La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) presentaron este martes un amparo judicial para declarar inconstitucionales los artículos de Ley Bases que pretenden ajustar y modificar la estructura y las funciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). También piden impedir reubicaciones, cesantías y despidos en el organismo y dejar nulos artículos del DNU 462/2025 que provocan una "desviación de poder" que "oculta la disolución, la desfederalización, y el vaciamiento" del organismo.
“En la calle y en la Justicia, estamos demostrando que el Gobierno de Milei no es invencible. Uno por uno, vamos a voltear todos los decretos”, indicó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en un comunicado. En su mensaje, el gremialista recordó que la Justicia le dio la razón por el "derecho a huelga" y también por el Día del Empleado Público y por el cierre de Vialidad. “Son un mamarracho. Tienen tanta ambición en generar negocios para los empresarios que ni siquiera supieron aprovechar las facultades extraordinarias", agregó.
Según se detalló, la medida cautelar será "para solicitar que se declaren inaplicables las facultades delegadas" de hacer modificaciones sobre el INTA, establecidas en la Ley 27.742, más conocida como Ley Bases y Puntos de Partida, y sus artículos 1,2 y 3. También se solicita la inconstitucionalidad de los Artículos 59 al 69 del DNU 462/2025, que configura "una desviación de poder que oculta la disolución, la desfederalización, y el vaciamiento" del organismo. "De este modo las y los trabajadores comenzaron a recorrer el camino judicial para frenar el desguace del organismo pretendido por el Gobierno de Javier Milei", se agregó en el texto.
Por otro lado, también piden un amparo que suspenda provisoriamente los efectos de los artículos de este DNU y que la Justicia ordene al Estado que "se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que implique reubicaciones, cesantías, pases a disponibilidad, traslados, despidos, rescisiones o no renovaciones contractuales".
En ese sentido, solicitan el cese de "cualquier otra medida de reestructuración y/o reorganización del personal que implique la reducción de la dotación del organismo, garantizando la ocupación efectiva y sus derechos laborales emergentes consagrados en los Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 y 127/06".
El artículo 3 de la Ley Bases, uno de los más relevantes
Entre los artículos que ATE y APINTA buscan dejar nulos se encuentra el artículo 3 de la Ley 27.742, que pretende "la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario" y la "reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias" de diversos organismos públicos, entre ellos el INTA.
"Artículo 3°- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada contemplados en el inciso a) del artículo 8° de la ley 24.156 que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente: a) La modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y b) La reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos", apunta la ley.
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