Petroquímica Río Tercero: el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para impedir 124 despidos

La cartera provincial intervino en el conflicto laboral y suspendió la decisión que dejaba en vilo a cientos de familias. Según denunciaron desde el gremio del sector, la empresa "busca romper el convenio colectivo de trabajo, flexibilizar condiciones y aprovecharse del clima político actual”. Este miércoles, habrá una audiencia clave entre las partes. 

15 de julio, 2025 | 18.51

La apertura de importaciones que impulsa el presidente Javier Milei es uno de los procesos centrales establecidos para avanzar con el vaciamiento del Estado. En ese panorama desolador, el Ministerio de Trabajo de Córdoba intervino en el conflicto y dictó conciliación obligatoria en la Petroquímica Río Tercero, luego que la empresa anunciara el despido de 124 empleados y se desatara el conflicto laboral que incluyó paro total, huelga y bloqueo del polo químico por parte de los trabajadores.

El conflicto se profundizó en la madrugada de este lunes, luego que la empresa notificara vía correo electrónico a los trabajadores, que incluía operarios de diversos sectores y personal jerárquico, que quedaban cesantes. Mediante un comunicado oficial, las autoridades empresariales habían justificado la decisión debido a la "situación económico financiera de la compañía", y argumentaron que se debe encarar “una profunda transformación” para garantizar su continuidad. 

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Sin embargo, la intervención del Gobierno provincial implica que las partes no pueden realizar ninguna actividad que afecte el funcionamiento de la fábrica durante 15 días y se abre una mesa de diálogo. La intervención de la cartera de Trabajo era reclamada por el Sindicato de Personal Químico y Petroquímico (SPIQYP).

En los últimos días, la empresa ordenó detener sus plantas y retirar la producción en stock, decisión que fue denunciada como un lockout patronal por la entidad gremial. Antes de los nuevos despidos, la compañía había señalado complicaciones para pagar el sueldo de junio y el aguinaldo. En diálogo con El Destape, el secretario gremial del SPIQYP,  Lucas Felici, contó que hubo una "militarización de la fábrica" desde las 4 de la mañana del lunes, con presencia de Infantería dentro de los portones y Policía provincial. Tras la conciliación establecida, los trabajadores despedidos y suspendidos ingresaron a la fábrica, mientras que aquellos que quedaron dentro se retiraron, y se realizaron "los cambios de turno de manera normal".

El delegado gremial dijo que las crueles determinaciones que vienen realizando los empresarios se pueden enmarcar en una posible "venta detrás o alguna situación empresarial". Además, afirmó que la compañía "había incumplido" con lo prometido y que el sindicato ya había denunciado un lockout patronal la semana pasada por el vaciamiento de tanques y la paralización de la producción. 

Estos despidos se suman a otros 140 ceses ocurridos en octubre del año pasado, cuando la planta ya había reducido su personal. Según denunció Felici, “la empresa busca romper el convenio colectivo de trabajo, flexibilizar condiciones y aprovecharse del clima político actual”. Además, señaló que el accionar de las autoridades responde a la posibilidad que tienen los empresarios de "comprar e importar el producto" a un menor costo, en lugar de producirlo localmente. Esta "liberación de las importaciones de manera indiscriminada" les permite a las compañías alcanzar sus objetivos económicos, lo que a su vez impacta en la producción nacional y deja en vilo a muchas familias que sufren las consecuencias de la crisis. 

La medida que informó esta tarde la cartera a cargo de Omar Sereno pone paños fríos para comenzar una mesa de diálogo entre las partes. Este miércoles, habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo a las 10 horas. En ese marco, Felici aseguró que no sabe "con qué posición va a ir la empresa". En declaraciones para este medio, remarcó: "En el caso que vaya con una posición de querer cambiar la carátula de la conciliación obligatoria, nosotros no lo vamos a aceptar. Queremos básicamente que la fábrica siga siendo ocupada por los trabajadores y que nos den tareas"

Petroquímica Río Tercero: más de 200 despidos exponen la réplica del modelo de los 90

A comienzos de 2024, la empresa tenía 375 trabajadores directos y aproximadamente 80 indirectos, es decir, empleados de empresas contratistas. El 9 de octubre pasado, las autoridades anunciaron el cierre de una línea de producción por las "complicaciones" que tuvo para hacerle frente a la competencia de elaboración de TDI (diisocianato de tolueno). De esta manera, sostuvieron que se dio comienzo a un proceso de "reconversión" que buscaba "asegurar la continuidad en el resto de sus operaciones, y mejorar la competitividad de sus clientes en el mercado local y regional de TDI".

Después 90 días de acampe, de huelgas y de una lucha importante que hizo el conjunto de trabajadores, lograron restablecer el ingreso de una parte del personal. Pero la decisión fue un golpe rotundo: 250 trabajadores directos y 15 trabajadores contratistas quedaran a la deriva. El impacto económico y social es de carácter nacional, no solo por los despidos, sino también por el desabastecimiento de insumos clave para la industria argentina. El TDI se usa en la fabricación de espumas de poliuretano, elastómeros y revestimientos: el cierre de la planta cordobesa obliga a importar este producto desde Asia, encareciendo los costos y afectando considerablemente a las pymes que dependen de él

Mientras el gobierno de Milei sigue dando pasos en la reglamentación de la reforma laboral para habilitar al despido de los empleados públicos de planta permanente, los trabajadores privados también sufren el modelo de ajuste. Felici aseguró que el Presidente "viene a destruir todo", ya que plantea "una política de desguace" y la "entrega de la soberanía o lo que nos quedaba de ella". Sobre la reforma, señaló que "todo lo escrito en ella va en desmedro de los intereses de la clase trabajadora"

En reiteradas ocasiones, el libertario tildó al ex mandatario Carlos Saúl Menem como "el mejor presidente de la historia" y, luego de llegar al sillón de Rivadavia, se embarcó en su objetivo de replicar el modelo que estableció la administración menemista durante la década de los 90. De esta manera, impulsa una drástica reducción del Estado, la desregulación de la economía, la eliminación de derechos laborales y la facilitación de amplios beneficios para los inversores. En aquellos años, las condiciones mejoraron para los sectores de mayor poder adquisitivo y produjeron una de las peores situaciones socio económicas de la historia, que finalizó con la debacle del 2001.