Lesiones en el útero, fracturas a su bebé y desgarro: la CEDAW falló contra el Estado argentino por la violencia obstétrica contra una mujer, pero no se hace cargo

El 21 de febrero del 2018 fue un día muy esperado por Carolina Sigal Flogiani, quien entonces tenía 36 años. Ese día quedó marcado profundamente no sólo porque nació su primer hijo, sino también por haber sufrido un grave episodio de violencia obstétrica: fue sometida a una cesárea sin su consentimiento en una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires, ejercida mediante agresiones verbales, un trato denigrante y procedimientos médicos que rozaron la 'tortura', según relató Carolina a El Destape.

La violencia fue tal que, siete años después, en marzo de este año, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), generó un fallo histórico donde declara la responsabilidad internacional del Estado argentino por no haber investigado adecuadamente su denuncia ni brindado una respuesta judicial efectiva.

En palabras de Carolina, lo que sucedió aquel día: “Fui al baño y la partera entró al baño sin golpear la puerta, y me dice que me tenía que hacer tacto para ver cómo iba con la dilatación. Y me muestra un palito blanco con unos dientes y me dice que con eso iba a tener que romper la bolsa, que de esa forma iba a ser todo más rápido”. Este procedimiento se llama “amniorexis” y está desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Más tarde, contó, la partera se subió sobre su panza para ejercer fuerza con sus antebrazos en dirección a sus piernas. “Me hacía mal, me quitaba el aire. Me pedía que pujara pero con ella encima haciendo esto era imposible. Yo le pedía a gritos que saliera de encima mío, pero ella continuaba. Le pido a los gritos a mi pareja que me la saque de encima. Ella lo mira y le dice que 'me tenía que ayudar porque yo estaba haciendo mal la fuerza'. Ella le hablaba a él, a mí ya no me registraba”. Esta acción se llama “maniobra de Kristeller”, que implica apretar la panza de la embarazada enérgicamente con manos, puños o antebrazos, y también está fuertemente contraindicada por la OMS debido a los riesgos que implica tanto para la persona gestante como para el bebé: desde traumatismos, hemorragias, rotura uterina hasta lesiones neonatales. Y eso fue, justamente, lo que ocurrió: “Me dejaron una fractura de pelvis que me dejó dolores crónicos y aún hoy sigue complicándome la vida, y mi hijo sufrió una fractura de clavícula”.

Ante la situación que Carolina vivía en la sala de parto, su pareja no podía reaccionar. El cuerpo médico explicaba que “el parto es así” y que la forma más eficiente de que Carolina dejara de sentir dolor era “ayudándola” a parir. Fue recién cuando la médica entró en la habitación que la partera salió de encima de Carolina, a su pedido. “A partir de ese momento, tomó su celular y empezó a sacarnos fotos sin nuestro consentimiento. La médica le pidió a mi pareja que me ayudara a sentarme, y ahí pude pujar creo que dos veces y recibir con mis manos a nuestro hijo”. Todo el tiempo, Carolina recibió comentarios como “flojita para el dolor” o “maricona” por parte del cuerpo médico.

En el año 2020, ante los obstáculos para el acceso a la justicia nacional, Carolina presentó su denuncia ante el Comité de la CEDAW, que dictaminó que “el cúmulo de hechos del presente caso, incluida la alegada fractura en la clavícula de su hijo, la pérdida de dignidad, el abuso y el maltrato físico y verbal sufrido por la autora, y la aplicación de prácticas desaconsejadas por la OMS, como la amniorrexis y la maniobra de Kristeller sin su consentimiento informado y/o sin haber justificado la necesidad de dichas intervenciones, y las dificultades que tuvo la autora para llevar a cabo el cuidado de su hijo -todo lo cual dejó secuelas físicas y psicológicas tanto en la autora como en su hijo recién nacido--, constituyen violencia obstétrica”.

Carolina remarcó que este fallo sólo busca justicia para cada persona gestante: “El fallo es colectivo. Esta denuncia ante Naciones Unidas es también para generar un registro de que esta violencia es sistemática. Es horrible decirlo, pero tuve suerte. Tengo compañeras que perdieron a sus hijos o nietos”.

Misión imposible: justicia

El camino hacia la justicia para Carolina —y tantas otras personas— está lleno de obstáculos. Así lo expuso a este medio Agustina Petrella, referente en derechos vinculados al parto y al nacimiento, quien denunció haber sufrido violencia obstétrica en 2015.

Un año después, presentó una demanda civil por violencia obstétrica contra la neonatóloga, el obstetra, la obra social y la clínica involucrados. El caso se convirtió en un hito en la lucha por los derechos reproductivos. Sin embargo, Petrella explicó a este medio que su juicio “acaba de empezar”. “Llevo ocho años y todavía no tengo sentencia. No tengo ni siquiera la sentencia de primera instancia. Además, hay que sumar el periodo de prueba, que es la peor instancia, que por suerte ya pasó”.

