Un día después de que el Gobierno nacional decidiera que la Unidad de Información Financiera (UIF) no podrá ser querellante en causas penales por lavado de dinero y corrupción, el PRO repudió esta modificación y la calificó como "una medida regresiva que debilita la capacidad del Estado para investigar delitos complejos". También advirtió que aumentará "el riesgo de impunidad en causas de corrupción" y que tendrá un "altísimo impacto institucional".
"El Decreto 274/2025 elimina la facultad de la UIF para actuar como querellante en causas penales por lavado de dinero y corrupción. Una medida regresiva que debilita la capacidad del Estado para investigar delitos complejos", publicó el PRO. El partido liderado por Mauricio Macri considera que este cambio "afecta investigaciones en curso", "limita la acusación en juicios orales donde la prueba financiera es clave" y "reduce la eficacia del Estado frente a redes criminales complejas".
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Esta crítica del PRO se da luego de que la Fundación Pensar, el think tank del partido de Macri, elaborara un informe técnico que lleva las firmas de Jimena de la Torre y Martín Casares sobre el Decreto 274/2025 del gobierno de Javier Milei. La primera fue vicepresidenta de la UIF y el segundo acompañó a Germán Garavano en el Ministerio de Justicia en el macrismo.
Con esta medida, publicada ayer jueves, el Ejecutivo estableció que solo podrá “recibir, solicitar y archivar información” en el marco de las investigaciones sobre lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y ya no podrá promover ni ser querellante en dichas causas.
"La eliminación de la facultad de la UIF de querellar implica un debilitamiento institucional que tendrá consecuencias directas en investigaciones y procesos en curso en causas de alto impacto institucional, debido a que se reduce al mínimo la intervención de un organismo técnico y especializado como la UIF", cuestionó el informe que cuenta con la colaboración y asesoramiento de Mariano Federici y Bernardo Saravia Frías. Se trata del ex titular de la UIF y el ex procurador del Tesoro de la Nación, ambos durante la gestión de Cambiemos.
En el documento, elaborado por el coordinador de la Mesa de Justicia de la Fundación Pensar, Martín Casares, y por la miembro del Consejo de la Magistratura Jimena de la Torre, también se critican otras dos modificaciones. Es que además de quitarle la posibilidad de ser querellante, se autorizó a la UIF a intercambiar información con otros organismos o entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación y se incorporó a la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) al Comité de Ciberseguridad, con la ampliación de sus facultades y competencias.
"Estas medidas requieren un análisis técnico riguroso, atento a su impacto institucional y a las consecuencias prácticas y jurídicas que podrían derivarse, especialmente en lo que respecta a la eficacia en la persecución penal de casos complejos", se quejó la Fundación.
Cuál será el nuevo rol de la UIF
En este marco, se determinó que la UIF podrá “recibir, solicitar y archivar información” en el marco de investigaciones sobre lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Además podrá “dirigir actividades y operaciones” respecto a investigaciones relacionadas al mismo tiempo que podrá interactuar con organismos de inteligencia que puedan aportar datos.
En este sentido, deberá solicitarle al Poder Judicial “el allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación” que desarrolle, así como también arbitrar “todos los medios legales necesarios para la obtención de información” que requiera. Sin embargo, aquello recolectado deberá estar “a disposición del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de las acciones pertinentes”.
Sobre este punto, la resolución definió que “cuando la UIF haya agotado su análisis, en el marco de su competencia, y surgieren elementos de convicción suficientes para establecer la existencia de un hecho, operación u operatoria sospechosa de lavado de activos, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ello será comunicado al Ministerio Público Fiscal a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal”.
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