Luego de una nueva multitudinaria marcha universitaria que tuvo réplicas en todo el país, la Asociación de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) resolvió profundizar las medidas de fuerza en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) con la suspensión de las mesas de exámenes previstas para julio y agosto, así como el no inicio de clases del segundo cuatrimestre.
La motosierra libertaria provocó un desguace en el sistema educativo: las universidades cerraron el 2024 con un recorte del presupuesto del 30% y los salarios reales de los docentes con una caída del 23% respecto a diciembre de 2023. Los datos fueron publicados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Esta situación se agravó luego de la decisión del Gobierno nacional de prorrogar el presupuesto del 2023. La desidia se profundizó luego de que el jefe de Estado vetara la Ley de Financiamiento Universitaria, tras la aprobación en el Congreso en septiembre pasado. Ahora, un nuevo proyecto plantea el "incremento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI para 2031" fue presentado por miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a la Comisión de Educación del Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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En ese marco, la decisión de la ADIUC responde a un reclamo unificado de recomposición salarial y aumento presupuestario para la educación superior y la ciencia. El 99,2% de los docentes votaron a favor de continuar y profundizar el plan de acción en defensa de la universidad pública. Además, el 90% manifestó que sus condiciones de vida se ven “muy afectadas” por las políticas de ajuste vigentes.
El Plenario de la Junta Ejecutiva y Cuerpo de Delegados/as anunció que, además de la suspensión de exámenes, se implementarán paros progresivos y rotativos según el cronograma de cada dependencia universitaria. Esta estrategia se propone también a las federaciones y sindicatos universitarios nacionales, en camino hacia una nueva marcha federal para visibilizar la demanda.
El conflicto se mantiene abierto en un contexto de tensión creciente en el sector educativo, donde miles de estudiantes y docentes de la UNC enfrentan la incertidumbre sobre la continuidad del calendario académico. Desde ADIUC sostienen que las medidas se mantendrán hasta lograr respuestas satisfactorias y que “la universidad pública se defiende”.
Proyecto de Ley Financiamiento Universitario: cuáles son los principales puntos de la iniciativa
Entre los principales reclamos, ADIUC exige al Congreso Nacional el urgente tratamiento y aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario. La Cámara de Diputados convocó a sesión para este miércoles por iniciativa de la oposición, que quiere fijar la discusión de los proyectos para el financiamiento universitario, además de un proyecto para proteger al Hospital Garrahan del ajuste y eliminar las retenciones y tratar la modificación de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
La iniciativa busca recomponer los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales, garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la posible ley.
A su vez, propone aumentar la inversión en la educación universitaria pública, sin afectar las cuentas del Estado. "Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente", indica el texto de la iniciativa.
En tanto, plantea la creación de un fondo actualizable anualmente de diez mil millones de pesos dirigidos a promover carreras con vacancia esenciales para el desarrollo del país, como así también para áreas de conocimiento relacionadas a la Inteligencia Artificial (IA). Con el foco puesto en el sostenimiento del financiamiento, también plantea el incremento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI para 2031.
Respecto de las becas a estudiantes, establece una ampliación anual y progresiva del monto destinado al financiamiento de becas universitarias. En tanto, el proyecto busca garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas correspondientes a las actividades presupuestarias: “Asistencia financiera para el funcionamiento universitario”, "Asistencia financiera a hospitales universitarios”, “Fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades” y "Fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria”, entre otros.