El Gobierno de Entre Ríos se prepara para dar una nueva batalla legislativa de peso: una reforma previsional que tiene como objetivo sanear la Caja de Jubilaciones. El organismo se ha convertido en el "Tendón de Aquiles" de la estructura presupuestaria de la Casa Gris, con un déficit creciente que si bien podría ser mayor, no logra ser contenido con medidas aisladas. La gestión de Rogelio Frigerio ha aplicado sucesivas determinaciones a los fines de bajar el rojo, pero desde la Administración consideran que esos primeros pasos han sido solo una primera etapa de un proceso que debe ser más amplio y cuyo fin apunta a que el sistema goce de previsibilidad y buena salud a futuro.
Oportunamente, el exgobernador Gustavo Bordet había mencionado la necesidad de debatir la "sustentabilidad" de la Caja, alertando sobre la fuerte caída de activos por cada pasivo que se registraba. De un número óptimo de 3,5 a 1, se estaba en menos de 2 a 1. Lo había hecho en el inicio de las Sesiones Ordinarias de 2020, cuando nadie podía anticipar que una pandemia obligaría a dejar en stand by cualquier planificación política durante ese año y casi todo el siguiente. En la segunda mitad de ese último mandato que lo tuvo al frente del Poder Ejecutivo hasta diciembre de 2023, había reconocido la problemática, pero no hubo mucho esmero en avanzar seriamente en un proyecto que ponga sobre la mesa la situación.
Cuando Frigerio asumió hace poco más de dos años, adelantó que la Caja de Jubilaciones era una "bomba de tiempo". El exministro del Interior implementó así, a través de los nombres designados al frente del organismo, una serie de medidas tendientes a mejorar el perfil del pasivo. Se ejecutaron auditorías internas, acompañadas de otros mecanismos de control exhaustivos. Como plato principal, se le sumó un decreto aumentando el aporte de los trabajadores activos, que subió del 16% al 19%. A su vez, aplicó un 3% a los pasivos con jubilación ordinaria especial, estableció una suma diferida -quienes se jubilan antes de la edad ordinaria continúan aportando hasta alcanzarla-, blanqueó códigos para evitar pagos que no remunerativos y comenzó una ardua gestión con Anses, a los efectos de obtener fondos adeudados en materia de recursos por ser una de las pocas cajas que no fueron transferidas a la Nación, una situación que se mantiene por Constitución provincial.
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De hecho, en octubre de 2025 se informó la firma de un convenio para el pago de casi $50 mil millones, que es solo una parte de lo que debe llegar desde Buenos Aires. La diferencia es materia de debate.
La batería de decisiones adoptadas controló un déficit cuya curva comenzó a caer sostenidamente. Hoy el cálculo es que el rojo mensual de 30 mil millones de pesos sería del doble si no se hubiera actuado. Ahora, el gobierno considera que es el momento oportuno para avanzar en una reforma de fondo, que -aseguran- no tocará el 82% móvil -la principal bandera que defienden gremios e instituciones vinculadas a los jubilados- pero que sí avanzaría en modificaciones sustanciales del sistema, especialmente las edades y los regímenes especiales, como los de docentes y otros sectores. El proyecto aún no fue dado a conocer, pero se han adelantado algunos puntos que hoy son materia de debate dentro de los sindicatos y en las organizaciones relacionadas con el sistema previsional.
"Esta reforma no es para ahora, es para los próximos 20 años. Lo más cómodo hubiera sido no hacer nada, terminar el mandato y dejar que todo siga igual. Pero no es la intención del gobernador Rogelio Frigerio ni de quienes estamos dedicados a que haya un sistema previsible a futuro", explicó Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones. El funcionario agregó luego: "Es increíble, pero uno hoy escucha que los mismos que durante 30 años dejaron que el déficit se agrandara y aprobaron regímenes especiales sin medir consecuencias, hoy critican esta determinación. Entonces nosotros lo que pedimos es que nos digan cómo lo resolvemos, pero sin dejar de preguntarnos por qué durante décadas no hicieron nada mientras la bola de nieve se agrandaba".
Bagnat dejó en claro que el 82% móvil no se va a tocar, pero que sí "se va a calcular como corresponde". Y explicó: "Entre Ríos es la única provincia del país que paga ese porcentaje sobre el bruto y no lo vamos a modificar. El tema es que, en casos, ese 82% por ser móvil se ha convertido en casos en más del 110%. Eso produjo que hoy haya pasivos con ingresos promedio de 1.5 millones mientras los activos apenas superan el millón".
El funcionario admitió que los regímenes especiales podrían ser modificados, al igual que las edades de jubilación ordinaria, aunque evitó entrar en detalles: "No hay nada definido, lo estamos estudiando y sobre todo lo estamos charlando. Queremos hablar con todos y escucharlos, pero también debemos ser claros y decir que no podemos permitir que el sistema siga como hasta ahora porque es una bomba de tiempo. Si no hacemos nada, hay 120 mil personas cuyo futuro jubilatorio está en la cuerda floja. Está buenísimo hablar, pero cuando hay que administrar es distinto".
Bagnat dijo que acepta las críticas de los gremios, pero adelantó que si o si en 2026 habrá una modificación de la Caja: "Uno escucha que se oponen, pero no dicen cómo tenemos que hacer para evitar que la deuda crezca, que demos previsibilidad. Y la realidad es que uno entiende la postura de los sindicatos, pero hay un andamiaje colapsado, con gente que cobra jubilaciones tope de gama después de haber trabajado un período muy corto".
Para finalizar, el funcionario aclaró que Entre Ríos, en relación a los sistemas previsionales en general, está "atrasado". "Entre las mujeres, en el mundo no baja de 58 años, o sea que no figuramos. Entre los varones, estamos entre los últimos. Tiene que haber un debate urgente de este tema".
Los gremios, por su lado, ya se han manifestado. Desde Agmer, principal sindicato docente, aseguraron que no aceptarán ningún cambio que signifique resignar derechos adquiridos. En las últimas horas, autoridades del sindicato mantuvieron contacto con vocales de la Caja y de la Federación de Jubilados, otra entidad que ya ha pedido que el debate no signifique pérdidas para el sector pasivo. Todo indica que los maestros -que hoy pueden jubilarse a los 52 años con 25 de aporte, de los cuales 10 deben ser frente al aula- sufrirán cambios en su esquema a futuro.
Los estatales también están en alerta, habida cuenta que el régimen es diferente al nacional: 57 años para mujeres y 62 para varones. Lo mismo podría correr para fuerzas de seguridad. La promesa es que esas variaciones no sean abruptas, sino que escalonadas. La letra final del proyecto hoy se pule puertas adentro de la Casa Gris.
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