El 17 de noviembre de 2021 la vida de la familia de Lucas González cambió para siempre. El pibe de las inferiores de Barracas Central volvía a su casa después de entrenar y cuando un grupo de efectivos de la policía de la Ciudad disparó contra el auto en el que circulaba. La masacre que se suscitó ese día trajo aparejada más tragedia, más dolor y la búsqueda desesperada de una familia que reclamaba Justicia que, más allá de la noticia final de la ratificación de las penas, tuvo un camino largo y tortuoso que dejó secuelas.
"Mi hijo por fin va a poder descansar en paz", suspira Héctor, el papá de Lucas. No solo fue un acto de violencia policial. Fue un crimen de "odio racial". Eso fue lo que ratificó la Justicia por el homicidio quíntuplemente agravado y, de esta forma, la Cámara de Casación confirmó la condena contra el inspector Gabriel Alejandro Issasi , el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva (37). Los efectivos circulaban en un auto Nissan Tiida sin identificación policial, ni patente. Se cruzaron a los chicos que salían de entrenar y allí apuntaron contra Lucas y sus amigos. Los chicos, asustados, huyeron porque creían que era un robo. Se fueron por temor, pero los efectivos sin identificación abrieron fuego y mataron a Lucas. Después inventaron un relato falso, buscaron garantizar la impunidad, sumaron más agentes para encubrir, lanzaron versiones falsas, plantaron un arma y hasta le dijeron cosas horribles a los amigos del futbolista. Todo eso fue juzgado, confirmado y condenado.
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La pena llega después de un camino tortuoso, largo y pesado que dejó consecuencias. La familia de Lucas González no solo sufrió la pérdida irreparable, sino también por lo que dejó ese vacío. Cintia, su mamá, tuvo dificultades para atravesar el arrebatamiento de su hijo. El dolor la llevó a poner en riesgo su propia vida en varias oportunidades y, por eso, fue internada en un psiquiátrico. Llegó a tomar, según contó, hasta nueve fármacos por día. Su esposo y papá del crack de Barracas Central, Héctor, se hace fuerte pero sabe lo que pasó: "Tuve que dejar el trabajo y hacerme cargo de mi familia. Tuve que abandonar también para cuidar a mis hijos, a mi esposa que en ese momento tuvo que ir a un psiquiátrico. Yo tenía que ocuparme de los chicos". Los hermanos, en el momento del homicidio, tenían 14 y 9 años.
Con apoyo moral y con la presencia de Gregorio Dalbon a cargo de la querella, el costado judicial estaba resuelto. Sin embargo, el camino es más largo y protundo. Hubo que hacerse cargo de la familia. La decisión de dejar el trabajo de veinte años para tratar de apuntalar la familia tuvo, por otro lado, aparejado una noticia que se enmarca en la crisis social actual: la falta de trabajo y oportunidades. "Cintia no puede tomar la medicación, la toma a veces, cuando puede porque ya no tengo la obra social. Eso me cubría a mi y mi señora, pero todo se ha cortado. No tenemos apoyo, ahora y esos medicamentos son caros", dice a El Destape Héctor, el papá.
"Hoy por hoy está difícil la mano. No tuve la oportunidad, fui al sindicato, pero no tengo respuestas para volver al rubro. Ya hace un tiempo se me cortó la medicación. Hoy nos sentimos desamparados por muchos y solos. En el proceso, hemos tenido mucha gente alrededor y pero hoy no están. Y eso es triste", rememora. Desde hace un tiempo a esta parte, el "Peka", como le dicen, hace todo lo posible para llevarse el mango a la casa. Sale a trabajar, hace de remis, changas y se mueve. En el medio, con su esposa, mantiene el deseo de hacer una Fundación que ayude a los chicos que sufren violencia institucional: "Queremos hacer la Fundación Lucas González, para luchar por esto. Estamos esperando que nos salga la personería jurídica. Queremos sacar a los chicos de la calle y que puedan practicar un deporte, para todos aquellos que les falta un plato de comida".
Uno de los deseos pasa por el involucramiento de instituciones ligadas al sueño de Lucas González: ser futbolistas. Lucas González era hincha de Defensa y Justicia, jugador de Barracas Central y fue un símbolo de la violencia institucional en 2021. En aquel entonces, la Asociación del Fútbol Argentino suspendió toda la tira de partidos en categorías de divisiones inferiores y juveniles. También, en cada cancha, se sacó un cartel en apoyo a la familia y con los pedidos de Justicia. Un tiempo después, ahora, la situación está determinada para dar otro paso, la lucha alcanzó sus fines: la condena. El deber, ahora, es que la memoria se mantenga viva.
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