En medio de la profunda crisis que atraviesa la agroexportadora Vicentin, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió al complejo escenario y descartó cualquier tipo de posibilidad de una eventual intervención estatal para evitar la quiebra de la empresa. De manera contundente, el mandatario radical aseguró que la Provincia "no se puede hacer cargo de la empresa o de cada una de las empresas que quiebran”.
En las últimas 72 horas, las autoridades de Vicentin anunciaron el cierre de sus dos plantas en la provincia de Santa Fe, ubicadas en Ricardone y Avellaneda, y pusieron en jaque el futuro de 4 mil trabajadores. Este lunes, la empresa comunicó oficialmente a todo su personal que no podrá abonar los salarios correspondientes a marzo, ya que “desde hace varios meses” enfrenta “circunstancias extraordinarias que han afectado su capacidad para operar con normalidad”.
“Esto no es un Estado comunista, donde el Estado o el gobierno tiene que intervenir cuando quiebra una empresa”, afirmó Pullaro luego de encabezar una actividad oficial en Rosario. Frente al preocupante panorama de la cerealera, Pullaro atribuyó parte de la responsabilidad a las decisiones políticas que, en su visión, distorsionaron el accionar de la Justicia: “Recordemos que desde la Provincia en un momento se intentó intervenir la empresa y desde el Gobierno nacional se la intentó expropiar. Un trámite judicial que debería estar resuelto hace tres años y medio, hoy sigue trabado por las intromisiones del poder político”, marcó.
Vicentin entró en cese de pagos a fines de diciembre de 2019, con una deuda que superaba los 1.300 millones de dólares, y el 10 de febrero de 2020 solicitó el concurso preventivo de acreedores por el "estrés financiero que le dificultaba cumplir regularmente con sus obligaciones contraídas". Luego, el gobierno de Alberto Fernández intervino la empresa e intentó expropiarla, finalmente sin éxito.
En junio de 2022, había logrado la aceptación de una mayoría de los acreedores para que la empresa pase a manos de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA, el principal acreedor), Bunge y Viterra. Sin embargo, un recurso judicial presentado por un acreedor dilató el proceso y finalmente impidió la homologación, incluso tras ser rechazado por el máximo tribunal provincial. Como consecuencia, la Justicia dejó sin efecto el acuerdo que Vicentin había alcanzado con sus acreedores, una decisión que reabrió el proceso de concurso preventivo.
De acuerdo a lo planteado por Pullaro este lunes, resulta fundamental respetar los procesos judiciales en curso, más allá de las simpatías o rechazos que generen sus resoluciones. “Vamos a respetar lo que resolvió la Justicia de la provincia de Santa Fe, nos guste o no nos guste”, enfatizó.
Vicentin cerró sus dos plantas en Santa Fe y dejó en vilo a 1.000 trabajadores
El anuncio de la paralización de las plantas deja en vilo a más de 1.000 empleados directos y a otros 3.000 puestos indirectos vinculados a la cadena de proveedores, transportistas y cooperativas. Ahora, la confirmación de las autoridades empresariales de que no podrán pagar los salarios deja en evidencia la crítica situación: la empresa se encuentra sin operaciones propias de compraventa de granos, sin ingresos significativos y con deudas impagas.
No obstante, el Directorio de la compañía responsabiliza a terceros y sostiene que las “decisiones judiciales recientes que todos conocen” agravaron la incertidumbre entre sus clientes, “quienes, por este motivo, han retrasado o detenido los suministros necesarios” para continuar con las actividades.
Frente a las excusas que derivaron en una decisión que deja en vilo a muchas familias santafesinas, Gustavo Feldman, abogado querellante de la Causa Vicentin en representación de Commodity, aseguró que la argumentación "es una hipocresía más" de los directivos y señaló que esto "es el reconocimiento de la ineficiencia y de la corruptela reinante en la empresa".
"Ni las víctimas, ni los acreedores, ni los fiscales, ni los jueces, ni los querellantes tenemos que ver con que Vicentin no pague los sueldos o los pague mal y nunca", apuntó Feldman en diálogo con El Destape. Además, señaló que el comunicado publicado este lunes representa "el esquema discursivo que pretende imponer" la compañía, con el cual busca "justificar que ahora no le va a pagar a sus trabajadores".
En tanto, el abogado querellante sostuvo que el actual directorio considera "imprescindibles para la marcha de la empresa" a los cuatro exdirectivos detenidos, quienes "llevaron a esta situación crítica" a la empresa. Hace 10 días, la Justicia de Rosario dictó la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Están acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado en más 600 millones de dólares, a partir de una maniobra que incluyó falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso después de que la empresa ya estuviera en concurso.
Pullaro expresó su compromiso con los trabajadores y aseguró que el Estado santafesino no los dejará solos. “Vamos a estar al lado para que ninguna familia la pase mal o que realmente sufra”, afirmó. En ese sentido, recordó que la Provincia ya intervino en otros momentos críticos, como ante los recortes de partidas alimentarias y de medicamentos dispuestos por el Gobierno nacional. Sin embargo, la realidad marca una gestión que replica las políticas del presidente Javier Milei: ajuste, tarifazos, represión a los trabajadores, cierre de fábricas y despidos masivos marcan la situación desesperante que atraviesan los santafesinos.
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