Diputados consiguió dictamen a la emergencia en discapacidad y se espera una marcha al Congreso

La Cámara de Diputados firmó hoy en comisión un dictamen sobre el proyecto opositor para declarar la emergencia en materia de discapacidad hasta diciembre 2027, un expediente que es rechazado firmemente por el oficialismo. En este marco, agrupaciones que nuclean a personas con discapacidad realizaron simultáneamente una nueva marcha en las inmediaciones del Congreso en rechazo a los múltiples recortes en el sector y en reclamo de la resolución en la Cámara baja.

El plenario de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto se llevó adelante desde el mediodía y deliberó por dos horas, logrando el objetivo de aprobar el dictamen. Ahora, según pudo conocerse, la oposición aspira a sancionar en la primera quincena de mayo. El encuentro se concretó después de que se aprobara un emplazamiento en el recinto de sesiones para que se convoque al plenario de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda, debido a que este último organismo comandado por el libertario José Luis Espert se negaba a habilitar su tratamiento.

La oposición dio el primer paso el pasado 8 de abril cuando lograron votar el emplazamiento para emitir dictamen con 126 votos positivos aportados por Unión por la Patria (UxP), Coalición Cívica, los radicales opositores de Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la libertaria Lourdes Arrieta y la izquierda. El oficialismo, por su parte, había reunido 70 votos en contra entre libertarios, el PRO y radicales con "peluca", mientras que el grueso de la UCR se abstuvo.

El presidente de la Comisión de Discapacidad y autor de la iniciativa, Daniel Arroyo, dijo que “es el resultado de un trabajo conjunto para acompañar a las personas con discapacidad, que se encuentran en una situación muy crítica producto del maltrato institucional y económico que genera este gobierno”. Y agregó: “No se están actualizando las retribuciones para los prestadores de servicios ni los fondos para los trabajadores con discapacidad que están en talleres protegidos. Es evidente que le han pedido a la ANDIS un nivel de ajuste tal que no es posible cumplir”. 

“Nunca estuvieron tan mal como ahora. Este gobierno usa la palabra ‘auditar’ como sinónimo de recortar derechos. Lo hicieron con las universidades, con los jubilados y ahora con las personas con discapacidad. La única política de discapacidad que aplican es la crueldad”, expresó el diputado nacional Eduardo Valdés. Y sostuvo, durante su intervención, que se volvió a poner el foco en la patología y en la "medición de la discapacidad, en vez de entender las barreras sociales".

Tras ello, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) manifestó un "enérgico rechazo" al proyecto de ley y aseguraron, a través de la página web del Gobierno nacional, que se trata de "una iniciativa regresiva, que pela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatendiendo estándares internacionales y postergando la verdadera inclusión". 

En qué consiste el proyecto por discapacidad 

El proyecto declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive y establece que se debe efectivizar "el cumplimiento de la obligación del Estado nacional" asumida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de jerarquía constitucional otorgada por la Ley 27.044. También fija que la ley es "es de orden público y rige en todo el territorio nacional".

Al mismo tiempo, según indica el documento firmado en Diputado, se establece que el Poder Ejecutivo nacional deberá tomar las medidas para la protección y promoción de derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor de la ley 24.901. Mientras que, por otro lado, dispone el "financiamiento adecuado y sostenible delas Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social" y de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a los programas de atención médica.

"Disponer el financiamiento adecuado y sostenible para el efectivo cumplimiento de la Ley 26.816, actualizando la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente dispuesto, asegurando los otros beneficios de la misma y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad", agregaron. Y sumaron la importancia de los mecanismos institucionales de "diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad" a través de las organizaciones que las representan y los prestadores.

Marcha por la emergencia en discapacidad 

En este contexto, agrupaciones que nuclean a personas con discapacidad realizaron hoy una nueva marcha en las inmediaciones del Congreso en rechazo a los múltiples recortes en el sector y para exigir la declaración de la Emergencia Nacional en Discapacidad. Esta convocatoria coincide, de forma intencional, con la reunión de comisión que discutirá la ley de Emergencia que atañe a las personas con discapacidad y que se iba a celebrar la semana pasada, pero debió postergarse por el duelo por el fallecimiento del papa Francisco.

A esta jornada de movilización, se sumaron prestadores de servicios y colectivos aliados con el fin de reclamar "de manera urgente" la aprobación del proyecto de ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027. "Esta iniciativa surge como respuesta a la grave crisis estructural que atraviesan las personas con discapacidad y quienes garantizan su atención, una situación que se ha visto profundizada por el ajuste implementado por el actual Gobierno", sostuvieron desde las organizaciones convocantes.

"El proyecto no solo apunta a resolver urgencias, sino también a garantizar derechos, avanzando en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que posee jerarquía constitucional desde la sanción de la Ley 27.044", sostuvieron. Asimismo, Karina Castagnola, de Hablemos de Autismo Quilmes, señaló que este proyecto "propone el financiamiento adecuado y sostenido" de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de los programas "que han sufrido un fuerte ajuste en todas las áreas: salud, accesibilidad, empleo y protección social".