Escala el escándalo cripto en la Justicia: imputaron a Javier Milei, denunciaron a Karina y se suman denuncias en EEUU

El fiscal Eduardo Taiano imputó y abrió una investigación al Presidente por su accionar en el caso $Libra y ordenó medidas de prueba. A la par, fue denunciada la hermana del mandatario por supuestos pedidos de coima para coordinar audiencias con Milei. Y se suman denuncias en los Estados Unidos por parte de argentinos pero también estudio locales analizan iniciar planteos.

23 de febrero, 2025 | 00.05

A poco más de una semana del estallido del escándalo cripto, el caso $Libra escala en tribunales. El fiscal Eduardo Taiano imputó este viernes y comenzó a investigar al presidente Javier Milei en Comodoro Py y ordenó las primeras medidas de prueba. También se presentaron acusaciones contra su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, por el presunto cobro de coimas para reunirse con el jefe de Estado. Y, como si eso no fuera suficiente, la Fiscalía Anticorrupción tomó cartas en el asunto y se suman nuevas denuncias por toda esta trama en los Estados Unidos.

A la presentación que realizó el estudio Moyano & Asociados ante el Departamento de Justicia del país del norte se agregó otra que realizó el dirigente y abogado Juan Grabois, quien hizo presentaciones ante el FBI Internet Crime Complaint Center (IC3) y la Federal Trade Comission y la semana próxima recurrirá a la SEC y a la European Securities and Market Authority. Como si fuera poco, el estudio de abogados de Nueva York Burwick Law, que dice representar a cientos de clientes que perdieron millones en la supuesta estafa de $Libra, adelantó que prepara una demanda.

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Comodoro Py imputa e investiga a Milei

El fiscal Eduardo Taiano imputó y comenzó a investigar este viernes al presidente Milei. Ordenó las primeras medidas de pruebas. El interrogante que se abre respecto al fiscal es cómo actuará en este caso. Su hijo Federico fue designado en agosto del año pasado con un cargo en el Poder Ejecutivo. Fue nombrado titular de la “Unidad Bienes Decomisados”, que depende de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Se trata de un organismo calificado como “temporario” que está bajo la órbita de la jefatura de gabinete de ministros que comanda Guillermo Francos.

Este viernes, Taiano comenzó a circunscribir el objeto a investigar: “En concreto, se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados, los cuales podrían encuadrar en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho”.

Davis, representante de Kelsier Ventures, es quien está atrás del token $Libra. A Peh, CEO de KIP Protocol, también se lo vincula con el lanzamiento de la memecoin. Novelli es fundador de Tech Forum y trader financiero que tiene una escuela de negocios donde Milei daba clases hasta poco antes de asumir la Presidencia; Terrones Godoy es un influencer cripto y socio de Novelli; y Sergio Morales, asesor del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y también socio de Terrones Godoy. Los tres mantenían reuniones en la Casa Rosada con Javier y Karina Milei y fueron vinculados a este escándalo. Aparecen mencionados como intermediarios.

Según reveló este miércoles Alejandro Bercovich en C5N, Davis mandó a confeccionar un contrato para convertirse en el asesor exclusivo del gobierno argentino en materia de tecnología Web3/blockchain. Según Bercovich, se trata de un borrador del contrato, que no llegó a firmarse. Las partes involucradas fueron Kelsier Group Co, es decir, Davis, y tres representantes por “Argentina”: Novelli, Terrones Godoy y Morales.

Taiano tomó una serie de medidas para avanzar con la investigación del caso, que explotó el viernes pasado. Por un lado, pidió informes a distintos organismos públicos, como el Banco Central (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Inspección General de Justicia (IGJ) y a privados para buscar información sobre la presunta estafa que se realizó con el token $Libra.

En la respuesta que entregue la CNV se debería dar algún tipo de referencia a un dato informado este viernes por Gabriel Morini en Ámbito: que la empresa de Hayden Davis, creadora del token $Libra, nunca se inscribió en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) de la CNV, donde se anotan las personas físicas y jurídicas con operaciones de criptoactivos en la Argentina. El presidente Milei había justificado la promoción de la criptomoneda porque la vinculaba a un supuesto proyecto que buscaba potenciar el financiamiento de emprendedores en la Argentina por lo que no estar anotada en ese registro podría transformarse en un inconveniente para el Presidente.

Taiano también ordenó darle intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación “para que colaborara en la preservación y recuperación de evidencia”. Básicamente, que rastree los sitios de Internet vinculados a la criptomoneda. Se esperan por más medidas “que se adoptarán en los próximos días, con el objeto de dilucidar los sucesos denunciados”, adelantó el fiscal, que recibió el caso el jueves luego de que le fuera delegado por la jueza María Servini.

El caso que tienen Servini-Taiano reúne todas las denuncias radicadas en Comodoro Py por el criptoescándalo. Se trata de una decena. Entre ellas se cuentan las presentadas por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el economista Claudio Lozano –la primera sorteada-; el diputado Itai Hagman con el patrocinio de Juan Grabois; Elisa Carrió con diputados de la Coalición Cívica; el abogado Gregorio Dalbón; el dirigente de la UCR y abogado, Agustín Rombolá; la que hizo la abogada Victoria Donda; entre otras. Los denunciantes le adjudican a Milei distintos tipos de delitos que van desde estafa o defraudación a negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de poder e incumplimiento de deberes. No faltan quienes creen que debe investigarse también una posible asociación ilícita entre privados y funcionarios públicos.

También hubo presentaciones en el fuero Penal Económico, desde donde requirieron una certificación de las causas que tramitan en Comodoro Py lo que podría derivar en un conflicto de competencia. Fuentes judiciales señalaron a El Destape que “las calificaciones provisorias ubican a Comodoro Py como prevalente frente a Inmigrantes”.

