A pesar de no haber convocado a un paro general, la CGT dio señales de un posible endurecimiento de su postura frente a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y dejó abierta la posibilidad de una escalada en la conflictividad social si el Ejecutivo no modifica el rumbo ni atiende los reclamos de los trabajadores. “No descartamos que pueda escalar la conflictividad en la medida de que no sean escuchados nuestros pedidos”, advirtió el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, al referirse a las definiciones internas de la central y a los pasos a seguir frente al avance del proyecto oficial.
Para repudiar esa iniciativa, la central obrera impulsó este viernes una movilización nacional el próximo 11 de febrero, con una marcha al Congreso y protestas en todas las provincias contra el proyecto oficialista. Según indicó Jerónimo, la acción de protesta tendrá lugar desde las 15 frente al parlamento, pero también se replicará en las capitales provinciales. “Se marcha en todas las provincias del país a las casas de gobierno repudiando el proyecto y apelando a la reflexión de muchos gobernadores para que no manden a sus senadores a votar en contra de los trabajadores”, explicó el dirigente en declaraciones a Radio Mitre.
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El rechazo total de la CGT a la Reforma Laboral
Además, ratificó el rechazo total de la CGT a la iniciativa del Gobierno. “El objetivo es demostrar el repudio y el rechazo a este proyecto de reforma laboral. Lo rechazamos de plano porque entendemos que es un proyecto regresivo y que tiene un impacto negativo en el mundo laboral. No moderniza nada y no genera impacto real en las pequeñas y grandes empresas”, sostuvo.
En ese sentido, cuestionó el concepto de “modernización” utilizado por el oficialismo. “Cualquier proyecto de modernización laboral, como lo quiere vender el gobierno, debería incluir más derechos y no quitarle derechos a los trabajadores”, afirmó. El dirigente aclaró que la central obrera no se niega a discutir cambios en el mundo del trabajo, pero remarcó que existen mecanismos institucionales que el Ejecutivo decidió ignorar.
También puso en duda que el Gobierno tenga asegurada la aprobación del proyecto en el Congreso. “En diciembre decían que era un trámite express, que tenían los votos, que esto se resolvía rápidamente y no fue así. Nosotros estamos confiados en las gestiones que venimos haciendo con distintos sectores y creemos que el gobierno no la tiene tan fácil como plantea”, indicó Jerónimo, quien volvió a apuntar contra el ministro de Desregulación como artífice del proyecto.
“Lo rechazamos de plano porque este proyecto, tal cual como está redactado, tiene una carga maliciosa e ideológica y sabemos de quién: lo dijimos públicamente y abiertamente que es Federico Sturzenegger”, denunció.
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