Representantes del sistema científico y universitario esperan que el próximo miércoles 17 de septiembre, junto con el veto a la ley de financiamiento universitario, se trate en el parlamento un proyecto de ley que declara la emergencia del sistema científico. En esencia, se le exige al Poder Ejecutivo que cumpla con la Ley 27.614, aprobada por amplísima mayoría en 2021, que declara de interés nacional el desarrollo del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, establece el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función ciencia y técnica, y promueve su federalización.
La norma estipula índices de inversión creciente, año por año, hasta llegar al 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2032, y establece que la asignación de recursos nunca será inferior, en términos absolutos, a la del año previo. Si la aplicación del porcentual del PBI diera por resultado un monto menor o igual al del año anterior, se deberán efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para cumplir con sus objetivos. De acuerdo con esta legislación, en 2025, la inversión en ciencia y tecnología debería haber alcanzado el 0,45% del PBI, pero se espera que llegue a alrededor del 0,17%, la más baja desde que se registra.
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El nuevo proyecto ya tiene despacho de las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Presupuesto y Hacienda. “Se formuló más o menos en abril pasado, y avanzó fundamentalmente por impulso de Daniel Gollán, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, con apoyo de diversos bloques, pero luego fue ‘cajoneada’ por José Luis Espert en la de Presupuesto y Hacienda –cuenta Valeria Levi, vicedecana de Exactas/UBA, y coordinadora de la Red De Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt), que mantiene contacto asiduo con legisladores de gran parte del arco político–. En una de las últimas reuniones de Diputados, se logró emplazar a Hacienda para que trate este tema, se hizo una reunión conjunta y se le dio despacho”. Firmó en disidencia Lilia Lemoine.
En estos días se les está pidiendo a los legisladores que se trate al mismo tiempo que el veto a la ley de financiamiento universitario, porque “es imposible pensar la universidad sin ciencia y viceversa”, dice Levi. Para aprobarlo se necesita mayoría simple. Después, podría ser vetada por el presidente, pero en principio estarían los números para rechazar el veto. Una campaña que acaba de comenzar para instar a los legisladores a que la traten a la brevedad ya lleva reunidas casi 10.000 firmas. “Esperamos que los diputados y diputadas entiendan que esto no es accesorio, que acá se juega el futuro de nuestro desarrollo como país”, concluye la investigadora.
Uno de los sectores que solicitó el tratamiento urgente de la declaración de emergencia es el rectorado de la UBA. Lo hizo conocer hace dos días en una resolución en la que enumera las razones que alimentan la preocupación: inversión de apenas el 0,175% del PBI, suspensión de los programas “Construir Ciencia” (destinado a financiar obras de infraestructura de ciencia y tecnología), “Equipar Ciencia” (para adquirir equipamiento) y los “Sistemas Nacionales” (que constituían redes federales de equipamiento de gran porte y contribuían al acceso a tecnologías de punta), suspensión de acceso a bibliotecas electrónicas, retraso inadmisible en la incorporación de 853 investigadores/as seleccionados/as en la convocatoria 2022, reducción del 53% en los ingresos a la carrera del investigador, recorte de un 35% en los salarios y estipendios de las becas desde diciembre de 2023, desmantelamiento de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia i+D+I), cuyos fondos se redujeron en un 96% respecto de 2023, falta de convocatorias a nuevos proyectos en 2024 y 2025.
La mayoría de los investigadores/as de Conicet se desempeñan en Universidades Nacionales. En la UBA estaban en marcha 2000 proyectos de investigación distribuidos en más de 74 institutos, en los que se forman más de 2500 becarios/as de doctorado, maestría y estímulo, así como también cientos de miles de estudiantes de grado. “Esta situación adversa está produciendo una emigración masiva de científicos/as”, concluye la resolución.
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