Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), con el asesoramiento de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, denunciaron la existencia de una práctica generalizada de negar la matrícula a niñas, niños y adolescentes debido a su discapacidad en escuelas privadas, y que el gobierno porteño omite controlarlas y sancionarlas.
En septiembre del año pasado, ya se había presentado una demanda colectiva solicitando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que adopte las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en escuelas comunes de gestión privada. En dicha oportunidad se denunció que, al igual que en otras provincias del país, se da regularmente esta situación.
Esto, por supuesto, trae como consecuencia que las y los estudiantes con discapacidad y sus familias recorran decenas de escuelas para conseguir una vacante en una escuela regular, sin que el Ministerio de Educación de la Ciudad actúe para garantizar su derecho a la educación. En su momento, se solicitó como medida cautelar que se ordene al gobierno porteño la difusión del derecho a la educación inclusiva a los efectos de su conocimiento, así como la implementación de un canal de denuncias eficaz para tramitar los reclamos que ellas presenten ante las negativas de matriculación.
Ahora, el 16 de septiembre del 2020, el Juzgado Nro. 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, en una resolución que en sus inicios destaca la importancia de no dejar a nadie atrás, le ordenó al Gobierno de la Ciudad la implementación de un canal de denuncias accesible, transparente y efectivo que contemple expresamente las barreras económicas, educativas y tecnológicas a las que se enfrentan las personas.
Además, dispuso la adopción de una serie de medidas para la difusión del derecho a la educación inclusiva en los sitios web y las carteleras del Ministerio de Educación, de la Dirección General de Educación de Gestión Privada y de las escuelas privadas de CABA. La Jueza hizo hincapié en el derecho de todas las personas a una experiencia de aprendizaje inclusiva, equitativa, participativa y de calidad.
La Justicia sostuvo que las autoridades públicas deben “asumir un rol activo y proactivo en la implementación de medidas para contrarrestar actos de discriminación vinculados con arraigados prejuicios de toda índole”, con el objetivo de “derribar los muros que construyen la estructura de una desigualdad” en pos de construir sociedades más vivibles, libres, justas e inclusivas, a través del pleno conocimiento de los derechos y la garantía de una educación que abra sus puertas a todas las personas. Tanto la ACIJ como la CDH celebraron el valor de la resolución.
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