Luego de que el gobierno de Javier Milei oficializara los cambios en la Ley de Tránsito, entre los que se encuentra la obligatoriedad de la licencia de conducir digital y cambios al sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), la Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV) hizo público su rechazo al decreto nacional por al cual se introducen "sin un fundamento técnico sólido, en base a medidas arbitrarias que podrían poner en riesgo la seguridad vial".
En ese marco, los representantes de los 28 talleres autorizados que funcionan en la provincia de Santa Fe adelantaron que podrían recurrir "y atacar seriamente el decreto", porque, según expresaron, "es una tormenta perfecta contra la seguridad vial y va en sentido contrario al derecho la vida consagrado constitucionalmente".
Las modificaciones fueron confirmadas la semana pasada a través del Decreto 196/2025, publicado en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Milei conjuntamente con autoridades del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Estos cambios fueron parte de la versión original de la Ley Bases que el Gobierno presentó en el Congreso para que luego se quitaran de la legislación para llegar a su aprobación.
De esta manera, los talleres santafesinos rechazan la extensión de los plazos para la RTO, ya que no está respaldada por datos técnicos que justifiquen esta medida. Según explicaron, la seguridad vial "debe basarse en criterios técnicos y no en decisiones arbitrarias que puedan poner en peligro la seguridad de los ciudadanos".
"Aunque el decreto traslada las facultades de la revisión a las provincias, centraliza únicamente la gestión de la información a nivel de registro. Esto puede generar incoherencias en el sistema de inspección vehicular, al depender de la capacidad de cada provincia para gestionar y aplicar las normativas de manera uniforme", advirtieron en un comunicado.
En relación con la ampliación de locales autorizados por fuera de la cámara, el sector se opone a que concesionarios, importadores y talleres mecánicos realicen las inspecciones, ya que esto genera un conflicto de intereses. La imparcialidad en la inspección es crucial para garantizar que las revisiones se realicen de manera objetiva y sin influencias comerciales. La Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV) aboga por un modelo que mantenga la independencia y la calidad de las inspecciones.
En cuanto a la tecnología propuesta en el decreto, la entidad señaló que debe implementarse dentro de un marco de transparencia e imparcialidad. "Las reformas propuestas carecen de una base técnica sólida y ponen en riesgo la calidad del sistema de RTO. Abogamos por un sistema de control transparente, independiente y alineado con los más altos estándares internacionales para garantizar la seguridad vial y la eficiencia del proceso de inspección vehicular", aseguraron.
Rosario: frente al vencimiento de la concesión de peajes, trabajadores "en alerta" ante posibles despidos
El vencimiento de la concesión de las rutas y el cobro de peajes alertaron a los trabajadores santafesinos. Desde el Sindicato Único de Trabajadores Viales y Afines de Santa Fe (Sutracovi), su secretario general, Leandro Bond, anunció que decidieron lanzar un plan de lucha ante la inminente finalización de la concesión del peaje del puente Rosario-Victoria, prevista para el 8 de abril.
“Va a haber 500 familias sin trabajo. Los pliegos de concesión terminan el 8 de abril y no estipula la continuidad de los trabajadores. No está esa cláusula y la empresa nos dijo que no va a tener las indemnizaciones”, advirtió este miércoles en diálogo con Cada Día (El Tres).
Son trabajadores de la estación de peaje “Isla La Deseada” en la ruta nacional 174 y también de la ruta nacional 14 que va desde Zárate hasta Paso de los Libres, en Entre Ríos y Corrientes. Actualmente, la concesión le pertenece a la empresa Caminos Río de Uruguay (Crusa).
Según informó Sutracovi, la Dirección Nacional de Vialidad (DNA) estableció que, una vez terminado el contrato, “los servicios viales continuarán sin cobro de peaje” y advirtió que “no está facultada para absorber al personal de Crusa ni garantizar la continuidad laboral, ya que la licitación vigente no contempla ningún mecanismo al respecto”.
Frente a la incertidumbre y a los puestos de trabajo en riesgo, el gremio le pide a Nación que “ordene una prórroga transitoria de la concesión actual, tal como se ha hecho en otros casos, y diseñe una ingeniería contractual que permita el traspaso del personal al nuevo concesionario”.
También aseguraron que se encuentran "en alerta" por el vencimiento de la concesión de los peajes que pone en riesgo unos 500 puestos laborales en la estación del puente Rosario-Victoria y en la Ruta Nacional N°14.
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