Peter Lamelas, el próximo embajador de Estados Unidos en Argentina, dijo públicamente: “El problema con la Argentina es que...no es un problema, es un desafío, una solución, es que hay 23 provincias y cada una de las provincias tiene su propio gobierno. Y cada gobierno provincial puede negociar con los chinos u otros para hacer proyectos. Y eso puede contribuir a la corrupción, corrupción por parte de los chinos. Y una de mis tareas será viajar a todas las provincias y tener dialogo y una verdadera asociación con esa provincias. No solo con Javier Milei, el canciller Gerardo Werthein, Luis Caputo, Santiago Caputo y todos en el gobierno de Milei. Mi rol es viajar por todo el país y asegurarnos de eliminar la corrupción. Y apoyar a Milei y su gobierno en todos sus esfuerzos para llegar al fondo del atentado a la AMIA y y asegurar que Cristina Fernández de Kirchner reciba la Justicia que se merece. Todavía hay movimiento en el peronismo (…) y eso es algo que tenemos que seguir vigilando. Argentina ha tenido tiempos muy inusuales, con múltiples presidentes, y tenemos que apoyar a Milei en las elecciones de medio término y en las próximas elecciones presidenciales para construir una mejor relación entre nuestros países”.
En resumen, Lamelas dijo que su misión como embajador será:
- Recorrer las provincias para frenar inversiones chinas conseguidas, según él, vía “corrupción”.
- Apoyar a Milei para que gane las elecciones legislativas y las próximas presidenciales
- Garantizar que CFK siga presa
Milei y la mayoría de los gobernadores no dijeron nada frente a esta violación explícita de la soberanía. No es novedad. Tampoco la cuestión de la injerencia estadounidense en la cuestión electoral, para lo cuál no hace falta remontarse a 1945 y la campaña del entonces embajador Spruille Braden contra Juan Perón. Hay un capítulo reciente con el apoyo de EEUU para que el FMI volviera a financiar una campaña tal como hicieron con Mauricio Macri en 2018. En ambas los candidatos de EEUU perdieron.
Pero esta nueva avanzada yanqui llega en otro contexto, luego de que tanto Donald Trump como Jair Bolsonaro, los aliados regionales de Javier Milei, anotaron en su currículum el no reconocimiento de las elecciones presidenciales en las que perdieron y ambos alentaron acciones violentas que incluyeron la toma del Capitolio en EEUU y un intento de golpe en Brasil. Los vínculos entre ellos llevaron a que hace unos días Trump le enviara una carta pública a Lula da Silva exigiendo la inmediata liberación de Bolsonaro bajo la amenaza de sanciones comerciales. El contexto, en realidad, era la puesta en marcha de inversiones chinas en Brasil, en un puerto gigantesco y un corredor ferroviario bioceánico para conectarlo con otro puerto también gigantesco financiado por China en Perú. Los temas de fondo, como se ve, son los mismos. Pero hay otro punto para destacar: si Trump y Bolsonaro no reconocieron sus derrotas electorales y Lamelas viene a la Argentina para que Milei gane las elecciones, ¿qué harán si no tienen el resultado que esperan?
La cuestión del recorrido por el país no es nada nuevo. El scouting lo hizo en los últimos meses Abigail Dressel, hasta ahora encargada de negocios de la embajada estadounidense, recientemente reemplazada por Heidi Gómez. Dressel fue a todas las provincias donde EEUU tiene interés, en especial vinculados a la energía, mientras el ex embajador Marc Stanley hacía lo propio y lo marcaba en un mapa que compartía en sus redes. Stanley hizo un viaje especial para recorrer el Paraná, la vía troncal navegable por donde salen más del 80% de las exportaciones del país. De hecho ya hay un convenio firmado entre la Administración General de Puertos y el cuerpo de ingenieros de Ejército estadounidense. Lamelas mantendrá esa práctica, solo que lo hace más explícito. Y marca otro de los ejes clave tanto de la política estadounidense como de los riesgos que acarrea el gobierno de Milei: la desintegración nacional, con un gobierno que acepta que se menosprecie su soberanía y que cada provincia negocie con otros países por sí mismas.
