Pidieron la declaración indagatoria de Rivaldi, el policía que gaseó a una niña en una protesta frente a Congreso

La Fiscalía Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo de Eduardo Taiano, solicitó la declaración indagatoria de Cristian Miguel Rivaldi, el efectivo de la Policía Federal que le tiró gas pimienta en la cara a una mujer y a su hija de diez años en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la represión a una de las marchas de jubilados de los miércoles. Según el documento presentado, Carla Pegoraro y Fabrizia estaban acompañando la movilización contra el veto del aumento a las y los jubilados. "La conducta por la cual esta parte solicita se indague a Cristian Miguel Rivaldi podría resultar constitutiva -prima facie- del delito de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves", sostuvo el fiscal al cabo de analizar testimonios y pruebas documentales de aquella movilización.

Como casi todos los miércoles, el 11 de septiembre del año pasado, jubiladas y jubilados se movilizaron en las inmediaciones del Congreso en contra de los recortes de sus haberes. Aunque, en ese momento, en realidad, era para mantenerlos: las y los legisladores habían aprobado un aumento y el presidente, Javier Milei, lo había vetado. Desde las calles, exigían que se mantuviera el pequeño aumento del 12,5%.

Entre las personas que estaban en la calle, se encontraban Carla con su hija Fabrizia, quienes en medio de la represión fueron agredidas por un policía. A lo largo de los meses, Taiano llevó adelante una investigación con documentación fotográfica y en video -cita para el caso material publicado por El Destape y por La Política Online- que le permitieron identificar al autor de la agresión a Rivaldi, principal de la División de Operaciones Urbanas de Contención Antidisturbio (DOUCAD) de la Policía Federal Argentina. 

"Del análisis conjunto de esas imágenes y de la videograbación, se advierte que el efectivo policial que habría arrojado una sustancia irritante –“gas pimienta”– a la manifestante que se encontraba junto a una niña sentada en el suelo respondería al apellido 'Rivaldi'", sostiene el documento. El accionar, según consta en el fallo, fue "de manera violenta e inesperada, y a menos de medio metro de distancia, lo cual les provocó daños físicos como psicológicos", apuntó Taiano.

El fiscal, además, solicitó información a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal Argentina sobre el operativo que llevaron adelante aquel 11 de septiembre, copia del legajo de Rivaldi y constató que se encontraba afectado en el área del Congreso a órdenes del “Comando Unificado” y que asignado armamento no letal. Para la reconstrucción, sumó a la documentación de los medios de comunicación imágenes del centro de monitoreo porteño. Todo ello, lo analizó bajo la lupa de los reglamentos para el accionar policial y del mismo protocolo antipiquetes, que claramente hablan de "dar voz" -es decir, avisar- cuando va a usar su arma y que tiene que ser siempre y cuando exista "una amenaza". 

También, citó a declarar a Pegoraro, que relató toda la situación, contó que estaban sentadas en la vereda con su hija cuando fueron gaseadas y, luego, fueron atendidas por personas que se encontraban en el lugar para, finalmente, irse a su casa: "Los síntomas perduraron… Duraron aproximadamente diez días. Sin embrago, a los dos días del hecho tuve que llevar a mi hija al Hospital Santa Lucia para que la asistieran por los dolores causados. En ese momento le dieron unas gotas para colocarse en los ojos, que eran específicamente para aliviar los dolores generados por el gas pimienta. Quiero aclarar que, si bien yo no tengo más síntomas, al día de hoy mi hija sigue con dolores en los ojos a raíz de ese hecho, puntualmente porque le lagrimean sin motivo alguno”, dijo.

Llamado a indagatoria 

Con toda esa prueba en la mano, Taiano consideró necesario llamar a Rivaldi para indagarlo por "haber empleado, de forma desmedida e injustificada, y a una corta distancia, un Disuasivo Presurizado Orgánico hacia los ojos y el cuerpo de Carla Marina Pegoraro y su hija Fabrizia Pegoraro, de 10 años de edad, quienes se encontraban sentadas en la vía pública sin ejercer ningún tipo de resistencia ni agresión".

"La solicitud aquí formulada encuentra fundamento en la numerosa evidencia recabada durante la instrucción del caso", sostiene en el documento y entiende que el accionar de Rivaldi "resultó desmedido e injustificado, e implicó un apartamiento a las directrices establecidas en los reglamentos generales, protocolos y manuales para el uso de la fuerza y la utilización del material no letal para la inmovilización e incapacitación de agresores", así como que tanto "de ningún modo pudo -ni puede- considerarse una situación amenazante o de riesgo" la actitud de Carla ni la de Fabrizia.