Este martes, en la Universidad del Salvador (USAL) de Pilar, se vivió un momento tenso cuando la hija de un trabajador despedido de la Cerámica ILVA interpeló directamente a Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, durante una conferencia. Los operarios fueron víctimas de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.
La empresa atraviesa una situación crítica, con despidos que ya llevan 27 días y que afectan a numerosos trabajadores y sus familias. La presencia de Villarruel en la USAL no pasó desapercibida para quienes reclaman por sus puestos de trabajo.
Ante la consulta directa, Villarruel se mostró evasiva y señaló: “Eso es un tema del Poder Ejecutivo”. Además, explicó que su función es legislativa y que no puede tomar decisiones sobre los despidos, ya que “las explicaciones sobre eso te las tiene que dar el Poder Ejecutivo, que toma las decisiones, yo interferiría en algo de lo cual no tengo la información suficiente”.
Esta respuesta generó malestar en los trabajadores y sus allegados, quienes esperaban un compromiso más claro por parte de la vicepresidenta. La situación refleja la complejidad de la crisis laboral en la cerámica ILVA y la falta de respuestas concretas desde el gobierno.
ILVA cerró su planta en medio de la crisis de Milei
En medio de este conflicto, la lucha sigue firme. Los trabajadores y sus familias llevan casi un mes reclamando por sus empleos. La firma impidió la entrada a los trabajadores en la planta del Parque Industrial Pilar. Tras esto comenzaron a llegar telegramas de despido a muchos de los operarios.
"Por falta de materia prima, los portones se cierran y no se abren más”, afirmaron los empleados a El Diario de Pilar. Además, explicaron que el conflicto no es nuevo, ya que en los últimos meses hubo varios despidos, pagos de aguinaldo en cuotas y suspensiones rotativas.
La firma presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo, pero fue rechazado y los trabajadores sostuvieron que pese a esto se adquirieron nuevas maquinarias.
Otro punto que remarcan desde el gremio es que la empresa busca modificar las condiciones laborales y cambiar el régimen “4x4” (cuatro días de 12 horas y cuatro de descanso) a un “6x1”. Esto implicaría menos horas por jornada y una reducción del 30 por ciento en los salarios. Aseguran que también desaparecerían el servicio de comedor, el transporte y la cobertura de medicina prepaga.
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