En un contexto donde el gobierno de Javier Milei censura a la prensa y hostiga judicialmente a los periodistas, una controversial medida cautelar por parte de la Justicia de la provincia de Tucumán determinó un nuevo intento de disciplinamiento a los trabajadores de prensa: dictaron una medida cautelar que impide al canal de televisión Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC) y a sus empleados cuestionar el accionar a jueces y fiscales. Si bien la denuncia es contra la empresa, Roque Galeano, periodista de EnteratePlay, afirmó que la disposición representa "algo inédito", debido a que "directamente se prohíbe a todos los medios hacer mención directa o indirectamente al desempeño" de los funcionarios públicos.
El fallo del juez Lucas Taboada, con fecha del 4 de noviembre, atendió una denuncia presentada por el ministro fiscal de la Corte Suprema Provincial, Edmundo Jesús Jiménez, contra Gustavo Aníbal Gabriel Olarte, director y presidente de CCC, por un supuesto “entorpecimiento y ofensa al ejercicio de las funciones públicas, coacción institucional e incitación pública a la violencia o al descrédito institucional” por la labor periodística.
En un clima político marcado por la confrontación directa del Ejecutivo nacional con la prensa crítica y las crecientes acciones legales contra periodistas, la censura en territorio tucumano inició luego de un pedido del jefe de los fiscales provinciales que, en un marco de recientes entrevistas, opiniones y coberturas en programas que se emiten por la señal del canal, cuestionó la actuación de los fiscales que responden a Jiménez en diversas causas de trascendencia pública: en diálogo con El Destape, Galeano denunció que "son muchos casos de violencia" del Poder Judicial, "ya sea por acción o también por omisión".
La Justicia tucumana decidió poner en pausa diversas causas sensibles y amparar a los responsables de los femicidios de Paulina Lebbos y Paola Tacacho. También hizo oídos sordos frente al caso de Karla Robles, quien había denunciado en seis oportunidades previas y había anticipado una semana atrás su intención de quitarse la vida debido al hostigamiento que al parecer sufría por parte de su ex pareja, Diego Zerda. Finalmente, la chica tomó la decisión de quitarse la vida.
También se suma la denuncia de Roxana Teves, una mujer que asegura que funcionarios y familiares del Ministerio Público Fiscal (MPF) la extorsionaron durante un litigio por herencia, un episodio que derivó en transferencias millonarias y su posterior liberación tras firmar documentos bajo presión.
Frente a la visibilización de los graves casos, la resolución firmada por el juez Taboada prohíbió durante seis meses a periodistas, productores y conductores difundan por televisión, radio, plataformas digitales o redes sociales contenidos que “directa o indirectamente, injurie, desacredite, tergiverse o distorsione la actuación” de fiscales, funcionarios judiciales y magistrados provinciales. De esta manera, no podrán criticar el desempeño del Poder Judicial provincial y advierten que, en caso de incumplir con lo dictado, deberán afrontar penas “bajo apercibimiento de desobediencia judicial”.
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Ahora, según la sentencia, Olarte “valiéndose de una apariencia de ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión”, habría llevado a cabo una “campaña pública de hostigamiento, desprestigio y ataque mediático contra distintos fiscales, en general, contra el sistema de justicia provincial en su totalidad”, a través de programas televisivos, columnas de opinión y publicaciones en redes sociales. El texto agrega que en CCC se compartirían “expresiones tendenciosas, descontextualizadas y maliciosas” con la intención de distorsionar hechos investigados, con el objetivo de “socavar la confianza pública en la administración de justicia”.
En ese marco, el trabajador denunció un "hostigamiento constante". "Se dio el caso de que las propias autoridades ejercen presión y amenazas directas a los teléfonos de los periodistas", advirtió sobre la persecusión de la prensa por parte del Poder Judicial tucumano. Y apuntó con dureza: "Hay que remontarse a la dictadura para ver una decisión así".
En medio de una situación que genera miedo, sostuvo que el conjunto de periodistas están buscando alternativas para ejercer la parte jurídica y que "se levante el bozal legal". "Dimos varios pasos para tratar de levantar la la cautelar, que es el próximo objetivo para poder seguir informando", señaló el periodista forma parte del programa El Avispero.
Luego, remarcó que "esto no es una lucha del periodismo y una cuestión corporativa", sino que hay que cuidarse entre "todos". "Si mañana hay una marcha pidiendo justicia por una víctima, nosotros como periodistas no podemos hacer la cobertura porque hay un juez que puede considerar que eso está dañando la imagen pública del Ministerio Público Fiscal", aseguró.
Jaldo avaló la medida cautelar contra la prensa: "Hay que respetarla"
Consultado por la prensa sobre el polémico fallo, el gobernador Osvaldo Jaldo defendió la medida judicial: “Son decisiones que están en el ámbito de otro poder. Por lo tanto, yo, como gobernador, soy respetuoso de las decisiones que toman los poderes”.
Si bien aseguró que "todos pueden criticar" y "opinar", señaló que hay que acatar la decisión: “Yo lo que sé es que es una medida judicial y que, nos guste o no nos guste, hay que respetarla". Luego, consideró que “hay caminos judiciales para revertir esa medida, si es que alguien entiende que es injusta o que tiende a amordazar la libertad de prensa”. “Esto es lo bueno que tiene la democracia y lo bueno es que hoy los poderes del Estado estén funcionando a pleno”, remarcó.
Jaldo, quien luego de las elecciones legislativas nacionales acercó posiciones a la administración libertaria, reiteró su posición sobre el respeto a la institucionalidad y a las resoluciones judiciales. “Estamos hablando de respetar los fallos de la justicia. Gusten o no gusten, los tenés que respetar. Luego, contratás a un abogado, hacés un planteo judicial y tratás de revertirlo en el ámbito de la justicia. Así funcionan los poderes del Estado”, sostuvo.
La decisión judicial que atenta nuevamente contra la libertad de prensa provocó reacciones de organizaciones vinculadas al periodismo y a los derechos humanos. La Asociación de Prensa de Tucumán (APT) advirtió que el fallo constituye “un atentado directo a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada”. “El fallo instala un bozal judicial sobre periodistas y medios”.
“La Constitución Argentina en su art. 14 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el art. 13 son contundentes al prohíbir toda clase de censura previa directa o indirecta como garantía de la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Esta garantía se refuerza cuando se trata de asuntos de interés público y funcionarios públicos”, señaló la APT en un comunicado.
Por su lado, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) planteó una postura similar al cuestionar contra una medida que “afecta claramente el derecho a la información de la ciudadanía”, y su aplicación “pondría en riesgo la libertad de expresión y de prensa, derechos de raigambre constitucional, además de representar un claro acto de censura previa”.
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