Agustina fue contundente al explicar que “en Argentina, las herramientas jurídicas para que una mujer gane un juicio de violencia obstétrica no son suficientes”. Cuanto menos, puede hacerse un reclamo por daños y perjuicios, aunque para ella es un círculo sin salida: “Cuando hacés un reclamo dentro del campo de la medicina, el juez va a llamar a peritos médicos para que te revisen. Pero los peritos pertenecen a la misma corporación médica que estás demandando. No son independientes, y si hacen informes contra algunos médicos o instituciones, después no laburan más”.

Algunos casos de violencia obstétrica se han ganado como demandas civiles, y sólo unos pocos penalmente, donde la violencia fue mayormente penada por “mala praxis”.

“El fallo de la CEDAW, considero, nos ayuda a llevar este tema a agenda y que se den cuenta que nos están matando”, señaló Carolina, quien se mostró desesperanzada con la concientización y reacción del Estado argentino. “A los pocos días de que recibimos este fallo, sacaron la ley de parto respetado del examen de residencia. El Estado tiene una clara postura con respecto a estos temas”, opinó.

El Estado y, especialmente, la Justicia resultan revictimizantes para las víctimas y denunciantes que, en suma a la vulnerabilidad que deja la vivencia de violencia en el parto, deben enfrentarse a un engranaje que las cuestiona e infantiliza.

“Para mí, denunciar fue una segunda maniobra de Kristeller. Me trataban mal, el proceso era engorroso y la Justicia llegó a preguntarme: ¿Estás segura de que a vos no se te cayó el bebé, que vos no te caíste?”.

“Con mi pareja nos separamos al año del nacimiento del bebé. Yo tenía dolores insoportables y mi vida se venía a pique, porque el diagnóstico de la fractura a mí me la hicieron a los 15 meses. Yo seguía yendo al lugar donde parí y me decían que era normal, que yo era exagerada, que se me iba a pasar. Me dijeron incluso: "Lo que pasa es que como te separaste, necesitás poner la energía en otro lado". Todo esto quedó en la historia clínica que después ni la Justicia ni el Estado le dio pelota, pero la CEDAW por suerte sí”, relató Carolina.

En primera persona

Paula (39) fue madre de mellizas a los 36 años, con información y conciencia de lo que es un parto respetado. Sin embargo, el posparto la sorprendió con “muchos dolores y mucha presión emocional por parte de los profesionales”. Relató que, mientras su cuerpo todavía se recuperaba de la cesárea, dolorida y revolucionada por el sentimiento de dar a luz a sus hijas, las puericultoras no respetaban ni sus tiempos ni sus emociones. Según Paula, el personal médico “te lo dice sin amor” cuando insisten en la lactancia y “te hacen sentir un pedazo de carne”: “Me obligaban a amamantar de un solo pecho a dos criaturas, ¡sin ni siquiera preguntarme si yo estaba en condiciones!”. “Mi experiencia fue muy cruel; si no fuese por mi familia, habría sido insoportable”, concluyó Paula.

Lala Sosa (44) fue madre en 1998, a sus 17 años, en el entonces llamado Sanatorio Antártida. Todo fue muy rápido en el parto de Lala: a las 2 de la madrugada rompió bolsa y su hijo nació a las 6.20. Una hora antes del parto, llegaron los fuertes dolores y el miedo. “Cada vez que tenía una contracción y me pedían que pujara yo sentía que si pujaba me iba a doler más, entonces no quería hacerlo. Yo estaba en una suerte de ataque de pánico y me gritaban un montón. El médico me terminó pegando un cachetazo para calmarme y viví todo el parto de mi hijo de esa forma”, contó.

Lala no denunció, “era impensado en esa época”. “Nadie me dijo que eso era violencia. De hecho, fue súper natural para las enfermeras y el resto de la gente que estaba ahí”.

Flavia (49) fue madre a sus 18 años, en 1994 en La Maternidad de Santa Rosa Florida. El 27 de octubre de ese año, a las 23 hs. comenzó el trabajo de parto con el impedimento de estar acompañada por su madre o pareja. “Eso me llenó de pánico porque me quedé sola, ante algo inesperado y no tenía ni idea del procedimiento real”, comenzó a relatar.

Las enfermeras le decían que no podía estar levantada y Flavia hizo caso. Pero cuando las contracciones comenzaron, un dolor que “nunca había sentido”, comenzó a desesperarse y pedir ayuda, pero nadie le contestaba. “Entré en pánico”, contó.

Un médico ingresó al cuarto y comenzó a maltratarla: le hacían tacto sin preguntarle ni contarle nada, eso le causaba mucho más dolor y sólo le decían: “Shhh”, “¡Dejá de gritar!”, “Te hubieses acordado antes y no estarías acá”, “Asustás a todas las demás, controlate”. 

“Juro por mi hija, que pensé que me moría. Nunca sentí tanto terror en mi vida. El médico discutía con otra médica si yo iba a parto normal o cesárea, con terminología médica que yo no entendía y eso me generó aún más miedo. La discusión terminó con la médica yéndose rezongando y diciéndole a su colega: ‘Bueno, vos te hacés cargo’”.