La cuestión de China por un lado y la corrupción por otro son claves. En los documentos de Seguridad Nacional de EEUU, que figuran en la web de la Casa Blanca, es recurrente la intención de frenar la injerencia china en una región que consideran propia. Eso va desde la policialización de las Fuerzas Armadas de los países, ya que EEUU considera que la defensa del continente queda en sus manos, hasta el intento de bloquear inversiones chinas tan relevantes como la tecnología 5G donde el gigante asiático los aventaja tecnológicamente varios años.
¿Por qué figura la palabra “corrupción” en documentos de Seguridad Nacional? Porque es la nueva modalidad de injerencia en los asuntos de otros países. En la post guerra mundial la intervención de EEUU en política interna de otros países era para frenar el comunismo; cuando esa excusa se terminó inventaron “la guerra contra las drogas”; y cuando eso ya demostró su ineficacia comenzaron a plantear que tenían que combatir la “corrupción”. Por eso el embajador Lamelas lo menciona como la excusa para intervenir en las decisiones de política interna.
¿Le interesa realmente la “corrupción” a Estados Unidos? No. Todo es una cuestión de negocios. En los documentos de Seguridad Nacional de distintas administraciones se leen párrafos como “la lucha contra la corrupción como el nucleo de interés de Seguridad Nacional (…) porque cuando los trabajadores y las compañías americanas compiten en igualdad de condiciones, ellos ganan” (Biden), “apuntando contra funcionarios extranjeros corruptos y trabajando con países para mejorar su habilidad para combatir la corrupción para que las compañías de Estados Unidos puedan competir de manera justa en climas de negocios transparente” (Trump); “la corrupción subvierte los mercados abiertos e impide la capacidad de las compañías estadounidenses para competir” (USAID).
En su nueva gestión, Trump incluso recortó la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). En el comunicado que emitieron desde la Casa Blanca escribieron que “Trump firmó una Orden Ejecutiva para restaurar la competitividad y la seguridad estadounidenses ordenando directrices revisadas y razonables para la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras”, que “la seguridad nacional estadounidense depende de que Estados Unidos y sus empresas obtengan ventajas comerciales estratégicas en todo el mundo”, que “las empresas estadounidenses son perjudicadas por la aplicación de la FCPA porque tienen prohibido participar en prácticas comunes entre los competidores internacionales, creando un campo de juego desigual” y que “las ventajas estratégicas en minerales críticos, puertos de aguas profundas y otra infraestructura o activos clave en todo el mundo son fundamentales para la seguridad nacional estadounidense”.
Argentina tiene minerales críticos, desde litio hasta tierras raras junto con hidrocarburos, también una extensa costa donde se pueden construir puertos de aguas profundas y su vía troncal navegable donde EEUU ya tiene puesto más que un pie.
Trump les dijo a las empresas de EEUU que paguen coimas para quedarse con negocios en otros países, lo que incluye obviamente las privatizaciones. En esta remake de los años 90 EEUU no quiere otras relaciones carnales pero sin cash. Las privatizaciones menemistas quedaron en su mayoría en manos de empresas europeas. EEUU se quedó con el 12% de las empresas privatizadas mientras que los países europeos obtuvieron el 35%, liderados por España (15%), Italia (9%) y Francia (7%). Ahora Trump envía a Lamelas a apoyar a Milei para que gane elecciones: ¿cuál será el precio? Hay una pista: la primer privatización de la era Milei, la empresa IMPSA, quedó en manos de la estadounidense ARC Energy.
El martes Milei aprobó un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 400 millones de dólares para financiar el “Programa de Apoyo a Reformas Regulatorias para la Competitividad”. Según el contrato, “el Préstamo tiene por objeto apoyar la ejecución de un programa de reforma de políticas, cuyo objetivo general consiste en mejorar el ambiente de negocios para contribuir al incremento de la competitividad del país. Los objetivos específicos del Programa son: (i) reducir los costos de cumplimiento regulatorio de empresas con el Estado; (ii) reducir la participación de empresas públicas nacionales en la economía; y (iii) incrementar la eficiencia de las operaciones de comercio exterior”. En resumen: Milei tomó un préstamo para avanzar con las privatizaciones.
El mismo martes Milei firmó el decreto 493 que modificó el Marco Regulatorio de la prestación de agua. Uno de los puntos que modificó es el artículo 81, que establecía que, ante la falta de pago de 2 facturas, se podía reducir el caudal de agua para los hogares pero que los cortes eran sólo para usuarios no residenciales. Milei, por decreto, cambió el artículo 81 y habilitó los cortes de agua para los hogares ante la falta de pago de 1 factura con 60 días de demora. ¿Por qué? Al día siguiente, el miércoles, Milei autorizó también por decreto 494 la privatización total de AYSA, la empresa pública encargada del agua. Se nota demasiado.