Centralmente lo que se denuncia es que el presidente Milei tuiteó casi al mismo instante en que se lanzaba el token $Libra para darle impulso y había sido parte de una estafa. El posteo presidencial implicó que la cotización del memecoin se disparara. Pasó de valer U$S0,01 a U$S5. Luego esa cotización se desplomó, “debido a operaciones de venta que habría concretado el equipo creador del token, principales tenedores del activo, y otros actores que habrían accedido a información privilegiada respecto del lanzamiento, lo que habría posibilitado el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares, por parte de unas pocas wallet addresses”, señaló Taiano. Ese dinero quedó en muy pocas manos. “Además, esa maniobra habría generado una pérdida de valor en las tenencias de más de cuarenta mil personas que habían comprado el token, luego de la publicación del presidente”, agregó el fiscal. En declaraciones públicas, Davis dijo que era asesor de Milei y que  los 100 millones de dólares pertenecen a la Argentina.

Ante este cuadro, un interrogante se hace inevitable: Si Milei fue “utilizado” por Davis, ¿por qué no lo denuncia?

Las denuncias contra Karina

En el marco del caso $Libra ya se sumaron ampliaciones de denuncia que apuntan a Karina Milei por el presunto pedido de dinero para coordinar encuentros con su hermano presidente.

El dirigente de la UCR y abogado, Agustín Rombolá, amplió este jueves la denuncia que realizó en Comodoro Py por el criptoescándalo y agregó información que compromete a la secretaria general de la Presidencia.

En relación a Karina Milei, Rombolá mencionó en su ampliación que “se comenzó a mencionar el 19/2/2025, (que) la nombrada habría cobrado dinero para acercar a Hayden al Presidente de la Nación y así hacer que Milei haga lo que Hayden quiera”. “Todo empieza con un comunicado de Coindesk y luego el diario La Nación publica unos chats en los que se haría referencia que Hayden le dio a Karina Milei 5 millones de dólares para que el Presidente Milei haga lo que quiera Hayden, y que Hayden controla al Presidente”, se agregó en la ampliación de denuncia.

Luego Rombolá, quien ratificó lo denunciado este jueves en tribunales, añadió: “La cuestión se pone peor si a esto se le suma lo dicho por Charles Hoskinson (fundador de Ethereum) el domingo 16/2/2025 en cuanto manifestó por Youtube que personas cercanas al Gobierno de Milei le habrían pedido dinero para organizarle una reunión con el Presidente y que con ello podrían pasar ‘cosas mágicas’”. “Asimismo, revela el diario ‘Página 12’ que otro empresario del mundo tecnológico -Diógenes Casares - también habría recibido pedidos de dinero para reunirse con el Presidente”, señaló el dirigente radical quien pidió que en la pesquisa también se investigue al vocero Manuel Adorni que fue parte de algunas reuniones con los empresarios involucrados en el escándalo.

El abogado Gregorio Dalbón, por su parte, también realizó una ampliación en la que pidió que se cite a prestar declaración testimonial al mentado Diógenes Casares. Casares, cofundador de la firma Stream Finance, “detalló maniobras de sobornos y pagos ilícitos efectuados por empresarios vinculados al ecosistema cripto a funcionarios del actual Gobierno Nacional, con el objetivo de lograr la promoción del token $LIBRA por parte del Presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei. Durante su declaración pública, Casares manifestó que empresarios desembolsaron la suma de U$S5 millones para lograr que el Presidente de la Nación publicara la estafa vinculada con $LIBRA en sus redes sociales, lo que constituiría un hecho de suma gravedad institucional”, mencionó Dalbón.

A esto se suma que llegaron denuncias a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que está cargo del fiscal Sergio Rodríguez, recibió 4 denuncias anónimas por el accionar del presidente Javier Milei con la memecoin $Libra. Se nuclearon todas en un expediente de la PIA. A su vez, también ingresó una presentación de la legisladora porteña Graciela Ocaña pidiendo se investigue el presunto pago de dinero para poder acceder a una audiencia con el jefe de Estado. Esta denuncia es por tráfico de influencias y derivó en la apertura de otro expediente en la Fiscalía Anticorrupción.

Las demandas en EEUU

El critpoescándalo también avanza en los Estados Unidos. El abogado Mariano Moyano Rodríguez del estudio Moyano & Asociados, especializado en casos de insolvencia internacional y fraudes financieros, hizo una presentación ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. para que tome cartas en el asunto. En su presentación, a la que accedió El Destape, el letrado dice representar a 40 damnificados y pide se investigue a quienes están detrás de la memecoin $Libra pero también a Mieli por su rol en toda esta supuesta megaestafa.

Juan Grabois también acudió a Estados Unidos además de realizar una denuncia en la Argentina. El dirigente político y social hizo presentaciones ante el FBI Internet Crime Complaint Center (IC3) y la Federal Trade Comission y la semana próxima, según indicaron de su entorno, recurrirá a la SEC y a la European Securities and Market Authority.

Por su parte, el estudio de abogados de Nueva York Burwick Law, que dice representar a cientos de clientes que perdieron millones en la supuesta estafa de $Libra, adelantó que prepara una demanda. Según indicó Max Burwick, el socio gerente del bufete a La Nación, “estamos investigando y entendiendo qué ocurrió para buscar posibles opciones legales para nuestros clientes”. Una posibilidad que analiza es presentar una acción colectiva en una corte civil de Estados Unidos.

Lo suceda en Estados Unidos no es menor. Puede ser lo que termine de marcar el compás político-judicial del caso en la Argentina.