El 2 de noviembre de 2024, la provincia de Córdoba y todo el país se paralizaron por un caso espeluznante: Aralí Vivas, de 8 años, fue hallada asesinada en su casa de Brinkmann, en el este cordobés. A seis meses del crimen, la Justicia avanza con la investigación y la causa se encamina hacia la verdad.
Aralí fue encontrada sin vida dentro de la vivienda que compartía con sus hermanos más chicos. La autopsia reveló que no hallaron monóxido de carbono en sus pulmones y que presentaba “un traumatismo en la zona craneal”. Unos días después, se agregó que el inmueble fue incendiado intencionalmente para tapar algo peor: que había sido abusada sexualmente previamente al homicidio.
Tras las inspecciones, la investigación determinó que el cuerpo de la niña presentaba material genético masculino de Matías Ezequiel Simeone (33), padrastro de la víctima y de Cristian Hernán Varela (40), su amigo. Ambos se encuentran detenidos y están acusados de homicidio criminis causa, un delito por el que podrían recibir una condena a prisión perpetua. Simeone es pareja de Rocío Milagros Rauch (28), madre de la víctima, quien es la tercera detenida de la causa. La mujer está acusada por homicidio calificado (omisión de cuidado).
En primer momento, la investigación también se basó en las supuestas responsabilidades de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf) y de la Unidad de Desarrollo Especial (Uder) de San Francisco ante la intervención en la situación de vulnerabilidad de la niña y sus hermanos.
Fueron varios los testimonios que dieron cuenta de los malos tratos que se vivían en la familia. Omar Rauch, abuelo de Aralí, denunció violencia y abusos contra ella y sus cinco hermanos, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la Municipalidad y la Fiscalía defendieron el accionar que llevaron adelante para la revinculación familiar previa al brutal crimen.
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Rauch habló de fiestas "negras" en la casa cuando su hija no estaba; también Betiana Heredia, prima de Rocío, que aseguró que "todo el mundo sabía" de las condiciones en las que vivían la nena y sus cinco hermanos antes de la tragedia: "Era un ambiente donde había maltratos, donde había peleas, donde había discusiones, consumo de droga y alcohol, además de fiestas".
Pese a los reiterados episodios de violencia, los menores fueron reinsertados en la casa donde ocurrió el horror, incluso existieron advertencias previas respecto a que no era un sitio acorde para su desarrollo. Según afirmó el fiscal Oscar Gieco, fue la SENAF la que le comunicó que la familia “estaba lista para revincularse”.
En ese marco, la directora del organismo, Julia Reartes, defendió su gestión y explicó cómo se llevan a cabo las tareas de revinculación familiar: “El SENAF es solo una parte del sistema de protección integral de derechos. Todas las intervenciones que hace la secretaría ligadas a situaciones de vulneración de derechos se inician a partir de llamadas a la Línea 102, o bien recibimos oficios judiciales, también llamados de la línea 911”.
Caso de Aralí: imputados y complicados por el crimen de la nena de 8 años
El expediente volvió a manos del fiscal de San Francisco Gieco, quien se encuentra como subrogante en la fiscalía de Morteros, tras la salida de su par Yamila Di Tocco. Simeone, Varela y Rauch son los tres sospechosos del crimen que se encuentran detenidos bajo prisión preventiva, por lo que llegarán al juicio en esa condición.
Con el correr de la investigación, el fiscal Gieco fue cambiando la caratula. En primera instancia, imputó a los dos hombres por el supuesto delito de homicidio simple. Luego, tras analizar el caudal probatorio, pasó a acusarlos por homicidio calificado y, previo a derivar la causa a su par de Morteros, decidió que acusarlos por un abuso previo a la muerte.
De esta manera, Simeone y Varela quedaron imputados como supuestos autores de homicidio criminis causa. Aunque tenían abogados en un primer momento, estos decidieron renunciar. De esta manera, la Justicia busca nombrar a dos representantes ad hoc.
En el caso de Rauch, la mujer se encuentra imputada por supuesto homicidio calificado por el vínculo (omisión de cuidado) y es representada por el asesor letrado de Morteros.
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