Tras la renuncia de Dante Javier Herrera de la Secretaría Legal y Técnica, el Ejecutivo nacional anunció una serie de cambios en Casa Rosada, que van en línea con la fusión y el achicamiento del Estado. De esta forma, la Secretaría vacante será fusionada con la de Planeamiento Estratégico Normativo y su responsable será María Ibarzabal Murphy, abogada que saltó del sector privado -trabajaba en el estudio Cassagne-, redactora de la polémica mega Ley Bases y parte de la comitiva cercana asesor presidencial Santiago Caputo.
Ibarzabal Murphy “cuenta con una amplia trayectoria en los ámbitos público y privado, y ha desempeñado un rol clave en la presente gestión al liderar la redacción y la estrategia jurídica de iniciativas fundamentales impulsadas por el presidente, Javier Milei”, señalaron en un comunicado difundido por cuenta de redes sociales Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) sobre la mujer que desembarcó en el Gobierno en abril del año pasado, en la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo.
Entre las aptitudes de Ibarzabal Murphy desde el Gobierno destacaron, además de la redacción de la mega Ley Bases, también, la reforma estructural de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex AFIP, ahora ARCA), la implementación de la Boleta única de Papel, la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), la eliminación de "privilegios" en empresas públicas y de designaciones hereditarias, así como el reciente decreto de necesidad y urgencia relacionado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el comunicado, el Gobierno manifestó su agradecimiento a Herrera Bravo "por los servicios prestados" y reafirmó su "compromiso de continuar trabajando con eficiencia, austeridad y los mejores profesionales para consolidar una administración pública al servicio de todos los argentinos".
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Quién es Ibarzabal Murphy
Es abogada de profesión y magíster en derecho administrativo y se destacó por ser una de las tantas funcionarias dentro del Ejecutivo de Milei que saltó del ámbito privado para pasar al sector público. Su lugar fue cuestionado, de hecho, durante la Ley Bases, por la ex secretaria de Legal y Técnica durante el gobierno de Alberto Fernández Vilma Ibarra, como por otros varios senadores y ex funcionarios: "Los estudios jurídicos privados están para asesorar a los privados y no para redactar decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Causal de nulidad", escribió Ibarra en sus redes sociales luego de que Milei firmara el mega decreto 70/2023 que, según se difundió, en cuya redacción estuvieron involucrados grandes estudios de abogados.
Meses después, la mujer se incorporó al Ejecutivo, fue cuando presentó su renuncia Armando Guibert a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública que dependía de Nicolás Posse. Guibert fue funcionario del gobierno de Carlos Menem y era uno de los cerebros de las reformas del Estado, en línea con Federico Sturzenegger, el cerebro detrás del DNU, apuntó entonces el portal Letra P.
Ibarzábal, en tanto, asumió sus funciones bajo dependencia directa del Presidente y fue nombrada en ese lugar por sugerencia de Caputo, el hombre de mayor confianza de Milei. La ahora nuevamente flamante secretaria es prima de Emilio Basalvibaso, extitular de la ANSES durante la gestión de Macri y hermana de Santiago Ibarzabal Murphy, que fue subdirector Ejecutivo de Prestaciones de ese organismo también durante la gestión de Cambiemos. Ella misma también trabajó en la gestión Macri, en la Procuraduría del Tesoro.
Ibarzábal además no sólo ofició como redactora de la Ley Bases sino de defensora ante el Congreso de la Nación. Allí, se ocupó de aportar conocimientos técnicos, aprobaba o rechazaba modificaciones o propuestas en función de las posibilidades legales y, a la hora de intervenir en el Senado, se ocupó de explicar las modificaciones de la Ley 19.549 de procedimiento administrativo, dijo que la estructura del Estado “esta sobredimensionada” y que “la gestión es ineficiente”.
“Las reformas tienden a modernizar el procedimiento y a generar mayor seguridad jurídica con el único fin de incentivar la inversión y el desarrollo del sector privado”, sostuvo.
El estudio Cassagne, desde donde llegó, es uno de los más reconocidos del país en materia administrativa y trabaja con grandes empresas. Ibarzábal se incorporó a la firma en agosto de 2022, según su LinkedIn. Este estudio, junto con Marval, O'Farrel & Mairal, Bruchou y Bombchil, son los señalados por haber participado de la redacción del decreto -denunciado por inconstitucional por diversas organizaciones- 70/2023.
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