En medio de que la Justicia decidiera ponerle un freno a parte del decreto con el que Javier Milei eliminó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un vecino de un barrio popular de Córdoba y la directora de una importante ONG aseguraron que su eliminación dejó "obras a medio hacer" y personas "sin trabajo".
"Las cooperativas hicimos lo imposible para sostener las obras porque con los recortes, muchas veces tuvimos que priorizar tareas esenciales como abrir calles o garantizar el acceso al agua", dijo el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Javier Montalvo, en declaraciones al medio local La Nueva Mañana.
En febrero de 2024, Milei había dispuesto por decreto la reducción al mínimo del FISU, administrado por movimientos sociales y dedicado a proyectos de integración urbana de los barrios populares, al achicar del 9% al 0,3% los fondos destinados al mismo. "Nos organizamos con los vecinos, gestionamos donaciones y hasta pusimos de nuestros bolsillos para no frenar todo. Pero la falta de financiamiento nos dejó con obras a medio hacer y compañeros sin trabajo", agregó Montalvo.
Según el último informe de Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), cientos de miles de personas viven en 318 barrios populares de todo Córdoba hay y otras tantas en los 172 de la capital provincial.
Desde la organización sin fines de lucro Techo, que recibía aportes y trabaja en los barrios populares La Toma, Ampliación Cabildo, Chingolo 4, Ampliación Ferreyra, Los 40 Guasos y El Trencito, también destacaron el rol del FISU. "Cuando se va el Estado del barrio, entra el narcotráfico. Son soluciones estructurales para las que tenemos que luchar. Los pibes están en la calle, no tienen donde estar, con el fondo se creaban bibliotecas populares, espacios para que estén acompañados en las comunidades”, dijo la directora de Techo Córdoba, Ayelén Cabaña.
Para la titular de la ONG, este tipo de programas "es la única forma" que tienen muchas familias para poder "acceder a los servicios básicos". "El fondo fue una herramienta que nos permitió llevar servicios básicos en barrios populares. Hubo un consenso político para su aprobación. Ningún partido político votó en contra. Era una deuda histórica. Desde Techo vamos a seguir exigiendo una Argentina inclusiva”, concluyó.
Según detalló un informe de la fundación Techo de diciembre de 2024, la falta de financiamiento a la política de integración social y urbana durante 2024, debido entre otros puntos a la reducción del FISU, "traza un panorama crítico de no ser revertido".
La Justicia frenó parte del decreto de Milei
Este viernes, el Juzgado Federal de Pehuajó resolvió hacer lugar a la medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que patrocina a vecinos de barrios populares.
La decisión judicial suspendió los efectos y aplicación de los artículos 1,4,5 y 8 del Decreto Nº 312/2025 que disponen la liquidación de la totalidad del patrimonio que compone el FISU. Según se explicó, el gobierno de Milei solo podrá disponer de los fondos del fondo para garantizar la continuidad de las obras y las políticas de integración urbana, y no para otros fines.
Además, el juez multó al actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, al pago de $200.000 por día de demora en el cumplimiento de lo exigido por la Justicia: que presente un plan de urbanización de barrios populares y continuidad de la política paralizada.
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