A las 6 de la mañana, la llevaron a la camilla de parto y le ataron las piernas. La medicaron sin explicaciones. A los gritos, le indicaron cómo y cuándo pujar. Sin avisarle, le realizaron una episiotomía (breve corte quirúrgico en el periné para facilitar el parto vaginal) y así, finalmente, nació su hija. “Apenas pude ver su cuerpito mientras me cocían y la enfermera me decía: ‘Aguantá un poco más, te está quedando como a una de 15’”, recordó Flavia.

“Yo no entendía nada, pero me tomaron mis huellas digitales y las de la patita de mi hija. Me vinieron a hacer preguntas: sobre mí, el nombre de mi hija...y yo solo escuchaba ecos. Luego me subieron a una silla de ruedas, me trajeron a mi bebé y me llevaron a una sala donde habría como 30 mujeres. Parecía un campo de concentración. Todas lloraban, todas sangraban, algunas dormían”.

Los tratos denigrantes continuaron en sus días posparto, y salió de allí sin “aprender” a darle el pecho a su hija. “Nunca pude darle el pecho con satisfacción. Me dolía, me lastimaba y no sabía cómo hacerlo. Todo lo que siguió fue: falta de apego a mi bebé, una depresión tremenda que nunca traté por ser humilde y no entender lo que me pasaba. Eso afectó mi relación madre e hija. Me quedé criando sin pareja, solo con la ayuda de mi familia”, compartió Flavia.

Respuesta del Estado argentino

Ante la denuncia efectuada, la CEDAW habilitó al Estado argentino a responder. Este medio tuvo acceso a dicha sentencia y las respuestas del país: “El Estado parte sostiene que diversas pericias revelaron discrepancias sobre la existencia de las maniobras alegadas, su adecuación a los estándares médicos y su relación causal con las lesiones denunciadas. Un informe médico concluyó que el desgarro perineal era una consecuencia previsible del parto, las lesiones de cadera tenían indicios de ser previas (..). Además, no se habrían encontrado registros de la fractura del hijo de la autora en la documentación médica”.

Aún más, la Dirección de Medicina Forense estableció que “los desgarros vaginales son lesiones comunes en partos espontáneos y que la maniobra de Kristeller, aunque generalmente no recomendada, no pudo ser acreditada como utilizada en este caso”.

“A mí me parece impactante cómo el Estado argentino se lava las manos y cómo argumenta que Carolina estaba en perfectas condiciones de haber hecho una demanda y de haber apelado a la Justicia, indicando que en Argentina tenemos todos los medios jurídicos para que pudiera hacer un reclamo”, analizó Agustina Petrella, también coordinadora del espacio Parimos Conciencia.

Pero esto no es así, según la misma CEDAW:  “El Comité también observa la afirmación de la autora según la cual no existe un recurso efectivo que le permita acceder a una reparación integral adecuada para ella y para su hijo y que en el Estado parte no se tomaron medidas efectivas para asegurar dicha reparación, perpetuando la discriminación estructural en contra de las mujeres en el ámbito de la salud reproductiva”.

El fallo de la Cedaw no tiene un poder sancionatorio, y Petrella advirtió que “Argentina incumple sistemáticamente todas las directivas de la CEDAW, de la misma manera que incumple las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”. “El Estado tiene una clara decisión de defender a la corporación médica, que siempre en estos casos se blinda, se protege y niega todo. Incluso en este caso, donde hay sobradas pruebas”, señaló.

“El Estado parte argumenta que cuenta con mecanismos específicos para hacer efectivos los derechos de la autora”, aseguró el Estado argentino en dicho documento, invocando la ley de Parto Respetado, la N.º 26.485 de protección integral contra la violencia de género e incluso la Ley N.º 25.929, junto con la Ley "Mil Días", que busca reforzar una mirada integral hacia los derechos en la gestación y crianza como una política de Estado.

Por el contrario, Petrella señaló que “lo único que puede justificar la cantidad de cesárea, la cantidad de morbilidad perinatal, depresiones con partos, violencia obstétrica, es la falta en la calidad de atención, la falta de capacitación del sistema de salud y, sobre todo, la negativa de los obstetras a cumplir con lo que manda la ley y hacerle caso a la mujer”. Es que, “apelando a la historia, siempre el poder en el parto institucionalizado lo tuvo el varón”.

Qué hacer

Un punto trae alivio a las historias de estas mujeres: el acompañamiento. Agustina Petrella diseñó Parimos Conciencia (@parimosconciencia) para generar una red de mujeres que se acompañan a denunciar, o que simplemente escuchan a otras sin juzgar. Sus historias las une, y ese es precisamente el consejo de Petrella: “Hagan lo que hagan, denuncies o no denuncies, nunca te quedes sola. Buscá rodearte de otras mujeres que estén alineadas con lo que vos querés. Sea para ir a parir, sea para ir a denunciar”.

En tanto, Carolina coincidió con este punto: “Me ayudaron muchísimo mis compañeras de un grupo de mujeres denunciantes que se llama Gestar Justicia y Parir Derechos (@gestarjusticia_parirderechos).

“Yo les aseguro que incluso en las vías de denuncias administrativas en los organismos gubernamentales, cuando una mujer avanza en grupo es muy distinto lo que va a recibir y lo que va a lograr”, alentó.