La connivencia entre negocios inmobiliarios, presunto lavado de activos y poder político volvió a quedar bajo la lupa. Una investigación publicada por Revista Crisis reconstruye la secuencia por la cual Lener Constructora S.A. y el Grupo Dinal —señalados por el Ministerio de Seguridad en 2023 como engranajes financieros del clan narco de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba— lograron en 2025 una excepción al Código de Ordenamiento Territorial de Mar del Plata para levantar una torre de 14 pisos donde solo se permiten ocho. La autorización fue otorgada por el intendente Guillermo Montenegro (PRO) tras un trámite exprés en el Concejo Deliberante y con una pieza clave: un escrito presentado por el estudio de abogados Cúneo Libarona, cuyo socio es hermano del actual ministro de Justicia de La Libertad Avanza.
Estado de excepción
El 29 de diciembre de 2023, a 19 días de la asunción de Javier Milei, la ministra Patricia Bullrich anunció en conferencia de prensa un “golpe al narcotráfico” contra el clan Villalba. Allí apuntó a Lener Constructora y al Grupo Dinal como eslabones financieros de una “red compleja y sofisticada”. Según la gacetilla oficial, la Justicia Federal de San Martín detectó depósitos en efectivo por más de 400 millones de pesos en cuentas de esas firmas entre 2020 y 2023, y promovió 21 allanamientos que derivaron en la sospecha de autofinanciamiento a través de sociedades “de papel”. Parte de esos fondos habría impulsado proyectos en San Martín, Luján, Nordelta, Mar del Plata e incluso en España y Brasil.
Pese a aquel encuadre, el expediente marplatense se reactivó en 2025. El 17 de junio, la Comisión de Obras del Concejo Deliberante aprobó en 1 minuto y 20 segundos la excepción solicitada por Lener para el predio de Güemes y Colón, a dos cuadras del Torreón del Monje. El concejal libertario Luis Recalt se abstuvo por “dudas”, mientras Juan Cheppi (Frente Renovador) votó en contra. Luego, la Comisión de Legislación también dio el visto bueno con la oposición de Mariana Cuesta (UxP) y Horacio Taccone (Acción Marplatense). El 25 de junio, el pleno del Concejo sancionó la ordenanza con el respaldo del oficialismo (Coalición Cívica, UCR y PRO), y ese viernes el intendente Montenegro la promulgó por decreto.
Cúneo al rescate
La pieza que destrabó el trámite fue un escrito presentado el 18 de febrero de 2025 por el Estudio Cúneo Libarona, que sostiene que las sociedades y sus titulares “en modo alguno serán vinculados” a la causa penal de San Martín. Crisis recuerda, además, que el mismo estudio representó a “Mameluco” Villalba en el proceso por el que fue condenado como organizador y financista del narcotráfico.
Consultado por la revista, Matías Cúneo Libarona respondió: “Conozco muy bien el caso. Aunque no estoy autorizado por mis clientes a brindar información”.
Por pedido de la publicación, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) analizó la documentación aportada por la empresa (incluidos reportes de la ARCA) y concluyó que existen “alertas significativas (red flags) de alta exposición a riesgos de lavado”. El organismo planteó que no alcanza con la nota de un estudio jurídico para despejar sospechas, y advirtió sobre la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios que habiliten negocios “especialmente expuestos a la atracción de flujos financieros ilícitos”.
La investigación periodística focalizó en la familia Ruiz —identificada en la gacetilla oficial como “familia R”—, con Néstor Eduardo Ruiz y Leandro Néstor Ruiz al frente de un conglomerado que se multiplicó desde 2016 y aceleró en 2020: además de Lener y Grupo Dinal, figuran DNL Proptech, DOSR, Nebruc, Main Progress y decenas de fideicomisos. En el exterior, crearon sociedades en Brasil y España, donde se involucraron en el salvataje del Club Deportivo Guadalajara y en la representación de futbolistas. Según Crisis, Lener Emprendimientos SL podría enfrentar sanciones administrativas por no presentar balances, un dato aportado por el periodista Yago Álvarez (El Salto), en un rubro —el fútbol— históricamente vigilado por su vulnerabilidad al lavado.
La pesquisa penal tramita en el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence, con intervención de la Fiscalía Federal de Tres de Febrero. De acuerdo con la investigación, permanecen imputadas Grupo Dinal S.A., Lener Constructora S.A. y tres personas vinculadas al esquema societario. Ninguna de ellas pertenece a la familia Ruiz. La revista intentó conocer avances de la causa sin obtener respuesta. También consultó a Guillermo Montenegro y a la vocería municipal: no respondieron.
En diálogo con Crisis, Néstor Eduardo Ruiz negó vínculos con Villalba, aseguró haber sido desvinculado de la causa y desmintió las afirmaciones de Bullrich.
El escándalo vuelve a impactar en el corazón de La Libertad Avanza y sus aliados: salpica a la ministra Bullrich, cuya megadenuncia no impidió que la empresa señalada avanzara con un beneficio urbanístico relevante; y compromete al intendente Montenegro, que firmó la excepción. La intervención del estudio Cúneo Libarona —que defendió a Villalba y ahora asesora a la constructora— agrega un conflicto político de alto voltaje alrededor del ministerio de Justicia.
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