Los trabajadores de una importante fábrica de porcellanato viven un momento muy duro, ya que la empresa cerró la planta y despidió a los 300 empleados. La crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei volvió moneda corriente estas situaciones.
Los ex empleados de ILVA llevan desde fines de agosto diversos reclamos para cobrar las indemnizaciones por los años de trabajo mientras hay riesgo de que la Justicia declare la quiebra.
La empresa se presentó a la justicia para solicitar que se declare un concurso de acreedores a fin de hacer frente a sus deudas, y en caso de que no se llegue a un acuerdo, puede ser declarada en quiebra y sus bienes podrían ser liquidados.
El jueves 16 de octubre, los abogados de ILVA iniciaron la demanda para solicitar el concurso preventivo ante el Juzgado Comercial N.º 12, reveló el medio local El Diario de Pilar.
Hay que señalar que si la Justicia convalida el pedido, los dueños ganarán tiempo frente a los reclamos de los acreedores, que en su mayoría se debe a las indemnizaciones de los 300 despedidos.
Otro punto importante en esta situación es que si se aprueba, la administración de la empresa queda bajo la supervisión de un síndico, quien fiscaliza las operaciones para garantizar el cumplimiento del proceso. La empresa puede seguir operando mientras se negocia con los acreedores.
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"Por falta de materia prima, los portones se cierran y no se abren más”, afirmaron los empleados a finales de agosto, señalando que ya venían con varios problemas con la empresa, que había llevado adelante varios despidos y habían sufrido pagos de aguinaldo en cuotas y suspensiones rotativas. Días después comenzaron a llegar los telegramas de despidos.
El reclamo y la denuncia de los trabajadores
Desde el lado de los trabajadores realizaron distintas medidas de fuerza cómo quema de neumáticos en la puerta de la planta y hasta un encadenamiento en la vía pública para visibilizar la situación.
Además, señalaron que la empresa aprovecha la crisis económica que vive el sector y el país para llevar adelante una precarización laboral, ya que pese a que las ventas cayeron, la firma presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que fue rechazado.
También pusieron el foco en que la empresa busca modificar las condiciones laborales, pues pese a los despidos y las declaraciones de mal momento económico, lanzaron una búsqueda para reemplazar al personal despedido.
Desde el gremio aseguran que la firma cambiar el régimen “4x4” (cuatro días de 12 horas y cuatro de descanso) a un “6x1”. Esto implicaría menos horas por jornada y una reducción del 30 por ciento en los salarios. Sostienen que también desaparecerían el servicio de comedor, el transporte y la cobertura de medicina prepaga.
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