La cosa no quedó en AYSA. El viernes el ministro de Economía Luis Caputo puso en marcha la privatización de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA). Es una empresa clave: es la principal compradora de gas local, tiene el sistema integrado de gasoductos que conectan desde Vaca Muerta hasta el Norte Grande, transporta el 86% de la electricidad del país, sus centrales térmicas Belgrano y San Martín generan el 8% de la energía eléctrica y comercializa el 18% de la demanda eléctrica del país a través de Hidroeléctricas Binacionales e interconexiones con Uruguay, Brasil y Paraguay.
El plan de Milei es desguazar ENARSA. En los considerandos de la resolución firmada por Caputo citan un informe que propuso “la privatización total de la empresa ENARSA mediante la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio” y empezaron por CITELEC, que es la controlante de Transener, la empresa que transporta casi toda la energía eléctrica del país.
El socio de CITELEC en Transener es Pampa Energía, controlada por Marcelo Mindlin. ¿Se quedará Mindlin con la totalidad de la empresa transportadora de la energía eléctrica? Dato: uno que tiene acciones de Pampa Energía es Santiago Bausili, el presidente del Banco Central y socio histórico del ministro Caputo en la consultora Anker. En su creativa declaración jurada anotó más de 400 millones de pesos en acciones de ese holding.
No fue la única maniobra de esta semana que satisface intereses de Mindlin. El jueves Milei y Caputo prorrogaron la licencia de Transportadora de Gas del Sur (TGS) por 20 años. TGS también es controlada por Mindlin junto a la familia Sielecki. La renovación se veía venir desde las audiencias públicas de octubre de 2024 en las que solo participaron los representantes de TGS y los de Transportadora de Gas del Norte (TGN), controlada por Paolo Rocca y reclamaron 20 años más de negocio. Fue una puesta en escena. A Mindlin ya le cumplieron; a Rocca lo hacen esperar un poco, tal vez por las recientes críticas que esbozó en un evento donde, bajo la excusa de defender la industria nacional, envió un mensaje al gobierno para que ponga algún freno a las importaciones chinas que dejan fuera de competencia a Techint. A Rocca no le interesa la industria, solo su industria, más puntualmente su empresa.
El dúo Mindlin-Sielecki también espera atento el desenlace de la pelea de Milei con el Grupo Clarín por la compra de Telefónica. Tal como reveló Diego Genoud en El Destape, era uno de los grupos empresarios promovidos por el gobierno para quedarse con las operaciones de telecomunicaciones de la empresa española que, finalmente, fueron adquiridas por el holding de Héctor Magnetto pero que Milei pretende frenar aplicando legislación antimonopólica. La magnitud del negocio se explica por sí sola y la ratifica que Milei tenga desde principio de marzo como tuit fijado uno sobre este tema titulado “CLARIN: LA GRAN ESTAFA ARGENTINA” y dice “No vamos a dejar que eso suceda” en relación a la fusión Telecom-Telefónica. Ayer Milei insistió con esta línea y afirmó, en otro tuit, “no se van a quedar con TELEFÓNICA”.
Hubo también otras privatizaciones menos publicitadas pero igual de graves. No privatizaciones de empresas públicas sino personas privadas de sus casas. El trabajo periodístico de Juan Manuel Romero en El Destape Radio dejó al descubierto que el gobierno de Milei no sólo cerró el Plan PROCREAR sino que dejó un tendal de estafados en todo el país, desde personas que habían accedido a un crédito para la construcción de sus viviendas en terreno propio y las dejaron apenas con los pilares y sin casa hasta otras que habían sido sorteadas para departamentos terminados en el edificio Sagol de Avellaneda y finamente no sólo no se los entregaron sino que vieron como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich los repartía entre personal de las fuerzas de seguridad.
El Destape hizo un pedido de acceso a la información pública para conocer cómo se tomó esa decisión. La respuesta fue que Caputo le cedió las 160 viviendas a Bullrich en comodato por 10 años y que la ministra las entrega a gendarmes y policías de forma gratuita a su criterio.
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