Poco después de entregar a River Plate una porción del predio que ocupa el Instituto Nacional del Agua (INA) en Ezeiza para su uso gratuito por cien años, el 30 de mayo pasado el subsecretario de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas, Bartolomé Heredia [nombrado el 12 de febrero de este año], desafectó 34 hectáreas de su terreno, y las traspasó a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) con la excusa de que son “innecesarias”, a pesar de que sucesivos informes técnicos confirmaron la presencia en ese espacio de laboratorios y talleres. La resolución se confirmó el 9 de este mes.
“El Subsecretario firmó la puesta en disponibilidad del espacio y dijo que la AABE se podía hacer cargo porque el INA no lo utiliza –cuenta el ingeniero Leandro Kazimierski, investigador del Programa Hidráulico Fluvial y delegado de ATE–. Sin embargo, en esa parte está la subestación que alimenta el radar, que hoy está caído porque no tenemos recursos ni para mantener la red eléctrica del Instituto, se quemaron tres fusibles y no podemos reponerlos. Se nos hace imposible trabajar. Y hay tres naves ocupadas. En una se hizo el modelo de [la represa de] Yacyretá y hoy se estaba utilizando mayormente como depósito, pero que también es necesario, porque guardamos vehículos, bombas que ya no se usan, etcétera. Después, hay otras dos que son importantes. En una está el modelo de la central hidroeléctrica de Portezuelo del Viento, que se había proyectado construir sobre el Río Grande, en Mendoza, y cuya licitación se cayó, pero que podría retomarse. Hacerlo vale entre 80.000 y 100.000 dólares. En la otra, había un modelo del canal de Panamá, y allí se pensaba construir un generador de olas en 3D para el que gracias al programa Equipar Ciencia ya teníamos la mitad de los fondos. Es un generador de olas tridimensionales con el que se pueden simular puertos, defensas costeras, amarres de barcos… Es un equipamiento muy requerido en el nivel internacional; los países hacen cola para usarlos en España y Holanda, por ejemplo. Nosotros teníamos la posibilidad de hacerlo acá con ingeniería propia”.
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Kazimierski no lo dice, pero miembros del INA que hablaron con pedido de confidencialidad especulan con que la avidez por estos terrenos deriva de su proximidad con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza: se puede ingresar desde atrás y tiene salida directa a la autopista, con lo que serían ideales para instalar un centro de logística para importaciones, actividad vinculada precisamente con el titular del ministerio. Lo cierto es que esta parte del predio se puso a disponibilidad en un lapso récord de tres meses.
El INA es uno de los tres institutos que están en riesgo de virtual disolución por el decreto 396/202 del Poder Ejecutivo (los otros dos son el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, Inpres, y el Servicio Geológico Minero Argentino, Segemar), que dispone su transformación de organismo descentralizado en unidad organizativa dentro de la estructura de la Secretaría de Obras públicas del Ministerio de Economía, y la fusión del Inpres, que era un organismo desconcentrado, con el Segemar.
Ayer, estaba incluido en el orden del día un proyecto de ley para su derogación promovido por el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Daniel Gollán, pero no pudo ser tratado porque justo antes se retiraron los bloques de la Coalición Cívica, Innovación Federal, el Radicalismo, el PRO y La Libertad Avanza, y cayó el quórum. Permanecieron en el recinto Nicolás Massot, de Encuentro Federal, Natalia De la Sota, de Córdoba Federal, Margarita Stolbizer, de GEN, Mónica Fein, del Partido Socialista, y Oscar Agost Carreño, del PRO. También se quedaron Diego Giuliano y Marcela Coli, de Democracia para Siempre, y Julio Cobos, del radicalismo. El Proyecto también pedía rechazar los decretos 447/2025, 458/2025 y 459/2025.
El primero de estos últimos modifica la composición del directorio de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dejándola en manos de un presidente nombrado por el ejecutivo y dos directores ad-honorem (en lugar de los 10 representantes que tenía en su estructura original).
El segundo dispuso la disolución del Instituto Nacional de Medicina Tropical, encargado de investigar y formar recursos humanos, ejecutar las políticas científicas, desarrollar y evaluar proyectos operativos de sanidad, y acciones de prevención de la morbimortalidad vinculadas con enfermedades tropicales y subtropicales. Sus bienes, especialmente un enorme edificio con laboratorios, también serán desmantelados para ingresar en las arcas de la AABE.
Por último, el Decreto 459/2025 dispone la disolución del Instituto Nacional De Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares (INEC) y la transformación del Instituto Nacional del Cáncer de organismo descentralizado en una unidad organizativa del Ministerio de Salud. También establece la fusión de los organismos descentralizados Hospital Nacional “Doctor Baldomero Sommer”, Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”, Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Doctor Juan Otimio Tesone” y Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”. En todos los casos, se les quitan facultades y autonomía.
Entre los proyectos sin tratar que también estaban incluidos en el orden del día está además el de “Declaración de Emergencia del Sistema de Ciencia y Tecnología”, promovido también por Gollán, que esencialmente le exige al Poder Ejecutivo que cumpla con la Ley 27.614, aprobada por amplísima mayoría en 2021. Es la que declara de interés nacional el desarrollo del sistema de ciencia, tecnología e innovación, establece el incremento progresivo y sostenido del presupuesto destinado a la función ciencia y técnica, y promueve su federalización.
La norma estipula índices de inversión creciente, año por año, hasta llegar al 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2032, y establece que la asignación de recursos nunca será inferior, en términos absolutos, a la del año previo. Si la aplicación del porcentual del PBI diera por resultado un monto menor o igual al del año anterior, se deberán efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para cumplir con sus objetivos. De acuerdo con esta legislación, en 2025, la inversión en ciencia y tecnología debería haber alcanzado el 0,45% del PBI, pero según el proyecto de Presupuesto 2026 se reduciría a su mínimo histórico: 0,149% del PBI. Para el año próximo, la ley de financiamiento de la ciencia estipulaba un financiamiento global del 0,52%.
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