Desde fines de 2024 y durante 2025, la Agencia Nacional de Discapacidad implementó una baja masiva de pensiones no contributivas por discapacidad. En ese marco, se registraron miles de casos de personas que recibieron “cartas documento” de auditoría, sin notificación efectiva, y quedaron sin el beneficio de un día para otro. “Lo que hizo la Agencia Nacional de Discapacidad fue el acto más cruel y nefasto de la historia reciente”, dispara Laura Lavega, referente en discapacidad de la provincia de Buenos Aires. Este recorte dejó a miles de personas sin ingresos ni cobertura médica durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei.
En una entrevista con El Destape, Lavega aclara que nadie se opone a las auditorías, pero denuncia el método con el que fueron ejecutadas: “El Estado tiene la obligación de controlar los beneficios, pero lo que hicieron no fueron auditorías: fueron recortes y motosierra a mansalva”. Según relata, empleados de la agencia llegaron a recibir premios por alcanzar mil bajas de pensiones, un dato que califica como “vergonzoso”.
“Trabajar en la ANDIS antes era un orgullo. Hoy es una vergüenza”, sentencia.
Escándalo en la ANDIS: coimas, un 3% y el círculo cercano de Milei.
El escándalo que envuelve a la ANDIS saltó a la luz cuando, en agosto de 2025, se difundieron audios atribuidos al ex director de la agencia, Diego Spagnuolo, donde describe un presunto esquema de sobornos vinculados a contratos de provisión de medicamentos para personas con discapacidad.
Según esas grabaciones y la investigación judicial que las acompaña, los contratos adjudicados a la Droguería Suizo Argentina crecieron de manera exponencial: de unos 3.898 millones de pesos en 2024 a 108.000 millones en 2025. En los audios, Spagnuolo señala que los laboratorios debían pagar retornos de entre el 5 % y el 8 % del monto facturado al organismo, “y un 3 % va a parar a Karina Milei”, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente.
La Justicia federal levantó el secreto de sumario el 18 de septiembre de 2025, y la causa quedó radicada en el juzgado a cargo del juez Sebastián Casanello, quien ordenó una batería de allanamientos y el secuestro de teléfonos y miles de dólares en efectivo. El Congreso aprobó el dictamen para interpelar a Karina Milei señalándola como pieza clave en la investigación.
“Inusitado es lo que ocurrió en la Agencia Nacional de Discapacidad con el escándalo de las coimas”, sostiene Lavega y agrega: “Mientras a miles de personas con discapacidad no se les dan sus prestaciones, sus remedios, sus prótesis, su transporte, nos encontramos con que se desviaba el 3% a Karina Milei”
Para Lavega, el hecho trasciende la corrupción política: es un signo del desmantelamiento y deshumanización del sector, cancelando prestaciones mientras el dinero público se desvía. “Más casta que esto no se consigue”, sentencia.
El veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Congreso aprobó a mediados de 2025 una ley que declaraba la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027, con el objetivo de asegurar la actualización de aranceles, garantizar prestaciones y reforzar pensiones para personas con discapacidad. Sin embargo, el presidente Milei vetó la ley argumentando la falta de fuente de financiamiento. El Senado, a comienzos de septiembre, revirtió ese veto por 63 votos a favor y 7 en contra, un hecho histórico. Luego Milei postergó su aprobación y fue denunciado por incumplimiento del funcionario público.
“Tuvimos casi dos años luchando por la ley de emergencia en discapacidad… Se aprueba con una mayoría que pocas veces vista... La promulga y no la aplica. Es inconstitucional. Nunca visto en la historia", explica Lavega. “Parece que se especula con los más vulnerables y los más débiles, viendo si se mueren antes que les llegue la plata", agrega.
A la par, la falta de actualización del nomenclador nacional —el sistema que regula los aranceles para prestadores— puso en jaque a miles de instituciones y profesionales del sector.
“No tenemos actualización desde noviembre de 2024. Nos tienen con la soga al cuello”, advierte.
La falta de aumentos impacta directamente en los centros de día, terapias, hogares y servicios que dependen de tarifas reguladas. Con costos que suben —por inflación, servicios, salarios— y sin actualización estatal, la continuidad de muchas instituciones queda en riesgo.Lo que están haciendo con la discapacidad es un genocidio silencioso”, agrega.
Gases y palos: la represión como respuesta
El último punto que se denuncia es la represión a las personas con discapacidad durante las manifestaciones pacíficas en defensa de sus derechos. “Ver a personas con discapacidad recibiendo gases lacrimógenos y palos es algo que no se puede explicar. Los quieren hacer quedar como culpables de no sabemos qué”, lamenta.
“No votarlos no es una enfermedad mental, como aseguró Karen Reichard. No votarlos es memoria, humanidad, justicia y conciencia. No hay ideología que justifique el abandono", cierra Lavega.
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