la Resolución 48/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se estableció que el Estado sólo podrá "contratar y/o efectuar renovaciones" a quienes obtengan una calificación positiva en la evaluación. "Establécese que, a partir del 1° de julio de 2025, los sujetos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 solo podrán contratar y/o efectuar renovaciones en los términos del artículo 93 de la Ley N° 20.744 al personal que hubiera aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias en los términos de la Resolución de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública N° 26/24, indica el artículo 1° del documento.
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En cuanto a quienes ya tienen tareas y desaprobaron la evaluación, se anunció que serán despedidos desde el 1 de julio. "Establécese que las personas que no hubiesen aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias dentro del plazo dispuesto por el artículo 1° no podrán ser contratadas durante el Ejercicio 2025, por períodos que excedan el 30 de junio de 2025", agrega la resolución.
El último artículo del texto se invita a que "las empresas, sociedades y organizaciones empresariales donde el Estado tiene participación mayoritaria" impulsen medidas de "similar tenor" al momento de efectuar contrataciones de personal.
El repudio de ATE al conocer la resolución
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la medida y la calificó de "ilegal". "Es un disparate inconstitucional, da por supuesto que el desconocimiento es una condición permanente e invariable", indicó Aguiar en diálogo con El Destape.
En ese sentido, adelantó que el gremio tomará "medidas judiciales" para intentar ponerle un freno al cese de los contratos. "Se está afectando derechos constitucionales. Es una joda", advirtió.
Si bien el dirigente gremial dijo estar analizando cuántos trabajadores se verán afectados por este anuncio, en marzo pasado el sindicato detalló que, de los 41.532 empleados estatales que rindieron el examen, más del 98% había aprobado.
"Los reyes del achique y los recortes se gastaron más de 2.500 millones de pesos para estigmatizarnos a los empleados públicos y no pudieron, fracasaron porque todos rindieron bien", señaló el dirigente en su momento.
Hasta el propio ministro Sturzenegger había dicho a fines de diciembre que el 95% de los estatales que realizaron el examen lo habían aprobado. "Es un examen de competencias básicas con tres niveles (servicios generales, administración y profesionales) y me complace informar que el 95% de los empleados están aprobando en su primer intento (tienen tres)", escribió Sturzenegger en su cuenta de la red social X.
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