Con varios frentes abiertos en simultáneo, el Gobierno hace malabares para gestionar los apoyos de sus aliados en cada escenario. La reforma laboral, aunque avanzada en las conversaciones parlamentarias, mantiene abierta la discusión sobre los recursos coparticipables. En paralelo, la baja de la edad de imputabilidad sostiene una diferencia de base con los socios: el límite de la edad. A este combo se sumó la decisión de no actualizar la metodología del INDEC para medir la inflación, una jugada que inauguró críticas por la falta de transparencia y la afectación a la credibilidad oficial.
Reforma laboral: el fantasma del articulado particular
La discusión por la reforma laboral avanzó, según Patricia Bullrich, durante la última conversación con los aliados. Un senador presente aseguró a este medio que aún continúa pendiente el acuerdo con los gobernadores para encontrar una compensación que suavice los efectos de la quita de recursos, pero esas negociaciones quedarán exclusivamente en manos de el ministerio de Economía y las provincias.
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En La Libertad Avanza temen que se repita el escenario del Presupuesto: contar con los votos para la sanción en general, pero ver cómo se desmorona la votación en particular, puntualmente en el artículo 191 que afecta las arcas provinciales. Actualmente, el oficialismo contaría con unos 39 votos para el "cascarón" de la reforma, pero el hermetismo no ayuda: los gobernadores no sabrán si sus cambios fueron aceptados hasta el momento de habilitar la sesión, ya que las modificaciones recién se conocerán en el recinto.
Imputabilidad: el límite de los 14 años
La baja de la edad de imputabilidad, otra de las obsesiones del Ejecutivo, empezará a tomar forma este miércoles a las 14. Martín Menem reunirá a los jefes de bloque para diagramar el cronograma de extraordinarias, con el reloj en contra: los feriados de carnaval a mediados de febrero dejan poco margen de debate, concentrando la actividad a finales de mes.
Desde el PRO mantienen su exigencia innegociable: la baja debe ser hasta los 14 años (no a los 13 como pretende el ala dura libertaria) y debe incluir un reconocimiento presupuestario de Nación para infraestructura y penas alternativas. En 2019, un proyecto similar de Cambiemos —en aquel entonces se buscaba reducir la edad a 15 años— estimaba que incorporar 825 jóvenes al sistema penal demandaría un costo adicional de $2.332 millones de la época para equipos técnicos y monitoreo electrónico.
El INDEC y la sombra de la intervención
Un nuevo foco de conflicto surgió con la decisión del Gobierno de postergar la actualización metodológica del INDEC, anunciada originalmente para enero. Hubo varias críticas a la jugada oficialista y una de ellas provino de la UCR porteña, con un diagnóstico lapidario: “Sin estadísticas confiables no hay diagnósticos reales . Y sin diagnósticos reales no hay buenas soluciones”. El radicalismo detalló el impacto de estos datos en el índice de precios, negociación de salarios, jubilaciones, políticas sociales, educación pública, salud, obra pública, empleo y credibilidad.
En una línea similar fue la Coalición Cívica que, en manos de su presidente Maximiliano Ferraro, instó a discutir un proyecto presentado por el gobierno de Mauricio Macri y representado por el partido fundado por Elisa Carrió. El texto busca establecer, entre otras cosas, al trabajo estadístico y de censos como un servicio público; al INDEC como un ente autárquico y la elección de su Director Ejecutivo con acuerdo del Senado.
Dentro del PRO, las críticas fueron a título personal: Laura Alonso subrayó que el fortalecimiento del instituto es "esencial para la confianza", mientras que Alfonso Prat Gay aseguró que Jorge Todesca "hubiera renunciado" ante una mínima intervención en su gestión porque “las estadísticas son sagradas”.
Pese a estas voces, en el Congreso el PRO optó por una postura orgánica más dócil. Justificaron la decisión oficialista bajo la premisa de "no dar lugar a especulaciones" en plena desinflación y consideraron "positivo" que la actualización se realice una vez consolidado el camino de baja de precios, para alinearse entonces con los estándares internacionales.
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