La media sanción en el Senado a la Reforma Laboral, que recorta derechos a los trabajadores, no hubiera sido posible sin el respaldo clave de los gobernadores al proyecto oficialista. Para la mayoría de los mandatarios provinciales pesó más la relación fiscal y política con la Casa Rosada, aunque eso implique acompañar un proyecto que termina con normas laborales históricas y afecta a amplísimos sectores de la sociedad.
En esta disyuntiva, mucho tuvo que ver el esfuerzo por mantener la salud de las arcas provinciales, hoguera en la que Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdes (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Hugo Passalacqua (Misiones) sacrificaron leyes que llevan décadas protegiendo al eslabón más débil de la relación laboral.
El acuerdo alcanzado con los bloques aliados y los gobernadores contempló, entre otros elementos, la eliminación del artículo de rebaja del Impuesto a las Ganancias para las grandes y medianas empresas. Este fue un ítem clave para destrabar el apoyo de las provincias que negoció el ministro del Interior, Diego Santilli, ya que tenía un impacto fiscal de más de 2 billones de pesos en esas jurisdicciones.
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Los votos que aseguraron la reforma laboral
Los tres senadores de Córdoba votaron a favor de la reforma laboral. Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, acompañaron sin sorpresas, mientras que Alejandra Vigo, del bloque Provincias Unidas, también avaló la media sanción. El voto de Vigo refleja su vinculación con Llaryora, lo que evidencia cómo el Ejecutivo provincial influyó para garantizar apoyo al oficialismo, y priorizó acuerdos fiscales y políticos por sobre la defensa tradicional de derechos laborales en la provincia.
La senadora tucumana Beatriz Ávila, cercana al gobernador Osvaldo Jaldo, también votó a favor y aseguró el respaldo de la provincia a la reforma libertaria, mientras que Sandra Mendoza y Juan Manzur, legisladores alejados de la postura del mandatario norteño, mantuvieron la postura histórica del peronismo y la defensa de derechos laborales. En Chubut, dos de los tres senadores provinciales jugaron un papel clave en la media sanción de la reforma laboral: Andrea Marcela Cristina y Edith Elizabeth Terenzi votaron a favor del proyecto, alineadas políticamente con Torres.
La senadora salteña Flavia Royón votó a favor de la reforma laboral en sintonía con el gobernador Gustavo Sáenz. En la región del Litoral y Neuquén, la luz verde al proyecto libertario reflejó la coordinación política con los gobernadores: la senadora Julieta Corroza, alineada con Figueroa, votó afirmativo; en Corrientes, Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela respaldaron el proyecto bajo la influencia de Juan Pablo Valdés; y en Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut lo hicieron siguiendo el mandato de Passalacqua y el jefe político de la provincia, Carlos Rovira. En todos los casos, los votos positivos evidenciaron que las negociaciones fiscales y políticas prevalecieron sobre presiones sindicales o tradiciones políticas provinciales.
Otro mandatario que se había expresado a favor del proyecto, y se había reunido con Diego Santilli, fue el gobernador de la provincia de Chaco, Leandro Zdero, que fue en alianza con LLA en las últimas elecciones 2025 y por eso LLA puso dos senadores: Silvana Schneider y Juan Cruz Godoy.
Reforma Laboral: el impacto del apoyo de los gobernadores
La reforma laboral reduce derechos históricos de los trabajadores al modificar las indemnizaciones, establecer topes y cuotas en los pagos. Esto debilita la protección frente a despidos injustificados y deja a los trabajadores más expuestos frente a las grandes compañías.
Además, la norma introduce un banco de horas que puede ampliar la jornada laboral sin compensación, y limita el derecho de huelga en servicios esenciales, restringiendo la capacidad de los empleados de defender sus condiciones de trabajo mediante paros o medidas colectivas. Otro punto controvertido es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado por aportes de empresas grandes y Pymes, que reemplaza parte de la responsabilidad directa del empleador con una estructura colectiva.
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