La ciudad de Río Tercero se encuentra conmocionada luego de que se confirmara el fallecimiento de Elías Casu, quien se desempeñaba como jefe de recursos humanos de la Petroquímica Río Tercero (PR3). El hombre fue encontrado sin vida en su domicilio particular este martes, según informaron medios locales. El funcionario se desempeñaba como uno de los principales interlocutores de la empresa durante la crisis laboral.
La causa fue caratulada como muerte de etiología dudosa. La Fiscalía determinó el secreto de sumario, por lo que las autoridades fiscales aún no brindaron detalles oficiales sobre el hecho.
La empresa había designado a Casu como uno de los intermediarios con los trabajadores, en el marco del conflicto desatado tras los despidos masivos que afectan a la planta cordobesa. Su muerte se produce en un momento crítico para la compañía, que enfrenta una de las situaciones más severas de su historia.
La tragedia generó consternación entre los vecinos: miles de riotercerenses, que en los últimos meses salieron a las calles para protestar contra los despidos en la planta, se mostraron golpeados por este episodio. El intendente local, Marcos Ferrer, expresó su solidaridad con los trabajadores afectados y advirtió sobre las consecuencias sociales de la crisis desatada por el gobierno de Javier Milei, mientras el gremio químico llamó a la unidad de los sectores obreros para defender los puestos de trabajo.
Se profundiza el conflicto en Petroquímica Río Tercero: trabajadores denuncian sueldos impagos y declaran estado de alerta
Hace apenas diez meses, Petroquímica Río Tercero anunció el cierre de su planta de TDI (diisocianato de tolueno), un insumo esencial para la industria de colchones y otros sectores, que representaba cerca del 80% de su facturación. Esta decisión derivó en la desvinculación de 125 trabajadores, un tercio de su plantilla, lo que desató protestas masivas en la ciudad.
El conflicto escaló en julio de este año, cuando las autoridades empresariales despidieron a otros 124 empleados, parte de ellos del complejo industrial de Río Tercero, Córdoba, y parte de las oficinas en Buenos Aires, y dispensó al resto del personal. La empresa justificó estas medidas señalando que "el contexto obliga a una racionalización de la dotación". Mediante un comunicado oficial, los empresarios justificaron la decisión debido a la "situación económico financiera de la compañía", y argumentó que debe encarar “una profunda transformación” para garantizar su continuidad.
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Frente a esto, el secretario gremial del Sindicato de Personal Químico y Petroquímico de Río Tercero (SPIQYP), Lucas Felici, calificó de "masacre laboral y económica que afecta directamente la economía de la zona". En diálogo con El Destape, el representante gremial dijo que las crueles determinaciones que vienen realizando los empresarios se pueden enmarcar en una posible "venta detrás" o "alguna situación empresarial". Además, afirmó que la compañía "había incumplido" con lo prometido y que el sindicato ya había denunciado un lockout patronal hace menos de un mes por el vaciamiento de tanques y la paralización de la producción.
En ese contexto, el personal de la planta se declaró en estado de Asamblea Permanente Informativa, tras denunciar que la empresa no efectuó la totalidad del pago del sueldo del mes de julio y pidiera el concurso preventivo de crisis. El proceso de apertura de importaciones, impulsado por el presidente Milei, es una de las estrategias clave de la administración libertaria para avanzar contra una industria nacional que se encuentra cada vez más golpeada.
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